Elecciones federales de México de 1988

Las elecciones federales de México de 1988, referidas también como el proceso electoral federal 1987-1988, se llevaron a cabo el miércoles 6 de julio de 1988. Desarrolladas bajo la dirección de la Comisión Federal Electoral —y siendo las últimas a su cargo—, con ellas se renovaron ambas cámaras del Congreso de la Unión y se eligió un nuevo presidente de la República. Los comicios se efectuaron en el marco de nuevas regulaciones electorales que permitían una mayor participación de la oposición en los propios procesos electorales y una mayor representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, estas reformas también trataron de asegurarle al partido gobernante desde 1946, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la mayoría absoluta en la Cámara y otorgar al gobierno federal el control absoluto total de la organización electoral.

Antecedentes

Las elecciones legislativas de 1985, en las que se renovó la Cámara de Diputados, fueron las últimas regidas por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), emanada de la reforma política de 1977. En esa ocasión se registró un participación del 50.68% y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) alcanzó el 64.81% de los votos por mayoría relativa y 60.07% de representación proporcional, seguido del Partido Acción Nacional (PAN) con 15.59% y 15.49%, respectivamente. La tercera fuerza, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), llegó solamente a 3.22% de los votos por mayoría y 3.30% de representación proporcional. Por lo anterior, el PRI logró controlar el 72.25% de la Cámara de Diputados en la LIII Legislatura.[1]

Reformas constitucionales de 1986

El 19 de junio de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo firmado por el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) que instruía a la Secretaría de Gobernación a convocar a los partidos políticos nacionales, asociaciones, organizaciones, instituciones y ciudadanos a participar en «audiencias públicas de consulta sobre la renovación Política Electoral [...]», con la intención de recabar opiniones que permitieran al presidente «encontrar formas de perfeccionamiento democrático».[3]

Los cambios significaron el incremento de 400 a 500 diputados —se adicionaron 100 escaños electos por representación proporcional—, establecieron que todos los partidos que alcanzaran un 1.5% de votos podrían participar en el sistema de representación proporcional y limitaron a 350 el número máximo de escaños que el partido más votado podría obtener, independientemente del porcentaje de votos logrado. Igualmente se determinaba un mecanismo para asegurar que siempre un partido tuviera la mayoría absoluta en la Cámara:[5]

Con las reformas, el artículo 60 determinó que cada «Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas» y que la «preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales» correspondería al Gobierno Federal.[8]