Historia contemporánea de España

La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz).

La historia contemporánea de España es la disciplina historiográfica y el periodo histórico de la historia de España que corresponde a la Edad Contemporánea en la Historia Universal. Sin embargo, convencionalmente la historiografía española suele considerar como hito inicial no a la Revolución francesa, la Independencia de Estados Unidos o la Revolución industrial inglesa, sino un acontecimiento local decisivo: el inicio de la guerra de la Independencia de España (1808).[1]

Introducción

En el reinado de Carlos IV (1788-1808) comenzó la Crisis del Antiguo Régimen al verse envuelta la Monarquía española en las guerras de la República Francesa y del Imperio napoleónico. La crisis desembocó en el motín de Aranjuez de marzo de 1808 que forzó la destitución del ministro Manuel Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII y en las abdicaciones de Bayona dos meses después por las que ambos cedieron sus derechos a la Corona a Napoleón Bonaparte y este a su vez a su hermano José I. Todos estos hechos provocaron el inicio de la llamada mucho después guerra de la Independencia (1808-1814) contra el ejército napoleónico que había empezado la invasión de España en enero de ese año y que también fue una guerra civil pues hubo españoles, entre ellos buena parte de los ilustrados, que apoyaron a la Monarquía de José I, mientras otros muchos no reconocieron las abdicaciones de Bayona y se mantuvieron fieles al "rey cautivo" Fernando VII. Los líderes de estos últimos fueron retrocediendo hacia el sur ante el avance de las tropas napoleónicas y acabaron refugiados en Cádiz, donde las Cortes convocadas por la Junta Suprema proclamaron la "soberanía nacional" en septiembre de 1810 y elaboraron la Constitución de 1812 (vitoreada como la Pepa) en la que quedaron plasmados los principios de un Nuevo Régimen —la libertad individual, los derechos individuales, la libertad económica— que sus partidarios, llamados liberales, querían construir en sustitución del Antiguo Régimen —que había caracterizado la historia moderna de España— cuyo mantenimiento era defendido por los absolutistas. Además la legislación de las Cortes de Cádiz configuró temas de gran trascendencia en el desmontaje del Antiguo Régimen como la supresión de la Inquisición y la abolición de los señoríos.

Sin embargo, cuando Fernando VII volvió a España a principios de 1814 tras la victoria angloespañola en la guerra de la Independencia que puso fin a la Monarquía de José I —quien tuvo que abandonar España acompañado de los llamados despectivamente afrancesados que habían colaborado con él, dando lugar al primer exilio político de la historia contemporánea española— abolió la Constitución de 1812 y toda la obra revolucionaria de las Cortes de Cádiz, restaurando la Monarquía Absoluta y el Antiguo Régimen. Entonces los liberales tuvieron que seguir el mismo camino que los afrancesados y marchar al exilio. Comenzó así el largo proceso iniciado en Cádiz de la "Revolución española", como la llamaron los liberales del siglo XIX, que no lograría consolidar el nuevo Estado liberal hasta 60 años después. Este proceso de la revolución liberal —que fue precisamente en España donde recibió ese nombre— se caracterizó por sus debilidades estructurales y por la lentitud e indecisión en sus transformaciones económicas, sociales y políticas, hasta el punto de que su definición real, su condición excepcional u homologable a otros casos europeos, su ritmo y su fecha de culminación es objeto de diferentes interpretaciones.[2]

Durante el reinado efectivo de Fernando VII (1814-1833) se vivió la crisis definitiva de la Monarquía Absoluta íntimamente relacionada con la pérdida del Imperio de América tras el triunfo de los independentistas criollos en las guerras de independencia hispanoamericanas (1810-1825) y con los sucesivos pronunciamientos liberales que pretendían reinstaurar la Constitución de Cádiz hasta que en 1820 el encabezado por Rafael del Riego dio paso al primer ensayo de monarquía constitucional en España, que sólo duró tres años. Durante este Trienio Liberal los liberales se dividieron entre moderados y liberales "exaltados" y se vivió una situación de nueva guerra civil a causa de los levantamientos de las partidas realistas en defensa del "Trono y el Altar". En 1823 la intervención militar de los Cien Mil Hijos de San Luis enviados por la Santa Alianza dio paso a la segunda restauración del absolutismo, que provocó una segunda emigración liberal y dio lugar a la división de los absolutistas cuyo sector "ultrabsolutista" promovió una rebelión en Cataluña (la "guerra de los Agraviados") por estar en contra de las pequeñas reformas que había introducido Fernando VII presionado por las potencias de la Santa Alianza, y que encontraron en el hermano del rey Carlos María Isidro a su principal valedor. Cuando en 1830 Fernando VII tuvo por fin descendencia, la futura Isabel II, no fue reconocida como sucesora al trono por su condición de mujer por "don Carlos" , por lo que cuando murió Fernando VII en septiembre de 1833 estalló una guerra civil entre los "carlistas", partidarios de Carlos, y los "isabelinos" o "cristinos", partidarios de Isabel y de la regente María Cristina de Borbón, la esposa de Fernando VII que había quedado a cargo del reino hasta la mayoría de edad de su hija.

Caricatura sobre la relación del carlismo con el clero de la revista satírica La Flaca, de 1870, con el trilema carlista «Dios, Patria y Rey».

El pleito sucesorio que desencadenó la primera guerra carlista (1833-1840) derivó inmediatamente en un conflicto político entre los liberales, partidarios de Isabel y defensores del Nuevo Régimen, y los absolutistas, partidarios de don Carlos y defensores del mantenimiento del Antiguo Régimen. En el campo "isabelino" los liberales continuaron divididos entre los moderados, defensores del principio de soberanía compartida entre la Corona y las Cortes y que aceptaron el régimen de carta otorgada del Estatuto Real promulgado por la regente María Cristina en 1834 —que sólo reconocía el ejercicio de ciertos derechos por la mera voluntad de la monarquía—, y los antiguos liberales "exaltados", ahora llamados progresistas, que defendían el principio de la "soberanía nacional" para lo que reclamaban la reinstauración de la Constitución de 1812 aunque estaban dispuestos a alcanzar un consenso con los liberales moderados para reformarla. Las revueltas progresistas del verano de 1835 obligaron a María Cristina a nombrar presidente del gobierno al antiguo "exaltado" Juan Álvarez Mendizábal, y las del verano siguiente a restablecer la Constitución de 1812, que sería reformada, dando nacimiento en realidad a una nueva Constitución, la Constitución de 1837 basada en el sufragio restringido. Durante los dos años que estuvieron en el poder los progresistas se llevó a cabo la Revolución liberal que acabó con el Antiguo Régimen y puso las bases del Nuevo Régimen. El triunfo del ejército isabelino al mando del general Baldomero Espartero en la guerra carlista —que se saldó con el abrazo de Vergara— hizo esos cambios irreversibles.

En 1840 el conflicto que surgió entre el general Espartero, que gozaba de una enorme popularidad por su triunfo en la guerra civil, y la regente María Cristina se saldó con la marcha de ésta al exilio y la asunción de la regencia por el propio Espartero. Tres años después moderados y progresistas apoyaron el pronunciamiento del general moderado Narváez que puso fin a la Regencia e Isabel II fue proclamada mayor de edad aunque sólo tenía catorce años, iniciándose así su reinado efectivo (1844-1868). Durante el mismo los moderados se hicieron con el poder y aprobaron la Constitución de 1845 basada en los principios del liberalismo doctrinario que no reconocía la "soberanía nacional" por lo que fue rechazada por los progresistas. Dada la vinculación de la Corona con el partido moderado los progresistas tuvieron que recurrir al pronunciamiento militar para acceder al poder, lo que dio un especial protagonismo político a los "espadones" (a los generales políticos). En 1854 triunfó el pronunciamiento encabezado por el general Espartero, líder entonces de los liberales progresistas, y el general Leopoldo O'Donnell, que dio paso al bienio progresista y que terminó en 1856 con la vuelta al poder de los moderados encabezados por el general Narváez. Tras un período de relativa estabilidad gracias a los gobiernos de Unión Liberal del general O'Donnell (1858-1863), cuando la Corona volvió a vincularse a los moderados, los progresistas, esta vez encabezados por el general Juan Prim tras la retirada de la vida política de Espartero, volvieron a los pronunciamientos como forma de alcanzar el poder. Finalmente el de septiembre de 1868 (denominado "La Gloriosa Revolución", y en el que también participaron el Partido Demócrata y la Unión Liberal encabezada por el general Serrano tras el fallecimiento del general O'Donnell) puso fin a la propia Monarquía de Isabel II quien tuvo que marchar al exilio —la reina destronada moriría en París en 1902—.

Lo que oponía a moderados y progresistas, lo que quedó reflejado en las respectivas constituciones de 1837 y de 1845, era el tratamiento de temas como el equilibrio de poderes entre Rey y Parlamento, la libertad de prensa, el juicio por jurado, la función de los ayuntamientos, la extensión del derecho de sufragio, o el orden público (confiado a instituciones revolucionarias como la Milicia Nacional, como defendían los progresistas, o a un cuerpo profesional, la Guardia Civil creada por los moderados).[3]

Durante el reinado de Isabel II se impuso la nueva sociedad burguesa gracias a la nueva clase de propietarios beneficiados por las sucesivas desamortizaciones (la de Mendizábal, 1836 y la Madoz, 1855), aliada a la antigua nobleza que consiguió la plena propiedad de las tierras de sus señoríos, al proceso industrializador que se inició tímidamente, y a la relativa expansión agraria surgida de la reforma agraria liberal (uno de cuyos hitos fue la abolición en 1836 de los privilegios ganaderos de la Mesta) y que permitió alimentar a una creciente población e incluso exportar excedentes. También contribuyó a los cambios sociales y económicos la apertura a las inversiones extranjeras en minas y ferrocarriles, de costoso trazado, pero que integrarían espacialmente el mercado nacional, mientras que los intereses de la burguesía textil catalana se orientaron a la reserva para su producción del débil y desarticulado mercado interno y los restos del mercado colonial de Cuba y Puerto Rico. Así surgió el enfrentamiento entre el proteccionismo y el librecambismo en el comercio exterior,[5]​ y en términos fiscales entre los impuestos directos (contribuciones, que gravan según la propiedad) y los indirectos (consumos, que afectan a todos). La expresión ideológica de la combinación de esos intereses económicos con las redes clientelares y otros factores de alineamiento político fueron las ramas progresista y moderada del liberalismo español.

Tras el convulso periodo del Sexenio Democrático (1868-1874), en que se experimentaron sucesivamente dos soluciones políticas democráticas, la monarquía de Amadeo I y la Primera República Española (primero federal y luego unitaria bajo la dictadura de Serrano, se impuso el proyecto de Antonio Cánovas del Castillo de la Restauración (1875-1923), en el que se produciría el "turno" pacífico en el gobierno entre el Partido Conservador encabezado por el propio Cánovas y el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, gracias a la manipulación de los resultados electorales mediante el caciquismo y el pucherazo si fuera necesario que dejaría a los partidos no dinásticos (republicanos, socialistas, nacionalistas catalanes y vascos) fuera de cualquier posibilidad de acceder al gobierno, y ello incluso después de aprobarse el sufragio universal (masculino) en 1890. Este bloqueo institucional provocó, entre otras razones, la conformación a finales del siglo XIX de un proyecto nacionalista alternativo en Cataluña con las Bases de Manresa aprobadas en 1892.[7]

Las masas populares, sometidas a grandes desequilibrios sociales y espaciales, sufrieron un desigual proceso de proletarización acompañado por las primeras manifestaciones del movimiento obrero español; aunque como factores de movilización fueron muy eficaces cuestiones no estrictamente laborales (revueltas por la carestía de los alimentos —motín de subsistencias—, o antifiscalesmotín de consumos—), o claramente ideológicas, como el anticlericalismo, por el alineamiento de la Iglesia Católica con el poder, y el antimilitarismo (ante las injusticias del sistema de reclutamiento).

El desastre de 1898 llevó a la pérdida de la práctica totalidad de las pocas colonias ultramarinas que permanecían bajo soberanía española: Cuba, Puerto Rico, Filipinas además de algunas islas del pacífíco como las Marianas o Palaos. No obstante, la repatriación de capitales y una notable sacudida ideológica y social en forma de reacción regeneracionista permitió que España entrara en el siglo XX en un periodo de notable vitalidad: la denominada edad de plata de las ciencias y las letras españolas.[8]

Escena de la batalla de Guadalajara (marzo de 1937), uno de los episodios de la Guerra Civil Española.

La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial permitió un desarrollo acelerado pero con fuertes desequilibrios económicos, políticos y sociales, que estallaron en la crisis de 1917. El sistema de la Restauración no pudo recuperarse del escándalo posterior al desastre de Annual de 1920, y se produjo un golpe de estado que instauró la Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), que intentó llevar a cabo un corporativismo con ciertas características similares al fascismo italiano, pero que no se prolongó en el tiempo. La oposición republicana, coordinada en el Pacto de San Sebastián, se impuso en las grandes ciudades en las elecciones municipales de 1931, en medio de una movilización popular que obligó al rey a exiliarse y llevó a la proclamación de la Segunda República Española.[9]

Los republicanos de izquierda de Manuel Azaña aliados a los socialistas (PSOE y UGT) iniciaron un proceso de transformación en todos los ámbitos durante el primer bienio (1931-1933), que fue frenado por los gobiernos radical-cedistas del segundo bienio (noviembre de 1933-febrero de 1936), enfrentados a la oposición violenta de partidos y sindicatos obreros y nacionalistas catalanes en la revolución de octubre de 1934. Las elecciones de febrero de 1936 dieron el triunfo al Frente Popular, tras lo que las fuerzas conservadoras optaron por la solución militar. La resistencia popular a la sublevación del 18 de julio de 1936 dividió físicamente a España en dos, iniciándose la guerra civil española (1936-1939).[10]

Contrariamente a la división interna del bando republicano, donde la polémica entre "ganar la guerra para hacer la revolución" o "hacer la revolución para ganar la guerra" impidió una coordinación efectiva entre sus múltiples y opuestos componentes;[12]

El final de la guerra supuso el asentamiento de un régimen dictatorial marcadamente personalista y con características calificadas en mayor o menor grado de fascistas por la historiografía,[14]

El cuarto y el primer presidentes del Gobierno, Adolfo Suárez y José María Aznar (arriba de la imagen) junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol y el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón (noviembre de 1995).

La transición a la democracia se produjo no sin tensiones, pero de forma pacífica, en contraste con la violencia tradicional de las transformaciones políticas españolas; produciéndose la alternancia en el gobierno de partidos de orientación moderada hacia la derecha o hacia la izquierda: Adolfo Suárez (1976-1981) y Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982) —UCD—, Felipe González (1982-1996) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) —PSOE— y José María Aznar (1996-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018) —PP— en una monarquía parlamentaria en la que el presidente del gobierno se convirtió en la figura clave, quedando la del rey (Juan Carlos I durante todo el periodo) reducida a un papel institucional similar al de las monarquías europeas contemporáneas, excepto en un momento clave, como fue el 23-F.[16]

Velas en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha de Madrid.

Para muchos historiadores y especialistas el Siglo XXI comienza el 11 de septiembre de 2001 con el ataque terrorista de Al-Qaeda contra los Estados Unidos en el que fueron asesinadas unas 3000 personas, fue el inicio de una nueva era que cambió al mundo y también a España, que vivirá, desde entonces, muy pocos periodos de tranquilidad. Incluso durante los ocho primeros años de bonanza económica sin igual, los españoles sufren una brutal ofensiva etarra que acabó con la vida de 38 persona en dos años (2000-2001), la mayor catástrofe ecológica de su historia —hundimiento del Prestige— (2002), el peor ataque terrorista de la historia de Europa —11 de marzo de 2004— y el accidente aéreo con mayor número de víctimas (154 personas) en suelo europeo desde 1988 —vuelo de Spanair— en un año 2008 en el cual se inició una grave crisis económica, financiera e inmobiliaria en España que abrió un periodo de incertidumbre social que acabó derivando en una situación política inédita desde 1977. La recesión económica lleva a un aumento del desempleo sin precedentes —llegando a los 6 millones de parados en 2013—. En ese contexto se impone el PP de Mariano Rajoy por mayoría absoluta en las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Dicho año pasará a la historia como el del final de «la lucha armada» de la banda terrorista ETA. El gobierno popular aprobó de inmediato medidas para recortar el gasto público, en medio de una crisis de las entidades financieras de grandes proporciones y de los desahucios de muchas familias que no pueden pagar las hipotecas constituidas en el periodo de bonanza económica. A partir de 2012 empiezan a aparecer una serie de casos de corrupción de los partidos políticos —en especial el caso Bárcenas— que allanan el aparecimiento de dos nuevas fuerzas políticas a nivel nacional: por la izquierda Podemos y por el centro Ciudadanos. En las elecciones europeas de 2014 y en las autónomicas y municipales del año siguiente ya se vivió su auge electoral, y las elecciones generales del 20-D de 2015 suponen la eliminación del bipartidismo de PSOE y PP presente desde 1982, situación que se mantuvo en las primeras elecciones repetidas en 2016 que tuvieron lugar al no llegar a ningún acuerdo para investir a un presidente del Gobierno. Al filo de las terceras elecciones, y tras más de 300 días de gobierno en funciones, el PSOE concede con fuertes discrepancias internas, la abstención para que el PP de Rajoy, ahora en minoría en el Congreso, continúe en el poder, en el marco de una crisis económica atenuada, al disminuir el paro y estar en positivo el crecimiento económico, pero lastrada por un déficit aún mayor y una deuda pública aumentando.