Intendente

El Intendente es un funcionario, de origen francés[ Aclaración requerida], introducido en España y en la América hispana por Felipe V, Casa de Borbón, que ejerce sus competencias sobre un determinado territorio. En la actualidad, esta figura sigue existiendo, con atribuciones diferentes, en varios países del Cono Sur, como Argentina, Chile, Paraguay, o Uruguay. En Brasil, el cargo de intendente existió hasta 1930, siendo entonces reemplazado por el prefeito.

Tanto el ejercicio de las funciones de intendente como el territorio jurisdiccional donde éstas se ejercen, suele denominarse Intendencia.

Historia

Francia

El Intendant (Intendente) surgió en Francia hacia el año 1551, adquiriendo impulso inicial bajo la influencia de los cardenales Richelieu y Mazarino y fomentado posteriormente por Luis XIV y su ministro Jean-Baptiste Colbert.

El intendente era en aquellos tiempos el representante del monarca en las généralités (divisiones territoriales francesas en el Antiguo Régimen), cuya misión primordial consistía en el desarrollo económico de éstas, poseyendo atribuciones de justicia, policía y hacienda (intendant de justice, police et finances).

España

El Intendente era en España un funcionario designado y dependiente del rey, que gozaba de amplios poderes y tenía como misión la recaudación de tributos y la dinamización económica, a través del control de las autoridades locales, el cuidado de las reales fábricas, el impulso del desarrollo de la agricultura y la ganadería, la realización de mapas y censos, el mantenimiento del urbanismo, etc. Esta figura posee un sentido centralizador y absolutista, propio de las reformas de la administración introducidas por los Borbones.

Su establecimiento se remonta a la época de Felipe V. Para afrontar la situación económica que experimentaba el Imperio español a inicios del siglo XVIII, el rey solicitó asesoría a Francia, a cuyo llamado acudió desde aquel país Juan Bautista Orry, quien finalmente recomendó, entre otras medidas, la aplicación del régimen de intendencias en España. Luego de algunos estudios, se decidió introducir el sistema, destinando a estos nuevos funcionarios en un primer momento a la administración financiera del ejército, debido a que el país se encontraba en el contexto de la Guerra de Sucesión Española.

Los primeros intendentes se remontan a 1711. Primero se nombraron varios funcionarios con el cargo de superintendente general del ejército, para la sujección de los territorios conquistados tanto en lo que correspondía al ejército como a la hacienda y gasto público. Debido al éxito alcanzado, se consideró entonces otorgarles zonas territoriales, denominadas intendencias.

En 1718, con la Ordenanza de Intendentes de ejército y provincia[2]

En 1749, el rey Fernando VI reordenó el sistema con una intendencia por provincia, junto con el corregimiento de la capital (cargos que volvieron a separarse en 1766). Cada intendente sería auxiliado por un teniente letrado o alcalde mayor subordinados, o a veces dos, para el ejercicio de las funciones judiciales. El número y extensión de las provincias no fue estable, y se subdividieron en partidos.[2]

América hispana

El régimen de intendencias se aplicó a partir del siglo XVIII en las posesiones del Imperio español en América (y las Filipinas) debido, principalmente, al buen desempeño que tuvo el sistema en España. Los reyes, imbuidos en el pensamiento del absolutismo ilustrado, deseaban reformar la administración de sus posesiones, uniformándola y promoviendo el bienestar, junto con mejorar los ingresos de la Real Hacienda y la defensa de tales territorios.

Los intendentes tenían por misión general la promoción de la economía y el resguardo de la hacienda. Sin embargo, no todos los intendentes tuvieron idénticas facultades. El sistema experimentó diversas variaciones a lo largo del tiempo; por ejemplo, en un comienzo se trató de separar las funciones de intendente de las de virrey o gobernador, pero los conflictos que se produjeron en algunos casos, llevaron a la decisión de reunir ambas en ciertas zonas.

Estos funcionarios solían tener un asesor letrado o teniente letrado, con carácter permanente y de nombramiento real, y subdelegados, que cumplían sus órdenes y que ejercían sus funciones en áreas territoriales denominadas subdelegaciones o partidos, que correspondían a los antiguos corregimientos, reemplazando en algunos lugares a los corregidores.

Tras la recuperación de La Habana, que estaba ocupada por los británicos, se instauró en Cuba la primera intendencia en 1762. En 1764, se dictaron para ella unas ordenanzas —a las que se introdujeron cambios en 1765 y 1767—, determinándose que el intendente de La Habana lo era de “ejército y hacienda”, para darle una importante intervención en temas económicos, pero careciendo de competencias políticas. Tales ordenanzas rigieron hasta su reemplazo, en 1786, por las aplicadas en Nueva España. En 1764 se creó la intendencia de Luisiana.

El mismo año de 1764, José de Gálvez inició una visita al Virreinato de Nueva España, proponiendo en un Informe y Plan de Intendencias, firmado por él y el virrey Carlos Francisco de Croix, el establecimiento del régimen de intendentes en el virreinato. En 1770 fue creada la Intendencia de Arizpe en las provincias de Sonora y Sinaloa.

En 1776 Gálvez asumió en la Secretaría de Indias, y se creó el 8 de octubre del mismo año la primera intendencia de Sudamérica, en Venezuela. El gobernador e intendente ejercería sus funciones sobre Caracas, Cumaná, Margarita, Guayana y Maracaibo. Sus ordenanzas eran similares a las de Cuba, pero hacían mayor hincapié en las atribuciones de policía; fueron reemplazadas, en 1783, por las dadas a los intendentes del Río de la Plata.

Dos años después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1778, se decidió instaurar allí también las intendencias, con una de “hacienda” en Buenos Aires. En 1782 se dictaron las Ordenanzas de Intendentes del Río de la Plata (que fueron modificadas en 1783), pasando a ser en dicho virreinato la de Buenos Aires de “ejército y provincia” y otras siete sólo de “provincia”.

En 1784 se aplicó el régimen de intendencias en el Virreinato del Perú, aplicándose las ordenanzas del Río de la Plata, con adaptaciones (siendo intendencia de “ejército y provincia” la de Lima y el resto de “provincia”). Ese mismo año se establecieron en Filipinas, en Manila (de “ejército y hacienda”) y en Puerto Rico.

En Guatemala las intendencias se instauran en 1785, aplicándoles las ordenanzas del Río de la Plata (aunque eran solo de “provincia”). Al año siguiente, se extiende el sistema al Virreinato de Nueva España, dictándose una ordenanza cuyo contenido era similar a la del Río de la Plata (siendo intendencia de “ejército y provincia” la de México y el resto de “provincia”). En ese mismo año también se aplican en Chile, regidas por las ordenanzas del Río de la Plata, con las adaptaciones peruanas.

A finales del siglo XVIII, la Provincia de Honduras fue dividida en dos intendencias, la “Intendencia de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua” y la “Intendencia de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa”.

En el Virreinato de Nueva Granada el virrey era el superintendente de todo el virreinato (con la misma ordenanza que el Río de la Plata), excepto en el caso de Quito (creada el 25 de mayo de 1783) y Cuenca (creada el 26 de septiembre de 1786), dentro de la Presidencia de Quito. Finalmente en 1813 fueron creadas en Cuba las intendencias de Puerto Príncipe y de Santiago de Cuba (ambas de “hacienda”).

El rey Carlos IV dictó una Ordenanza General de Intendentes en 1803, que reunía en un solo cuerpo la regulación de las intendencias. Sin embargo, al poco tiempo fue dejada sin efecto, a instancia del ministro Manuel Godoy.

Sistema de intendencias

Entre las primeras funciones del visitador Gálvez estuvo la de establecer una centralización administrativa orientada a fortalecer el control de la Corona sobre el virreinato. Se buscaba tomar medidas encaminadas a romper el monopolio que tenían las élites locales en el gobierno municipal y establecer un sistema de división territorial similar al creado por el gobierno de Francia, ya adoptado en España. El virreinato fue dividido en jurisdicciones político-administrativas denominadas intendencias, bajo la dirección de un funcionario que actuaba en calidad de gobernador general o intendente, con los atributos del poder: justicia, guerra, hacienda, fomento de las actividades económicas y obras públicas. Los intendentes debían utilizar su autoridad para movilizar la economía de sus provincias y solicitar la colaboración del pueblo; se consideraba necesario mejorar la participación pública en los asuntos comunales, para que hubiese contacto entre gobernantes y gobernados y lograr, con ello, una mayor estabilidad.(Delgado de Cantú 363)

Los intendentes, cuyo puesto no tenía un tiempo de duración determinado, recibían un sueldo de seis mil pesos, suma que superaba los salarios anuales que percibían los jueces de la Audiencia y muchos otros altos funcionarios. Se esperaba que, adictos a la Corona y bien pagados, los intendentes acabarían con las prácticas de corrupción y con los abusos de los alcaldes mayores; para ello serían encargados de introducir las reformas, que habrían de comenzar por la agricultura. El intendente repartía baldíos a los indios y españoles que carecían de tierras, supervisando que hicieran producir; también debía favorecer la artesanía y fomentar el comercio y la minería.(Delgado de Cantú 363)

El establecimiento de este sistema despertó fuertes resistencias que impidieron su aplicación completa; en un primer momento el rechazo provino de los virreyes mismos, quienes se opusieron a ceder parte de su poder y funciones a los intendentes. A sus protestas se unieron los miembros de la Real Audiencia, los altos jerarcas eclesiásticos y los miembros de las principales corporaciones, que sentían limitado su poder. En este contexto se dio el estallido de la Revolución de Independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, que obligó a protestar los puntos centrales del programa reformista en Nueva España, pues debido a la guerra con Inglaterra en que participó la metrópoli, no convenía aplicar por el momento medidas drásticas que pusieran en peligro el apoyo financiero de los subsidios novohispanos.(Delgado de Cantú 363)

Los intendentes tenían como misión primordial fomentar la economía y cuidar la real hacienda. No todos los intendentes tuvieron las mismas facultades y atribuciones. En términos generales, éstas podían abarcar las siguientes áreas:

  • Hacienda
  • Gobierno y Policía
  • Justicia
  • Guerra
  • Patronato
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