Estatuto de Autonomí­a del País Vasco de 1936

Ikurriña adoptada por el Gobierno de Euzkadi formado tras la aprobación de Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 y bajo la presidencia de José Antonio Aguirre.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 fue una ley aprobada por las las Cortes de la Segunda República Española el 1 de octubre de 1936 en Valencia, ya comenzada la Guerra Civil y sin la participación de Navarra y después de un largo y complicado proceso iniciado en 1931. Tras la aprobación del Estatuto se formó el primer Gobierno autónomo, del 7 de octubre de 1936 al 30 de marzo de 1937. Este Gobierno de Euzkadi fue presidido por José Antonio Aguirre, del Partido Nacionalista Vasco, y contó con participación de representantes del PSOE, PCE, Acción Nacionalista Vasca, Izquierda Republicana y Unión Republicana.

Historia

El Estatuto de Estella

El País vasconavarro inició el proceso para la consecución de un Estatuto de Autonomía muy pronto. La primera propuesta fue una iniciativa de los alcaldes del Partido Nacionalista Vasco que a principios de mayo de 1931 encargaron a la Sociedad de Estudios Vascos (SEV) la redacción de un anteproyecto de Estatuto General del Estado Vasco (o Euskadi), que incluiría Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. El resultado fue un intento de síntesis entre el foralismo tradicional y la estructura de los modernos estados federales que no contentó a nadie. Mes y medio después, una asamblea de los ayuntamientos vasconavarros reunidos en Estella el 14 de junio aprobó un Estatuto más conservador y nacionalista que el de la SEV y que se basaba en el restablecimiento de los fueros vascos sometidos a la Constitución por la Ley de Confirmación de Fueros de 1839, junto con la Ley de Amejoramiento del Fuero de 1841.[1]

El Estatuto de Estella fue presentado el 22 de septiembre de 1931 a las Cortes Constituyentes por una delegación de alcaldes pero no fue tomado en consideración porque el proyecto se situaba claramente al margen de Constitución que se estaba debatiendo, entre otras cosas, por su concepción federalista y por la declaración de confesionalidad del «Estado vasco» (que podría negociar por ello un concordato particular con el Vaticano), además de que no reconocía derechos políticos plenos a los inmigrantes españoles con menos de diez años de residencia en Euskadi.[3]

El Estatuto de las Gestoras y el referéndum de 1933

En diciembre de 1931 las Cortes encargaron a las Comisiones Gestoras provisionales de las Diputaciones —que habían sido designadas por los gobernadores civiles respectivos para sustituir a los equipos monárquicos, y donde los republicanos y socialistas tenían mayoría— para que elaboraran un nuevo proyecto de Estatuto, que al final fue consensuado con el PNV, que se había distanciado de la Comunión Tradicionalista carlista. Una Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Pamplona en junio de 1932 aprobó el proyecto, pero los carlistas lo rechazaron, por lo que al tener la mayoría en Navarra, dejaron fuera del ámbito de la futura «región autónoma» a este territorio.[3]

Referéndum autonómico del 5 de noviembre de 1933 en Eibar para la aprobación de un nuevo texto de Estatuto.

Un nuevo obstáculo se planteó cuando al realizarse el preceptivo referéndum sobre el Estatuto de las Gestoras el 5 de noviembre de 1933, en plena campaña para las elecciones a Cortes, los votos favorables en Álava no alcanzaron la mayoría del censo, de nuevo por la oposición de los carlistas (Alava era una provincia que, como Navarra, tenía una menor identidad nacionalista vasca debido a la fuerte implantación del carlismo).[4]

La paralización del proceso estatutario durante el segundo bienio

El nuevo presidente del gobierno salido de las elecciones de noviembre, el republicano radical Alejandro Lerroux ofreció el apoyo al “Estatuto de las Gestoras” a cambio de la colaboración de los diputados del PNV, pero la CEDA, el aliado principal de Lerroux, se opuso a esta iniciativa.[5]

La paralización definitiva del proceso de aprobación del Estatuto del País Vasco se produjo en febrero de 1934 cuando un diputado tradicionalista vasco planteó la exclusión de Álava de la autonomía vasca alegando que allí no se había alcanzado la mayoría necesaria (el 50%) en el referéndum celebrado el 3 de noviembre de 1933 (un hecho que se había producido precisamente por la oposición de los carlistas al estatuto vasco). El 12 de junio los diputados del PNV se retiraron de las Cortes como protesta por la paralización de la tramitación de su Estatuto y en solidaridad con la Esquerra Republicana de Cataluña que también había retirado los suyos después del que el Tribunal de Garantías Constitucionales anulase la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán.[6]

La reanudación del proceso en 1936

En las elecciones de febrero de 1936 el PNV rechazó presentarse en coalición con la CEDA y la derechas —la unión de los católicos propuesta por la jerarquía eclesiástica— debido a su oposición a la autonomía vasca, y a la de cualquier «región» española —el rechazo provocó duros ataques contra el PNV por parte de la prensa conservadora y tradicionalista que llegó a poner en cuestión su catolicismo y los partidos del bloque contrarrevolucionario lo incluyeron entre «los enemigos de la Cruz y de la Patria»—. Tampoco aceptó formar parte del Frente Nacional Vasco por la independencia propuesto por Jagi-Jagi al PNV y a Acción Nacionalista Vasca —este último partido se incorporó a la candidatura del Frente Popular cuyo lema en el País Vasco fue: «Amnistía, Estatuo, ni un desahucio más»—. Así que se presentó en solitario con el eslogan: «¡Por la civilización cristiana, por la libertad de la patria [vasca] y por la justicia social!».[7]

A diferencia de la polarización que se produjo en el resto de España, el centro político representado por el PNV no se hundió en las elecciones, sino que mantuvo los buenos resultados de las de 1933. Así el PNV siguió siendo la fuerza mayoritaria en el País Vasco con nueve diputados, frente a los siete del Frente Popular y uno, por Álava, del Bloque de derechas encabezado por la Comunión Tradicionalista, que en cambio copó los siete escaños que correspondían a Navarra. Así pues, de las elecciones de febrero de 1936 surgió un "triángulo político" formado por el PNV de José Antonio Aguirre, mayoritario en Vizcaya-provincia y en Guipúzcoa, el Frente Popular encabezado por el socialista Indalecio Prieto, mayoritario en Bilbao, y la Comunión Tradicionalista, encabezada por José Luis Oriol, mayoritaria en Álava, y que había anunciado que organizaría un levantamiento armado si perdía las elecciones.[8]

Tras la formación del gobierno del Frente Popular Prieto y Aguirre acordaron reanudar el debate parlamentario del proyecto de Estatuto que había quedado paralizado durante el bienio negro, resolviendo al mismo tiempo la cuestión de Álava que había sido utilizada por las derechas para obstaculizar su tramitación en las Cortes. La Comisión de Estatutos, presidida por Prieto, propuso un proyecto con pocos artículos que fue aceptado por el PNV.[10]

El PNV no se sumó al alzamiento y se mantuvo fiel a la República, a pesar de no formar parte del Frente Popular y de ser un partido confesional católico, como le recordaron los obispos de Vitoria y de Pamplona que en una pastoral del 6 de agosto declararon ilícita (Non licet) la unión de los nacionalistas vascos con los republicanos y los socialistas. Tras la entrada de las tropas franquistas en San Sebastián en septiembre —Álava, como Navarra, desde el primer momento estuvieron del lado del bando sublevado—, el PNV entró a formar parte del gobierno del Frente Popular, a cambio de la inmediata promulgación del Estatuto. Así el peneuvista Manuel de Irujo fue nombrado ministro sin cartera del gobierno del socialista Francisco Largo Caballero y las Cortes aprobaron el proyecto.[11]

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