Informes de Naciones Unidas sobre la tortura en España

Los informes de Naciones Unidas sobre la tortura en España son tres informes publicados por los comisionados especiales de la Organización de las Naciones Unidas contra la tortura, Theo van Boven y Martin Scheinin.

Las visitas y los informes

Theo van Boven, relator de la ONU para la tortura, solicitó acudir a España ante el abundante número de denuncias de tortura en el país (110 en 2002). El gobierno español, aunque alegó que sospechaba que una parte significativa de dichas denuncias procedía del entorno de Herri Batasuna, no puso ningún impedimento para la visita.[2]

El 1 de septiembre de 2004, Van Boven hizo público otro informe sobre tortura y malos tratos; este informe, a diferencia del anterior, no versaba sólo sobre España. En este segundo informe, como relator especial, agradeció al Gobierno de España la total cooperación brindada durante su misión, y concluyó que la tortura y los malos tratos no son prácticas sistemáticas en España. Aun así, estimaba que se podrían dar casos aislados de tortura, debido a que las medidas de seguridad no eran del todo eficientes. Critica que también señalo a otros países occidentales como Países Bajos o Alemania.

En mayo de 2008 se produjo una nueva visita, esta vez de Martin Scheinin, quien se reunió con representantes del Gobierno español y del Gobierno Vasco, como funcionarios de los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, asociaciones de víctimas del terrorismo y con abogados, presos de ETA y personas que habían denunciado torturas y malos tratos en comisarías.[5]

Theo Van Boven, ya ex relator, emitió un comunicado el 25 de mayo de 2009 en relación con el juicio a once presuntos colaboradores de ETA por la Audiencia Nacional, entre las que se encuentra Unai Romano, que denunció haber sido torturado durante su incomunicación en dependencias de la Guardia Civil y cuya fotografía con el rostro hinchado y amoratado tomada en el hospital fue profusamente difundida por los medios de comunicación. Las denuncias de Romano agotaron las vías judiciales españolas sin conseguir ninguna condena, ante lo cual Unai Romano presentó una denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en octubre de 2008.[7]

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