Historia de la deuda externa argentina

Una solución momentánea por un lado pero también un problema a largo plazo por el otro, un tema fundamental de todos los Gobiernos y también motivo de crisis institucionales. Con la crisis de 2001, el país entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa, la cual ascendía a 144 000 millones de dólares.[1]

En mayo de 2014 se cierra el acuerdo para salir del default con el Club de París por 9500 millones de dólares.[3]

El empréstito Baring Brothers

El ministro Bernardino Rivadavia (1780-1845), como miembro protagónico del Gobierno bonaerense entre 1821 y 1824, fue el responsable de endeudar al país con el leonino Empréstito Baring Brothers.

La historia de deuda pública argentina comienza cuando la Junta de Representantes de Buenos Aires sanciona el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al Gobierno a «negociar, dentro o fuera del país,R un empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real». Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. Manuel José García, Ministro de Finanzas de Bernardino Rivadavia pidió un empréstito de 2.800.000 libras esterlinas. Finalmente, solo llegaron a Buenos Aires unas 570.000 libras esterlinas, en su mayoría en letras de cambio. Ninguna de las obras previstas se realizó con ese dinero. El empréstito se terminaría de pagar ochenta años más tarde. Por el empréstito de $2.800.000 se hayan terminado pagando 23.700.000, es decir, prácticamente 8 veces más. En los 1820's el peso papel comenzó a devaluarse rápidamente con respecto al peso fuerte, que estaba ligado directamente al precio del oro

La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70 %, pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70 %. Este consorcio estaba encabezado por los señores Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers & Co. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85 %, pagando 70 % a Buenos Aires y repartíéndose el 15 % de diferencia con el consorcio.

El 1 de julio de 1824 se contrató con la Banca Baring el empréstito por 1 000 000 de libras esterlinas. El 15 % de diferencia de colocación representó 150 000 libras, de ellas el consorcio en su conjunto se llevó 120 000 libras en carácter de comisión, y los 30 000 restantes fueron para Baring.

El Estado de Buenos Aires por su parte «empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1 000 000 de libras esterlinas y su interés».En consecuencia, en 1828 se liquidó la escuadra naval y se dieron en pago dos fragatas que se estaban construyendo en Inglaterra. De este modo, cuando se produjo la ocupción de las Malvinas por los ingleses, cinco años más tarde, no hubo fuerza naval para contrarrestarla. Ferdinand White, espía inglés, enviado por la Baring al Río de la Plata, condenó los aspectos delictuosos de este acuerdo. De la suma recibida, solo llegaron al Río de la Plata en oro, como estaba convenido, el 4 % de lo pactado, 20 678 libras.[4]

Como no se había especificado como llegaba el dinero a Argentina (por ese entonces el territorio se denominaba Provincias Unidas del Río de la Plata), el consorcio informa a la Casa Baring que la mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. Una de esas casas comerciales era la de Robertson y Costas, miembros del consorcio.

Finalmente solo llegaron a Buenos Aires unas 570 000 libras esterlinas, en su mayoría en letras de cambio. Ninguna de las obras previstas se realizó con ese dinero, que fue entregado al Banco de Descuento para que diera créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la provincia por ese dinero. El empréstito se terminaría de pagar ochenta años más tarde. Por el empréstito de $2,8 millonesse hayan terminado pagando 23,7 millones, es decir, prácticamente 8 veces más.[6]

Las exportaciones de oro, permitidas por las políticas de libre comercio de Rivadavia, agotaron rápidamente las reservas nacionales. Esto representó un gran problema, ya que el oro era el medio de cambio de la economía local. Rivadavia buscó resolver este problema al establecer el "Banco de Descuento", un banco central para imprimir dinero, este banco fue puesto a manos de inversores privados británicos[7]

A fin de financiar el conflicto, el Gobierno se vio obligado a contraer un nuevo empréstito de los bancos británicos, endeudándose en 3,44 millones de £ (libras esterlinas). Gracias al conflicto la deuda externa de la de Argentina hasta 9 millones de libras. Al final del gobierno de Bartolomé Mitre as finanzas del país quedaron devastadas y el país al borde de una cesación de pagos.[8]

etapa rosista

Durante la etapa rosista se renegocian prestamos y se obtiene una sustancial quita en los intereses disminuyendo el monto total de la deuda en una quinta parte.

Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la Nacion. Y después acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2,5 millones de libras adicionales, para lanzarse a la guerra con Paraguay. Pero, nuevamente, de los 2,5 millones de libras asumidos como deuda, el país recibe sólo 1,9 millón debido a los descuentos por el “riesgo país y las comisiones”. Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y “para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos”. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba los 14,5 millones de libras.[9]

La crisis de 1873

Tras varios años de prosperidad, el presidente Nicolás Avellaneda debió enfrentar durante su Gobierno la primera gran crisis económica del Estado moderno.

En 1867 el Banco de la Provincia de Buenos Aires creó la Oficina de Cambios a través de la cual la Argentina ingresó en el régimen de convertibilidad de la moneda.

Hasta 1873 esta Oficina incrementó exitosamente sus reservas de oro, debido al fuerte ingreso de empréstitos contratados por el Gobierno nacional y algunos provinciales en el mercado de Londres como consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza.

Este febril ingreso de capitales externos junto a un acelerado incremento de la actividad comercial, repercutió en otras esferas de la actividad económica, como por ejemplo en el enorme aumento tanto del gasto público como de las importaciones y en la aparición de una especulación en tierras cuyo precio subía al compás del incremento del intercambio comercial.[10] >a incidencia de las importaciones se reflejó en una balanza comercial deficitaria.

No obstante, mientras la Argentina recibiese capitales del exterior, esta situación deficitaria no se reflejaría en la balanza de pagos. El problema del desequilibrio comercial se tornó visible cuando cesó el ingreso de capitales, en parte por efecto de la depresión europea de 1873 que cortó los flujos de inversión. A partir de ese momento, la situación deficitaria de la balanza comercial y de la de pagos provocó una sensible disminución de la existencia de metálico. El problema no pudo ser solucionado con un incremento de las exportaciones, por lo que el Gobierno del recién asumido presidente Nicolás Avellaneda debió recurrir a una política claramente deflacionista, suspendiendo la contratación de nuevos empréstitos en el exterior, decretando la inconversión de los billetes del banco de la Provincia y del Nacional, e incluso disminuyendo sueldos de empleados y reduciendo personal administrativo. La retracción del crédito bancario durante 1875 y 1876 golpeó duramente la producción rural. Esta serie de medidas, más la ley de Aduanas de 1876, influyeron en el rápido descenso de las importaciones. Si bien las exportaciones mantuvieron su nivel anterior, la caída de las importaciones, particularmente brusca en los años 1875 y 1876, provocó una inversión en la tendencia predominante de la balanza comercial, que pasó de ser deficitaria a ser superavitaria.

El presidente Avellaneda en su mensaje de apertura al Congreso en 1875 describía la situación económica del país en los siguientes términos:

Grandes cantidades de dinero afluyeron en los últimos años a la plaza de Buenos Aires teniendo principalmente su origen en los empréstitos que la Nación y esta provincia contrajeron en Londres. De ahí, su acumulación en los bancos, el bajo interés y las facilidades tan seductoras como desconocidas del crédito. El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan considerables capitales al trabajo reproductivo y sobrevinieron las especulaciones sobre terrenos estériles, que acrecentaban artificialmente su precio de una transacción a la otra, los gastos excesivos y la acumulación de las mercaderías importadas, exagerada aún más por la competencia que se desarrolla en estos casos. Con la hora inevitable de los reembolsos, ha sobrevenido la crisis, que principia ya a encontrar su principal remedio en la disminución de los gastos privados y públicos.

Presidente Nicolás Avellaneda[11]

La crisis de 1890

El Gobierno de Juárez Celman se caracterizó por una efervescencia inversora que poco después desembocó en un colapso financiero.

A partir de 1886, durante el Gobierno de Miguel Juárez Celman, se produce una fiebre inversora británica, sobre todo en ferrocarriles. Se otorgan concesiones a casi todos los trazados propuestos, sin reparar en sus verdaderas posibilidades productivas. Esta fiebre ferroviaria, a su vez, empujó a un aumento del valor de las tierras. Esta modalidad de inversión, que se prestó a numerosas maniobras especulativas, terminaría desembocando en lo que se denominó la crisis de 1890.A esta fiebre especuladora se sumó la incompetencia, malversación y especulación de las autoridades y agentes económicos del Gobierno conservador de Juárez Celman, que se deslumbraron frente a una situación sumamente favorable en el mercado de capitales.

Si bien a nivel local se culpa de Juárez Celman por la crisis, esta también tuvo a un actor principal externo, la casa Baring Brothers, que imprudentemente intentó monopolizar las concesiones en la Argentina y lanzó proyectos de inversión demasiado rápido, sin asegurar sus inversiones de capital, sobrexcediendo su capacidad de negocio.

El crecimiento de la deuda, tanto pública como privada, se tradujo en una excesiva expansión monetaria que llevó a una fuerte depreciación del papel moneda, amenazando la rentabilidad de los inversores, y paralizando la entrada de nuevos capitales. Los inversores británicos, perturbados por los informes provenientes de Buenos Aires respecto de los abusos financieros, se mostraron cada vez más prudentes hacia los proyectos argentinos y dirigieron su atención hacia otros mercados.

Así fue que a principios de 1889 comenzaron a manifestarse síntomas de la falta de solvencia del Gobierno argentino para pagar la deuda contraída con los bancos europeos. Las perspectivas de una cosecha pobre preocuparon a los especuladores de la Bolsa y el precio del oro comenzó a subir. En febrero el Gobierno intentó infructuosamente prohibir la venta de oro en la Bolsa y, en septiembre, los inversores ya habían perdido su confianza en el Gobierno argentino. La catástrofe no ocurrió inmediatamente gracias a la intermediación de Baring Brothers entre los inversores individuales y las autoridades argentinas. Los banqueros europeos propusieron al Gobierno de Juárez Celman un remedio que no favorecía al Gobierno: consolidación de la deuda, suspensión de nuevos empréstitos durante diez años, suspensión de la emisión de papel moneda y una drástica reducción del gasto público. El Gobierno de Juárez Celman no podía aceptar la propuesta, ya que esta política de austeridad hubiera destrozado su apoyo político.[12]

Al compás de la crisis económica creció el descontento popular, animado por la fuerza de oposición al Gobierno de Juárez Celman, la Unión Cívica. El 12 de abril de 1890 renunció el gabinete, y el 16 Juárez Celman nombró uno nuevo, en el cual se incorporaron dos hombres de la Unión Cívica en áreas claves: José E. Uriburu en Hacienda y Roque Sáenz Peña en Relaciones Exteriores. Juárez Celman, obligado a optar entre el ministro y sus propios sostenedores, retiró su respaldo a Uriburu, quien debió renunciar.[ cita requerida] Las políticas liberales del Gobierno del Presidente Miguel Juárez Celman (1886-1890) llevaron a un período de especulación financiera que creó una burbuja, hecho reflejado en la creación de un gran número de bancos con sede en Buenos Aires durante esos años. Con el estallido de la crisis el Estado Argentino entró en cesación de pagos y se declaró en bancarrota, de la cual saldría recién cuatro años después.

Finalmente, el Gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del Parque del 26 de julio de 1890. Su sucesor, el entonces Vicepresidente Carlos Pellegrini, reabrió la negociación con los bancos europeos para solucionar la crisis. El primer triunfo de Pellegrini fue el arreglo entre el emisario argentino, Victorino de la Plaza, y el presidente de la Comisión Internacional de Banqueros, lord Rothschild, en marzo de 1891.

Resuelto a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió su artillería contra los bancos nacionales garantidos, responsables de la inflación por haber prestado dinero sin respaldo.[ cita requerida] Se adoptaron también importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de 1500 empleados de correos. Fueron creados nuevos recursos ―el pago del 50 % de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los gravámenes a las exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un impuesto a los depósitos bancarios. Tampoco a los industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria fueron una especie de malla protectora contra la competencia extranjera.[ cita requerida] Los sectores que más sufrieron los efectos de la crisis fueron el propio Gobierno, cuyos problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el sector urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y aquellos que especulaban con tierras y valores mobiliarios).[13]

1892 al 1900

Carlos Pellegrini fue el presidente que piloteó la salida de la crisis de 1890 y años después fue el impulsor de un proyecto para unificar la deuda pública argentina, iniciativa que finalmente no prosperó.

El presidente Luis Sáenz Peña, que asumió en 1892, continuó la negociación con los bancos acreedores iniciada por su antecesor Carlos Pellegrini. Durante el período de reducción de los intereses, el Gobierno argentino se comprometió a pagar cada año una suma de 1 565 000 libras al Banco de Inglaterra.

En enero de 1896 el Congreso Nacional autorizó una emisión de bonos de 50 millones de pesos oro al interés del 4 %, con amortización del 0.5 %, con el objetivo de pagar todas las cuentas pendientes derivadas de las garantías y rescindir todos los contratos de garantías ferroviarias posibles mediante la negociación. Como resultado de estos esfuerzos del Gobierno argentino, cinco compañías aceptaron abultadas sumas en reemplazo de las garantías estatales y dos fueron compradas, logrando reducirse las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50 %. Después de 1905 no se acordó garantía o subsidio de ninguna clase a las compañías ferroviarias.[14]

Si bien, para los primeros años de la década de 1890 la crisis ya había sido resuelta, las inversiones extranjeras no recuperaron el mismo ritmo que habían tenido en la década anterior. La crisis había afectado tanto a Baring Brothers, que las inversiones británicas en la Argentina no se recuperaron hasta 1904. Los préstamos al Gobierno registraron una declinación pronunciada, por lo tanto las inversiones en ferrocarriles, frigoríficos, compañías de tierras y bancos crecieron a un ritmo lento. Sin embargo, esto no afecto al sector agro-ganadero, que experimento en aquellos años un aumento en los valores y volúmenes de sus exportaciones.[15]

En 1898, el General Julio A. Roca asume su segundo mandato como presidente de la Nación, mientras que su colega político Carlos Pellegrini, asume como senador nacional. Roca le pidió a Pellegrini la elaboración de una iniciativa legislativa para la consolidación de la deuda pública de 392 millones de pesos oro, en un solo empréstito por 453 millones de peso oro. Pellegrini redactó un proyecto de unificación de la deuda pública externa, por medio de un empréstito único al 4 % de interés anual y 0.5 % de amortización, a largo plazo, y con obligaciones garantidas por las rentas aduaneras. La propuesta obtuvo la media sanción del Senado. Pero después de muchos artículos periodísticos y manifestaciones públicas criticando la medida, Roca decide no apoyarla en la Cámara de Diputados, acción que irritó a Pellegrini, a tal punto que este hecho provoca un distanciamiento entre ambos, aquel año de 1901. Roca por su parte argumenta que el ambiente creado en las calles y en la prensa no es el apropiado para infundir confianza entre los inversores.[17]

1904-1938

En el periodo de 1904-1928 (en el que se abarcan las presidencias de Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña y Victorino de La Plaza) continuo el endeudamiento externo a través de la banca británica. Luego siguió la presidencia de Hipólito Yrigoyen donde la deuda externa aumentó principalmente para financiar el creciente déficit fiscal, generado por la política de contratación de miles de empleados públicos. Con la presidencia de Marcelo T. de Alvear volvió a aumentar significativamente la deuda externa y la influencia británica en las políticas económicas. En los años que le siguen (1929 hasta 1938) la deuda siguió aumentando durante los Gobiernos de facto de José F. Uriburu y Agustín P. Justo[18]

1938-1943

La creciente producción que genera la Segunda Guerra Mundial en la Argentina crea la necesidad de una entidad financiera que movilice los fondos para el fomento de la industria. Para ellos se crea en 1944 el Banco de Desarrollo Industrial. Rápidamente, durante el Gobierno de Pedro Pablo Ramírez, la entidad se convierte en el principal proveedor de crédito bancario a las empresas industriales en crecimiento, disminuyendo el pedido de préstamos al exterior y logrando superávits financieros utilizados para frenar el aumento de la deuda externa.

Perón y la deuda externa

Afiche de 1948, que muestra al presidente Juan Domingo Perón, que hizo que Argentina pasara de ser país deudor (12 500 millones de pesos) a país acreedor (5000 millones de pesos).

Para un Gobierno de rasgos nacionalistas y populares como el que Juan Domingo Perón inauguró en 1946, la recuperación de la deuda externa argentina representó una singular y simbólica demostración de poder e independencia en la toma de decisiones. Este logro serviría para dar consistencia a su discurso.

El tema acompañó cada alocución presidencial desde 1946 y fue uno de los puntos centrales del Acta de Independencia Económica consagrada en Tucumán el 9 de julio de 1947 ―como el Acta de independencia, el 9 de julio de 1816, también en Tucumán―. El rescate total de la deuda externa argentina se logró en 1952. El Estado peronista destacó entonces que el país deudor de 12 500 millones de m$n (pesos moneda nacional) se convirtió en acreedor por más de 5000 millones de m$n.

El período 1947-1951 indica una tendencia a la baja en las tasas de interés ―en consonancia con la estabilidad económica― y una marcada disminución de la deuda externa que se salda completamente en 1952, con el pago de m$n 12 649 471 perteneciente a las dos últimas cuotas semestrales del empréstito argentino-británico contenido en el convenio Roca-Runciman (1933). [ cita requerida] Se gestó entonces una situación inédita en la historia argentina desde el préstamo Baring Brothers de 1824. [ cita requerida]

La gran existencia de divisas en el país al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el supéravit de la balanza comercial entre 1946-1948 se aplicaron a la repatriación de la deuda externa. Así mismo la deuda interna disminuirá un 17.8 % entre los años 1945-1952.[19]

En 1949, se reforma la Carta orgánica del Banco Central y el crecimiento cada vez más acelerado del mercado interno nacional. En este contexto, la Ley de Inversiones Extranjeras (de 1953) y los acuerdos firmados con la California Standard Oil dieron cuenta de un viraje del Gobierno respecto a la utilidad de los capitales internacionales.[20]

Década del 60

Tras el derrocamiento de Perón en el golpe de Estado de 1955, el Gobierno dictatorial dirigido por el general Pedro Eugenio Aramburu, adquirió un nuevo préstamo externo para financiar importaciones desde Europa. Así se contrata con varios bancos europeos un crédito de 700 millones de dólares, que se suponía podría ser amortizado en el transcurso de un año. Durante su régimen apareció el efecto inflacionario, que había sido casi inexistente durante la primera mitad del siglo XX.[23]

Esta rotación de la política exterior independiente a una totalmente alineada con Estados Unidos se conjuga con la incorporación de la Argentina al FMI, decidida por el régimen de Pedro Eugenio Aramburu, en 1956, al mismo tiempo que se desnacionalizan los depósitos bancarios, y se anula la reforma constitucional de 1949, dejando sin efecto el artículo 40, protector de los recursos naturales. la Argentina ingresa por la fuerza en el círculo de endeudamiento, e inflación con nuevos créditos para pagar los intereses de préstamos anteriores.

En 1956 resultó evidente que era imposible para el Gobierno militar cancelar el préstamo. Ante esa situación, el ministro de Finanzas francés invitó a los 11 países acreedores de la Argentina a reunirse en París.[25] De esta reunión surgió el Club de París, un foro informal de acreedores oficiales y países deudores. La autodenominada Revolución «Libertadora» se incorpora al FMI y al Banco Mundial en 1956. Al finalizar la dictadura militar Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido. Mientras que a fines de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro y divisas acumuladas en el Banco Central superaban en 1300 millones de dólares a la deuda externa, a fines de abril de 1958 era la deuda externa la que superaba en 1100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas.

Al caer Frondizi, en marzo de 1962, se la puede estimar en 1800 millones de dólares y al cesar el Gobierno de facto de José María Guido, en julio de 1963, bordea los 2100 millones.[26]

Argentina y el FMI

La idea de crear un Fondo Monetario Internacional (FMI) fue planteada el 22 de julio de 1944 durante la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En 1958 se convoca a elecciones, donde gana radical intransigente, Arturo Frondizi, con el fuerte apoyo del peronismo, que se hallaba proscripto. Según el diagnóstico presidencial, la condición económica heredada tras tres años del régimen militar de la Revolución «Libertadora» era dramática, siendo el principal problema el exceso de gastos sobre la producción nacional, lo que había conducido tanto a déficits comerciales como a un bajo nivel de inversión.

Arturo Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para elaborar un diagnóstico de la situación económica y preparar, junto a funcionarios argentinos, un programa de emergencia que el FMI contribuiría a financiar.[ cita requerida] En el partido, dentro del Gobierno y en la opinión pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los ideales « desarrollistas» y a las promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas inesperadas, como el lanzamiento de « La Batalla del Petróleo», habían desatado una airada protesta obrera y social en la cual se entrelazaban cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que debilitaban la posición del Gobierno frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.

El pacto con el FMI firmado por Donato del Carril a instancias de Frondizi tenía cláusulas secretas que incluían la reducción y despido del 15 % de los empleados públicos, la paralización total de obras públicas, privatización de empresas estatales, reducción y venta de frigoríficos y cierre masivo de ramales ferroviarios, restricciones crediticias, aumento de precios y congelamiento del salario mínimo por dos años. poco después se concreta la venta de 40 empresas estatales, proceso iniciado durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu.[27]

Dos misiones del FMI estuvieron en la Argentina en agosto y noviembre de 1958. Las primeras evaluaciones del Fondo sobre la situación económica y las perspectivas de que el país aplicara un genuino programa de estabilización [ cita requerida]fueron muy pesimistas debido a dos razones: por un lado, el Gobierno de Frondizi era políticamente débil. Por otra parte, para los observadores del FMI, en la sociedad argentina no había un consenso favorable a las profundas reformas que debían realizarse. Aun así, a mediados de diciembre los lineamientos del plan y la habitual «Carta de Intención» solicitando oficialmente ayuda al FMI, ya estaban listos.

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