Herriko taberna

Exterior de una herriko taberna en Zarauz (Guipúzcoa). La persiana contiene un mensaje reivindicativo a favor del acercamiento de presos vascos a Euskal Herria.

Herriko taberna (del euskera, «taberna del pueblo») es el nombre que reciben los bares donde se reúnen los afiliados y simpatizantes de la izquierda abertzale (la izquierda independentista vasca).

  • vinculación con eta según la justicia española
  • referencias

Vinculación con ETA según la justicia española

Sumario 35/02

En abril de 2002 se inició el «sumario 35/02», más conocido como el de las «herriko tabernas», con la detención de 11 personas ordenada por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.[5]

El 23 de octubre de 2006, la sala especial del artículo 61 LOPJ del Tribunal Supremo, encargada de controlar el proceso de ilegalización de Batasuna, decretó un nuevo inventario de «herriko tabernas» en aras de liquidar los bienes de la formación ilegalizada,[8]

Estos registros fueron criticados por todos los partidos de la izquierda abertzale (tanto los legales como los ilegalizados), desde Aralar hasta Batasuna. En algunos casos también se produjeron protestas en forma de concentraciones o manifestaciones.[9]

El 12 de diciembre de 2007, los 16 magistrados que componen la sala especial del art. 61 LOPJ decretaron improcedente la clausura y embargo de las «herriko tabernas», ya que no se podía probar jurídicamente que perteneciesen a Batasuna al ser sus titulares personas particulares.[7]

Juicio

En julio de 2008, con su petición de apertura de juicio oral, el Ministerio Público dio por finalizada la instrucción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional[1]

La Fiscalía sostuvo que las «herriko tabernas» estaban subordinadas a Herri Batasuna y ésta, a su vez, estaba controlada por ETA; por lo que eran empleadas para reclutar nuevos militantes, guardar temporalmente armas y explosivos, y marcar posibles objetivos.[1]

Sentencia

El 12 de marzo de 2014 el «sumario 35/02» quedó listo para sentencia. Pero no fue hasta finales de julio de 2014 en que la Audiencia Nacional dictó sentencia, aceptando la petición de la Fiscalía, por dos votos a favor y uno en contra, y condenando a 20 exdirigentes de Batasuna, al considerar acreditado que financiaron a ETA a través de las «herriko tabernas». Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro, Joseba Álvarez y Karmelo Landa fueron condenados a tres años de prisión por un delito de integración en organización terrorista, mientras que el resto fueron condenados a un año y tres meses por un delito de colaboración, si bien algunos ya habrían cumplido su pena en prisión provisional.[1]

La sentencia, que también acordó el comiso de 111 «herriko tabernas» y absolvió por falta de pruebas a otros 14 acusados, contó con el voto particular de la magistrada Clara Bayarri, quien defendió la absolución de todos los procesados al considerar que no existían pruebas de cargo suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia, al tiempo que criticó la criminalización que la sentencia hacía de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, porque el hecho de que ETA intentase controlar a la izquierda abertzale no implicaría que lo consiguiera, sobre todo a partir de 1990, «ni que tal proceso de fagocitación fuera aceptado» por estos partidos políticos, cuya ilegalidad es solo administrativa y nunca han sido declaradas organizaciones terroristas.[12]

Por su parte, el Gobierno Vasco también criticó el fallo judicial ya que, a su entender, no se adecuaría «al nuevo tiempo sin violencia ni al proceso de pacificación y convivencia».[13]

En junio de 2015 el Tribunal Supremo ratificó el comiso de 107 locales, para su subasta «en beneficio del Estado», y rebajó a un año y diez meses la pena de prisión de los cinco máximos condenados, con el atenuante de «dilaciones indebidas», por lo que ninguno de ellos se vio obligado a ingresar en prisión.[15]

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