Intervención federal

La intervención federal es una instancia que prevé en su artículo 6º la Constitución Argentina ante una situación de conflicto en una o varias provincias en caso de una invasión exterior, invasión de otra provincia o destitución de sus autoridades.

Funciona como garantía federal, esto significa que el Estado federal asegura y protege las autonomías provinciales en el marco de la forma de Estado federal propia del sistema argentino.

Procedimiento

La intervención federal puede ser dispuesta unilateralmente por el gobierno federal o a requerimiento de las autoridades provinciales.[1]

Por disposición del gobierno federal

En este caso la intervención está dispuesta por el Poder Legislativo Nacional sin pedido de la provincia (art. 75 inc. 31 de la Constitución Argentina), no pudiendo el Ejecutivo disponerla salvo en caso de receso de éste, y, en tal caso, ordenando la simultánea convocatoria para su tratamiento (arts. 99, inc. 20 y 75, inc. 31, párr. 2°).

Causales

  • Para garantizar la forma republicana de gobierno
  • Repeler invasiones exteriores

Por pedido de la provincia

En este caso, las autoridades provinciales solicitan la intervención del gobierno federal.[2]

Causales

  • Para sostener y/o restablecer a las autoridades, si han sido depuestas o se encuentran amenazadas por sedición o invasión de otra provincia.

Órgano Competente

La declaración de intervención federal corresponde de manera exclusiva al gobierno federal, por lo tanto le corresponde disponerla al Congreso de la Nación, y en caso de receso de este, corresponde declararlo al Presidente de la Nación con inmediata comunicación al congreso para su confirmación.

Amplitud

La amplitud deberá estar definida por el órgano que declara la intervención, pudiendo ser intervenidos los tres poderes del estado, o solo el poder ejecutivo, o solo el poder legislativo, respecto del judicial el interventor no puede arrogarse funciones judiciales pero si puede comisionar a los jueces.[3]

Interventor

El interventor es un funcionario del gobierno federal y representante del poder ejecutivo federal, por tanto corresponde su nombramiento exclusivamente al Presidente de la Nación, además es responsable político frente a este.[4]