FATF

La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales también conocida por su nombre en francés como Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el G8. El propósito de la FATF es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Políticas y recomendaciones

Las políticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relación al blanqueo de capitales que, junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiación del terrorismo, constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades. Las mismas fueron diseñadas con la intención de que sean implementadas en los diferentes países observando la legislación local vigente.

Después de ser publicadas, las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y luego en 2003. Estas instan a los estados a:

  • Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislación.
  • Condenar el blanqueo de capitales y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero.
  • Implementar políticas para los usuarios de los bancos (Ej: Verificación de la identidad personal ). Guardar un registro de las transacciones sospechosas de instituciones financieras, de negocios y no financieras.
  • Establecer una unidad de inteligencia financiera, que reciba y procese los reportes de transacciones sospechas o dudosas.
  • Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecución del blanqueo de capitales.

La FATF publicó 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Para el 2004 la FATF publicó una novena recomendación especial en contra de la financiación al terrorismo.

Las recomendaciones especiales amplían la aplicación de las iniciales cuarenta recomendaciones introduciendo nuevos requisitos relacionados con servicios bancarios como remesas, transferencia de dinero por teléfono, organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y mecanismos alternos de transferencia de dinero.

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