Infracción de derechos de autor

"Copy Roger", símbolo utilizado por algunos grupos en Internet para representar la falsificación o copias ilegales.

Una infracción de derechos de autor, infracción de copyright o violación de copyright es un uso no autorizado o prohibido de obras cubiertas por las leyes de derechos de autor, como el derecho de copia, de reproducción o el de hacer obras derivadas.

También es habitual el uso del término piratería, a menudo de forma peyorativa, para referirse a las copias de obras sin el consentimiento del titular de los derechos de autor. El informático Richard Stallman y el experto en propiedad intelectual, Eduardo Samán, entre otros,[4]

Los alcances de la protección de las obras a nivel internacional están regidos por el Convenio de Berna, que establece un plazo mínimo de 50 años a partir de la muerte del autor. La forma en que debe tratar la legislación estas infracciones es un tema que genera polémica en muchos países del mundo.

Regulación por países

Chile

A un año de ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico ( OCDE), y según señaló Business Software Alliance ( BSA, asociación que agrupa a las principales empresas de software en Chile y el resto del mundo), Chile continúa como el miembro con la tasa más alta de copias no autorizadas de software. Sin embargo, dicho estudio es criticado en cuanto a la exactitud de sus mediciones, apelando a la rigurosidad y metodologías aplicadas al Global Software Piracy Study.[5]

Según un estudio de la consultora International Data Corporation (IDC), la tasa de infracción en materia de software en Chile alcanza el 64%. Según el estudio, sólo el 25% de las empresas chilenas tienen una política formal para el uso de softwares con licencia, lo que corresponde al porcentaje más bajo entre los países encuestados. Esto contrasta con lo que dicen las compañías, donde el 56% dice tener algún tipo de protocolo básico, de acuerdo a la información entregada por los gerentes de tecnología de las firmas consultadas.

En cuanto a legislaciones, Chile cuenta con la Ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual, de 2 de octubre de 1970, y sus modificaciones posteriores que regulan el derecho de autor.

Esta ley ampara los derechos de los autores chilenos y extranjeros domiciliados en Chile. Establece, asimismo, que los autores extranjeros no domiciliados en el país gozan de la protección que les sea reconocida por las convenciones internacionales que Chile ha suscrito y ratificado.

Chile también integra con regularidad la Priority Watch List estadounidense, debido a la recomendación que ha efectuado la IIPA (International Intelectual Property Alliance), frente al que consideran un alto índice de infracciones que mantiene el país. Debido a obligaciones de carácter legal, adquiridas voluntariamente mediante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ( TLC). El impacto de pertenecer a esta lista, significa sufrir en su prestigio comercial; pérdida de oportunidades de negocio con Estados Unidos y con otras naciones desarrolladas; y que empresas exportadoras chilenas podrían transformarse en potenciales target de las nuevas leyes norteamericanas de competencia desleal, que apuntan primordialmente a las empresas foráneas que exportan a Estados Unidos y que no tienen licenciado el software que utilizan en sus procesos productivos.[6]

Ecuador

A pesar de la necesidad de requerir la autorización del autor o del titular de los derechos de autor para la explotación de la obra, existen excepciones contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana. Las mismas se encuentran especificadas en el Art. 83.

España

La ley española que regula los derechos de autor[9]

Según datos extraídos del informe anual del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura, en 2008 se vendieron en torno a nueve millones de entradas menos, 39 salas de cine fueron cerradas, ocasionando la desaparición de 156 pantallas de cine[ cita requerida].

La situación ha cambiado frente al bache de los años 2005-2008, y los espectadores comenzaron a acudir con más frecuencia a las salas. De acuerdo con la consultora Nielsen EDI, en España, en 2009 los cines españoles batieron récords de recaudación, superando al registro más alto anterior, del año 2004. Como causas se indicaron lo atractivo de los estrenos y a las innovaciones técnicas; el informe no relacionó la evolución de la taquilla ni de los espectadores con la evolución de la infracción de copyright.[10]

Durante años sucesivos, España continúa integrando la Lista 301 o Priority Watchlist. Este informe dedica a España 17 páginas en las que indica una serie de requerimientos y sugerencias a las autoridades españolas para corregir las infracciones, que califican como "fuera de control".[ cita requerida] Asimismo alaba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (la conocida como Ley Sinde por la que un órgano administrativo podrá ordenar el cierre o bloque sitios web de enlaces, previa autorización expréss de un juez de la Audiencia). Entre las sugerencias recogidas en la Lista 301 se pueden ver diferentes actos, tales como aumentar el personal para investigar las actividades de Internet, en el Ministerio de Interior, la Guardia Civil y la Policía Nacional, permitir que los dueños de los derechos puedan obtener la información necesaria para emprender acciones civiles, tomar las acciones necesarias para asegurarse que los modchips (chips utilizados para liberar diversas consolas para que sean capaces de ejecutar copias no autorizadas y homebrew) y dispositivos similares sean ilegales, desarrollar una campaña de publicidad efectiva, entre muchas otras.

Estados Unidos

Estados Unidos es el principal país en cuanto a la persecución a los infractores de derechos de autor, con una legislación muy agresiva al respecto. Allí se elabora anualmente la Priority Watchlist, un informe redactado por las principales asociaciones de productores y editores y que se remite al Departamento de Comercio de EE. UU. para presionar a los países que, bajo su óptica, no respetan lo suficiente el derecho de autor en ese país. Los productos relacionados directa o indirectamente con la propiedad intelectual representan alrededor del 35% del PBI de EEUU.

México

Un vendedor ambulante vendiendo copias no autorizadas de álbumes.

[12] su primer movimiento fue El Acuerdo Nacional contra la Piratería, que no solo se preocupaba por las infracciones relacionadas con el cine y la música; si no también del vestido, el software y autores en general. Este acuerdo planteaba que para su éxito debían participar las tres órdenes de gobierno ( Federal, Estatal y Municipal), los poderes que sustentan al Estado ( Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y por supuesto, las Organizaciones Protectoras de Derechos de autor interesadas en la solución que este nuevo acuerdo prometía cumplir.

[13] Este acuerdo se basaba en estrategias: Líneas Estratégicas Específicas para el Sector Público, Línea Estratégica Específica para el Sector Productivo y una Línea Estratégica Educativa, cada una con un objetivo y forma de actuar diferentes, pero que actúan juntas.

El derecho penal mexicano sólo trata las violaciones más graves del ordenamiento jurídico, y en el marco del derecho de autor, generalmente sólo se sancionan penalmente las conductas que supongan la copia o el plagio de las obras protegidas, donde concurran dos circunstancias: el ánimo de lucro y el perjuicio a terceros, donde el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica. Esto último, en muchos casos, supone una actividad altamente especializada, que busca la comercialización de los productos copiados o plagiados, y se define en actos tales como la exposición de las copias en comercios, catálogos de venta, y otros. Considerar estos derechos como una forma de propiedad (y no como un derecho de uso) facilita la criminalización de la copia no autorizada. Permite además a las grandes multinacionales que controlan estos derechos una equiparación con otros delitos de mayor gravedad como el robo, es por esto, que El Acuerdo Nacional Contra la Piratería hace modificaciones a las penas legales para quienes no cumplan la ley en cuanto a las infracciones de derecho de autor.[16] Sin embargo, según el antropólogo José Carlos G. Aguiar estas políticas parecerían ser más efectivas para criminalizar el comercio informal, que para el control efectivo de venta de copias no autorizadas en los mercados populares y espacio público.

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