Fuerzas Armadas de Chile

Fuerzas Armadas de Chile
Bandera del ministro de Defensa de Chile.svg
Cuerpos Ejército de Chile Ejército

Armada de Chile Armada Fuerza Aérea de Chile Fuerza Aérea

Mandos
Ministro de Defensa José Antonio Gómez Urrutia
Jefe del Estado Mayor Conjunto General de Aviación Arturo Merino Ñuñez
Personal
Edad militar 18 años
Personal activo 87.200
Personal de reserva 104.000
Gastos
Presupuesto US$ 5.483 millones ( 2016) [1]
 % PIB 1,99 % [2]
Industria
Proveedores nacionales ENAER
FAMAE
ASMAR
LINKTRONIC
DTS
SISDEF
DESA
DYMEQ
Proveedores extranjeros General Dynamics
Lockheed Martin
Santa Bárbara Sistemas
Elbit Systems
Airbus Military
Colt's Manufacturing Company
Heckler & Koch
BAE Systems
Indra Sistemas
MBDA
Boeing
Raytheon
de Havilland
Republic Aviation
Northrop Grumman
EADS

Las Fuerzas Armadas de Chile están conformadas por el Ejército (1810), la Armada (1817) y la Fuerza Aérea (1930) y son dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. La Constitución les encomienda la defensa del país y establece su carácter esencial en la seguridad nacional.

A nivel de trabajo conjunto, existe el Estado Mayor Conjunto, integrado por miembros de cada una de las ramas de las FF.AA., que asesora al Presidente de la República en sus materias propias.

El Ministro de Defensa es el superior administrativo en la cadena de mando y, solo en caso de guerra, el presidente de la República asume la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.[3]

Financiamiento

El presupuesto militar de Chile para el año 2016, es de US$ 5.230 millones de dólares, representa el 2 % del PIB nacional, uno de los más altos de la región. Su financiamiento se realiza como parte del presupuesto regular del Estado y por medio de la ley 13196, conocida como la Ley reservada del cobre, del 29 de octubre de 1958,[4] luego del incidente del islote Snipe, durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, como un impuesto del 15 % a las utilidades de la gran minería, para asegurar una fuente de financiamiento permanente de las FF.AA. sin depender de los vaivenes de la política.

El alto monto del presupuesto se debe a que, a diferencia de otros países, Chile en su presupuesto considera todos los ítemes: presupuesto operacional y de adquisiciones, también lo que se destina a la salud y pensiones del sector en retiro. Además también se incluye el presupuesto destinado a Carabineros de Chile (policía uniformada) junto a la salud y pensiones de su sector en retiro.

Durante el gobierno socialista de Salvador Allende las faenas de la gran Minería del cobre fueron nacionalizadas bajo la ley ley 17450 aprobada en pleno por el parlamento; completando el proceso de adquisición que había iniciado el Estado de Chile durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, denominado «chilenización del cobre». Dicha ley fue modificada en 1973, siendo una de las primeras medidas en Dictadura Militar, ya que, desde el punto de vista de las nuevas autoridades, esta ley significa para el estado dejar de percibir los impuestos que gravaban las empresas, en su totalidad de nacionalidad estadounidense. En razón de ello se cambió el porcentaje del 15% de las utilidades de las empresas al 10% de las ventas percibidas exclusivamente por el estado; y en 1986, pasando a asegurar el 10% de las ventas brutas al exterior, estableciendo un piso mínimo de US$ 90 000 000. En 1986 se duplicó dicho piso. Al estar estos movimientos bajo la ley reservada del cobre, no son públicos movimientos contables, ni en que fueron invertidos, sino hasta el año 2003, en que se comienza el proceso de transparentación.[5]

A fines del año 2004, el gobierno de Ricardo Lagos obtuvo una reinterpretación de la ley, mediante un dictamen de la Controlaría General de la República, el cual estableció que los recursos excedentes a los fondos repartidos entre las ramas de las Fuerzas armadas, sobre el piso mínimo asignado a cada una de ellas, quedaría a disposición de Consudena (Consejo Superior de Defensa Nacional)

Con el alza internacional del precio del cobre, tales excedentes aumentaron considerablemente; en un inicio éstos se invertían en el extranjero y desde 2005 comenzaron a ser depositados únicamente en bancos nacionales, bajo la administración del Consudena, la que fue criticada, ante la posible falta de especialización de su personal y la baja supervisión de la que era objeto, en consideración a la magnitud de los fondos manejados.

El año 2007, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se decidió financiar con fondos de esta ley la construcción y habilitación de los edificios de la Fuerza Aérea y el Ejército y las nuevas oficinas del Ministerio de Defensa, tras la decisión de dejar el Edificio Diego Portales, hoy Centro Cultural Gabriela Mistral.

La ley 20424, de 4 de febrero de 2010, estableció que, a partir de la fecha que señalara el presidente de la República, a través de un decreto con fuerza de ley, quedaría derogada la ley 7144, que creó el Consudena, y sus modificaciones, y que para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, el Ministerio de Defensa Nacional sería el sucesor del Consudena, correspondiéndole hacerse cargo de los derechos y obligaciones de los que aquel fuera titular y que existieren o se encontraren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma. Mediante el decreto con fuerza de ley nº 1, promulgado el 27 de enero de 2011, se dispuso que el Consejo Superior de Defensa Nacional quedaba suprimido y derogada la ley 7.144 a contar del 4 de febrero de 2011.

En 2011 el gobierno de Sebastián Piñera, además de haber confiscado los fondos de la ley reservada del cobre durante el periodo de su gobierno, presentó un proyecto de ley que busca crear un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas, eliminando la «Ley reservada del cobre», sobre la base de un presupuesto plurianual de cuatro años.[6]

En 2015 se destapó un caso de malversación de fondos provenientes de esta ley, realizada por miembros del Ejército entre 2010 y 2014, el cual fue denominado por la prensa como Milicogate

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