Exilio político durante la dictadura militar de Chile

El exilio político durante la dictadura militar de Chile fue la expatriación masiva, de manera forzada o voluntaria, de personas de ideología marxista, producido entre 1973 y 1990 hacia países que les otorgaron asilo político. Como parte de las medidas anticomunistas tomadas por la dictadura chilena, se contemplaba la expulsión y la prohibición de ingreso al país, tanto de chilenos como extranjeros, militantes o colaboradores comunistas y socialistas, con la justificación de que ambas son doctrinas calificadas por las autoridades de la época como «que tienden a destruir o alterar por la violencia el orden social del país y el sistema de gobierno».[2]​ fue el principal motivo de emigración chilena durante el siglo XX y el mayor movimiento migratorio hacia el exterior en la historia nacional.

Este periodo se enmarca dentro del exilio político latinoamericano, que en América del Sur ocurrió también un proceso similar con el establecimiento de regímenes autoritarios militares en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Antecedentes

Como reacción internacional al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 encabezado por Augusto Pinochet, algunos países con políticas afines a la Unidad Popular, como Cuba y la Unión Soviética, rompieron relaciones diplomáticas con Chile inmediatamente una vez derrocado el gobierno de Salvador Allende, mientras que otros, que en sus políticas de relaciones internacionales abogaban por la democracia y los derechos humanos, bajaron el nivel de las misiones diplomáticas bilaterales de embajadas a consulados, congelando negociaciones y manteniendo distancia con la dictadura militar. Sus respectivos edificios donde funcionaban sus representaciones diplomáticas en Santiago de Chile, sirvieron de refugio para personas vinculadas a la izquierda chilena que solicitaban auxilio, a fin de no ser detenidos o procesados por razones políticas, siendo aplicado el principio de extraterritorialidad contemplado por el derecho internacional. La propia primera dama, Hortensia Bussi, partió al exilio en México junto a su familia previo a ser recibidos por la embajada de dicho país.[3]​ Asimismo, los presidentes de la República, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, también se exiliaron con anterioridad a ejercer el cargo.

Los chilenos restringidos de ingresar al territorio nacional se encontraban expuestos a sanciones si intentaban hacerlo, al ser considerado como una entrada ilegal. Los castigos iban dirigidos principalmente a la ciudadanía de la persona, que fluctuaban desde la suspensión o cancelación del pasaporte chileno hasta la pérdida de la nacionalidad chilena, quedando expuestos a la condición de apátridas y dificultando la situación migratoria de los expatriados:

"Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de las personas nacionales o extranjeras, que... a juicio del Gobierno constituyan un peligro para el Estado...Tratándose de chilenos, el Ministerio del Interior dictará un Decreto Supremo prohibiendo su ingreso al país y la autoridad administrativa correspondiente ordenará la cancelación del pasaporte, en su caso."

Decreto Ley 604 del 10 de agosto de 1974.[1]
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