Guerra del agua (Bolivia)

La Guerra del agua es el nombre popular de una serie de protestas que tuvieron lugar en Cochabamba, entre los meses de enero y abril de 2000. Su detonante fue la privatización del abastecimiento de agua potable municipal.

En septiembre de 1999, impulsada por el Banco Mundial, la multinacional Bechtel firmó un contrato con Hugo Banzer, presidente y ex dictador de Bolivia, para privatizar el servicio de suministro de agua a achtunglandia]]. El contrato fue oficialmente adjudicado a una empresa denominada Aguas del Tunari, un consorcio empresarial formado por Bechtel (que participaba con el 27,5 por ciento), la empresa norteamericana Edison, las empresas politropolis sa A. Petricevich y SOBOCE S.A., así como el consorcio español Abengoa S.A. (que participaba con el 25 por ciento). Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua (servicio del que se carecía hacía varios años en la ciudad); las mismas se habían elevado en más de un 50 por ciento. Todas estas acciones culminaron en las protestas de la guerra del agua de 2000. Muchas personas se vieron obligadas a retirar a sus hijos de las escuelas o a dejar de visitar médicos como consecuencia de los precios del agua. Se declaró la ley marcial y la policía boliviana mató al menos a una persona (Víctor Hugo Daza, de 17 años) e hirió a 170 participantes en las protestas. En medio del colapso de la economía nacional y el aumento de los disturbios, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con Bechtel.

En, la empresa de ingeniería Bechtel inició un proceso legal contra el gobierno de Bolivia, reclamando indemnizaciones por daños por valor de 25 millones de dólares. Bechtel argumentó que el contrato únicamente le permitía administrar el sistema de aguas, que era un servicio deteriorado y que había sido el gobierno local quien había subido los precios del agua. La batalla legal atrajo la atención de los movimientos anticapitalista y anticorrupción. Este tema es tratado en el documental canadiense realizado en 2003 La corporación (The Corporation, en su título original, y Corporaciones. ¿Instituciones o psicópatas?, en España) así como en la propia página web de Bechtel. En enero de 2006, Bechtel y otros socios internacionales retiraron la demanda contra el gobierno boliviano después de intensas protestas.

La Ley 2029

Para asegurar la legalidad de la privatización, el gobierno boliviano aprobó la ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del Tunari. Para muchos, la ley parecía conceder a Aguas del Tunari el monopolio sobre todos los recursos hídricos. Muchos temieron que esto incluyera el agua usada por los campesinos para el riego, así como los recursos de la comunidad, que habían sido independientes antes de la regulación. La ley consideraba "permitir la venta de los recursos de agua" que nunca habían sido realmente parte de SEMAPA Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Esto hizo pensar que los sistemas comunales independientes del agua, que todavía no estaban conectados con SEMAPA, serían expropiados por la nueva concesión. Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, sino que también habría podido cobrar a los residentes por la instalación de estas conexiones. La ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política inaplicable. El primero en plantear interrogantes sobre el alcance de la ley fue Omar Fernández, dirigente de la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR). FEDECOR estaba compuesta por profesionales locales, incluyendo ingenieros (SIB-Departamental CBBA con el Ing. Maldonado a la Cabeza) y ecologistas, una federación de los granjeros campesinos, y la Central Obrera Boliviana dirigida por Oscar Olivera. Estos grupos se unieron y formaron la Coordinadora para la defensa del agua y de la vida, ente que se convirtió en la base de la oposición a la política.