Guerra Civil Española

Guerra Civil Española
Guerra civil española montaje.png
De arriba abajo y de izquierda a derecha: batalla del Ebro, asedio del Alcázar de Toledo, bombardeo de Guernica, batalla de Madrid y batalla de Belchite.
Fecha 17 de julio de 1936- 1 de abril de 1939 (2 años, 8 meses y 15 días)
Lugar España[a]
Casus belli Fracaso parcial del golpe de Estado de julio de 1936
Conflicto Guerra civil entre los bandos republicano y sublevado
Resultado Victoria del bando sublevado e implantación de la dictadura de Francisco Franco
Consecuencias Véanse Consecuencias
Beligerantes

Apoyado por:

Apoyado por:

Comandantes
Fuerzas en combate
Bajas
~500 000
~120 000 en retaguardia[2]
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La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y bélico —que más tarde repercutiría también en una crisis económica— que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 llevado a cabo por una parte del Ejército contra el gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo del Estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la Península en las últimas semanas de julio,[4] comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975.

La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo.[5]

A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado:

Ambos bandos cometieron y se acusaron recíprocamente de la comisión de graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de presos, paseos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. La dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos cometidos en la zona republicana, llegando incluso a instruir una Causa General, todo ello con escasas garantías procesales. Por su parte, los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados durante el franquismo, a pesar de que algunos historiadores[e]

Las consecuencias de la guerra civil han marcado en gran medida la historia posterior de España, por lo excepcionalmente dramáticas y duraderas: tanto las demográficas —mortandad y descenso de la natalidad que marcaron la pirámide de población durante generaciones— como las materiales —destrucción de las ciudades, la estructura económica, el patrimonio artístico—, intelectuales —fin de la denominada Edad de Plata de las letras y ciencias— y políticas —la represión en la retaguardia de ambas zonas, mantenida por los vencedores con mayor o menor intensidad durante todo el franquismo, y el exilio republicano—, y que se perpetuaron mucho más allá de la prolongada posguerra, incluyendo la excepcionalidad geopolítica del mantenimiento del régimen de Franco hasta 1975.

Antecedentes

Portada de la Constitución de 1931.

En enero de 1930 el general Miguel Primo de Rivera reconoce el fracaso de la Dictadura que había instaurado en septiembre de 1923 con el apoyo del rey y dimite.[14]

Durante el primer bienio de la Segunda República Española se aprueba la nueva Constitución republicana y el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como Presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como Presidente del Gobierno.

No obstante, el amplio abanico de reformas que emprendió el gobierno "social-azañista" encontró gran resistencia entre los grupos sociales y corporativos a los que se intentaba "descabalgar" de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica o el militarismo “africanista”. Este último organizó un fracasado golpe de estado en agosto de 1932 encabezado por el general Sanjurjo.[16] Así se produjeron una serie de levantamientos anarquistas (en enero y diciembre de 1933) reprimidos con dureza.

La coalición encabezada por Azaña se deshace y se convocan elecciones para noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres, que son ganadas por la derecha católica de la CEDA y por el centro-derecha republicano del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Este forma gobierno con el objetivo de “rectificar” las reformas del primer bienio, no anularlas, para incorporar a la República a la derecha “accidentalista” (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario, que le dan su apoyo parlamentario.[18]

La Revolución de octubre de 1934 hizo aumentar en el gobierno radical-cedista los temores a que un próximo intento de una "revolución bolchevique" acabara triunfando. Esto acentuó la presión sobre el Partido Radical para llevar adelante una política más decididamente legisladora o contrarrevolucionaria.[22]

El resultado de las elecciones de febrero de 1936 fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47.1%) sobre las derechas (45.6%), mientras el centro se limitó a un 5.3%. Pero como el sistema electoral primaba a los ganadores, esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del Frente Popular.[23]

El Gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936)

El miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del Frente Popular, formaba un gobierno que, conforme a lo pactado con los socialistas, sólo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana).[25]

La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, "legalizando" así el asalto a varias cárceles por la multitud, pero dando cumplimiento también al punto principal del programa electoral del Frente Popular.[26]

La “cuestión agraria” fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo, especialmente en Extremadura.[32]

La actividad del parlamento estuvo paralizada casi todo el mes de abril debido al proceso de destitución del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, iniciado y aprobado por la izquierda, y su sustitución por Manuel Azaña, que fue investido en su nuevo cargo el 10 de mayo de 1936, siendo sustituido al frente del gobierno por su compañero del partido Izquierda Republicana, Santiago Casares Quiroga[34] , quien asumiría a su vez la cartera de Guerra.

El nuevo gobierno de Casares Quiroga continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el bienio radical-cedista, a los que se añadieron algunos otros.[35]

Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno fue la oleada de huelgas que se produjeron declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos de la CNT y la UGT, en las que en muchas de ellas se hablaba de revolución,[37]

Otro de los problemas del gobierno de Casares Quiroga fue la división interna del PSOE, el partido más importante del Frente Popular,[40]

La violencia política

Los gobiernos del Frente Popular también tuvieron que hacer frente a un aumento de la violencia política provocada por el partido fascista Falange Española, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal, pero que tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de afiliaciones de jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta, y por la respuesta que le dieron las organizaciones de izquierda.[43]

Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto Aniversario de la República. Junto a la tribuna principal estalló un artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que causaron la muerte a Anastasio de los Reyes, alférez de la Guardia Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Al día siguiente se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados José María Gil Robles, líder de la CEDA, y José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica antirrepublicana y antidemocrática, además de oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres heridos. Uno de los muertos fue el estudiante Ángel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera.[43] También resultó herido un joven tradicionalista ( carlista), José Llaguno Acha, y una muchedumbre intentó linchar al teniente José del Castillo Sáenz de Tejada al que se le acusó de dispararle.

Entre abril y julio los atentados y las reyertas protagonizadas por falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera, la mayoría de ellas en Madrid. Unos cuarenta miembros de Falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de las organizaciones de izquierda.[45]

El aumento de la violencia política y el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares tanto entre la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas) como entre la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas), y entre los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Catalunya y del PNV), aunque no estaban armadas y su actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular presidido por Santiago Casares Quiroga no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de justificación para el "golpe de fuerza" militar que se estaba preparando.[45]

En la noche del domingo 12 de julio era asesinado en la calle de Fuencarral de Madrid el teniente de la Guardia de Asalto e instructor de las milicias socialistas José del Castillo Sáenz de Tejada[48] El teniente Castillo era muy conocido por su activismo izquierdista y se le atribuía la frase «Yo no tiro sobre el pueblo» tras haberse negado a participar en la represión de la Revolución de Asturias, acto de rebeldía que le costaría un año de cárcel.

Como represalia, los compañeros policías del teniente Castillo, dirigidos por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, secuestraron en su propio domicilio y asesinaron en la madrugada del día siguiente a José Calvo Sotelo, líder de los monárquicos "alfonsinos" (que no tuvo nada que ver con el asesinato del teniente Castillo), y abandonaron el cadáver en el depósito del cementerio de la Almudena. En el entierro de Calvo Sotelo, el dirigente monárquico Antonio Goicoechea juró solemnemente “consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España”. Por su parte, el líder de la CEDA, José María Gil Robles en las Cortes les dijo a los diputados de la izquierda que “la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros” y acusó al gobierno de tener la “responsabilidad moral” del crimen por “patrocinar la violencia”.[47]

Según el estudio más completo que se ha realizado sobre las víctimas mortales como resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936, antes de iniciarse el golpe de estado, hubo un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además ese estudio constata que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política fue disminuyendo en esos cinco meses.[49]

La violencia política de los meses de gobierno en paz del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, fue utilizada después por los vencedores en la guerra civil como justificación de su alzamiento. Hoy en día, el debate sigue abierto, aunque la mayoría de los historiadores opinan que en absoluto puede hablarse de una "primavera trágica" en la que el gobierno del Frente Popular hubiera perdido el control de la situación.[42]

Durante los primeros meses de 1936 se produjo una polarización de la política española, en cuyos extremos se situaba la izquierda revolucionaria y la derecha fascista, y en medio una izquierda moderada y una derecha republicana junto con un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y monárquico (que representaba a muchos militares, terratenientes y a la jerarquía católica que veían peligrar su posición privilegiada y su concepto de la unidad de España). Una división que podía remontarse al siglo XIX cuando tuvo lugar el difícil proceso de cambio que se inició en 1808 para poner fin al absolutismo que lastraba al país, manteniendo fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no privilegiados, y que el moderantismo decimonónico sólo consiguió superar parte. El resultado fue una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados a (y dominados por) los caciques y la Iglesia; unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos y, por lo tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada. También provenía del siglo XIX la tradición de que los problemas no se arreglaban más que con los pronunciamientos. No es extraño, pues, que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los pesimistas.

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