Elecciones en Madrid durante la Segunda República Española

Durante la Segunda República hubo cuatro procesos electorales de carácter nacional: tres a Cortes y uno para elección de compromisarios para elegir al Presidente de la República.

En 1930, Madrid era la capital de España. Con sus 952 832 habitantes era la segunda ciudad en población del país (tras Barcelona, que sobrepasaba ligeramente el millón de habitantes). Aunque desde el fin del Antiguo Régimen y el advenimiento del Estado liberal se habían llevado a cabo numerosos procesos electorales en España, los años de la Segunda República constituyeron un periodo excepcional durante el cual la actividad política adquirió una intensidad inusitada. Ello fue así porque la proclamación de la República supuso el advenimiento de las masas a la vida pública, un proceso que la dictadura de Primo de Rivera había tratado de impedir y que había concluido con un fracaso, que primero acabó con la propia dictadura y que finalmente, mediante las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, llevó a un cambio de régimen. Por otra parte, las elecciones de la época republicana fueron más limpias y reflejaron el sentir del país mucho mejor que las de la monarquía.[1] A pesar de tratarse de una época de creciente radicalización e inestabilidad política, que finalizó en una guerra civil, el periodo comprendido entre 1931 y 1936 fue el periodo democrático más prolongado del que disfrutó España antes de la reinstauración del régimen democrático en la década de 1970, llevándose a cabo cuatro procesos electorales directos de ámbito estatal.

Los partidos políticos otorgaban una gran importancia a las elecciones en Madrid, al tratarse de la capital del Estado, presentando a sus líderes y figuras más representativas por dicha circunscripción. De acuerdo con la legislación electoral, la ciudad de Madrid formaba una única circunscripción electoral, separada de su provincia, en la que durante todo el periodo republicano se dio el triunfo de las candidaturas republicanas y de izquierdas, casi siempre en grandes coaliciones, magnificadas por la ley electoral, incluso cuando la tendencia en el resto de España era contraria: Conjunción Republicano-Socialista en 1931 y Frente Popular en 1936, pero PSOE en 1933 (mientras que en el resto de España ocurrió justamente lo contrario, con el triunfo de las candidaturas radicales y cedistas). Diputados por Madrid fueron ministros, presidentes de las Cortes, como Julián Besteiro o Diego Martínez Barrio, del Consejo de Ministros, como Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Francisco Largo Caballero, Juan Negrín o Rodolfo Llopis (en el exilio), o de la República, como el propio Azaña.

La nueva legislación electoral

Palacio de las Cortes en 1920. La Constitución de la Segunda República preveía que el poder legislativo residiese en las Cortes, unicamerales, compuestas por el Congreso de los Diputados.

Artículo 6.º
[...] La ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona constituirán circunscripciones propias, y el resto de los pueblos de cada una de esas provincias formarán a su vez circunscripciones independientes de la capital. [...]

Artículo 7.º
A los fines de la elección de Diputados, queda modificado el artículo 21 en el sentido de que en las circunscripciones se verificará por el sistema de listas con voto restringido, para lo cual, donde haya que elegir 20 Diputados, cada elector podrá votar 16; donde 19, 15; donde 18, 14; donde 17, 13; donde 16; 12; donde 15, 12; donde 14, 11; donde 13, 10; donde 12, 9; donde 11, 8; donde 10, 8; donde 9, 7; donde 8, 6; donde 7, 5; donde 6, 4; donde 5, 4; donde 4, 3; donde 3, 2, y donde 2, 1.

Artículo 11.º
Para que los candidatos puedan ser proclamados Diputados a Cortes Constituyentes será preciso, además de aparecer con el mayor número de votos escrutados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la ley Electoral, haber obtenido cuando menos el 20 por 100 de los votos emitidos. Cuando un candidato, a pesar de no haber logrado la mayoría relativa, no alcance el tanto por ciento aludido, se declarará, en cuanto a él, nula la elección y se procederá a celebrar otra el domingo siguiente, en cuyo escrutinio el voto quedará restringido, según la escala aplicable al número de vacantes que resultaren de la primera elección. Para ser proclamado Diputado en la segunda elección, bastará con obtener la mayoría relativa de los votos.

De acuerdo con la legislación electoral promulgada por el gobierno provisional mediante un decreto el 8 de mayo de 1931,[2] que modificaba la ley electoral entonces en vigor (la del 8 de agosto de 1907) y que con mínimas modificaciones, estaría en vigor durante toda la República, la ciudad de Madrid constituía una circunscripción electoral distinta del resto de la provincia (según el artículo 6, las ciudades de Madrid y Barcelona constituían circunscripciones separadas de su provincia, al igual que todas las capitales de provincia que, con su partido judicial, superasen los 100.000 habitantes, en cuyo caso capital y partido judicial formaban una circunscripción electoral y el resto de la provincia otra).

El cambio fundamental de la nueva legislación consistió en introducir, «en vez de la antigua elección uninominal por pequeñas circunscripciones, la elección por lista y por provincia, por un sistema mixto entre mayoritario y proporcional, que concedía amplia prima a la candidatura mayoritaria, pero reservaba cierto número de puestos a la minoritaria [un 20%]»,[1] En general, la lista ganadora obtenía el 80% de los escaños, destinados a las mayorías, mientras que los restantes quedaban para la minoría más importante (en caso de resultados reñidos podía ocurrir que los candidatos menos votados de la candidatura ganadora fuesen sobrepasados por los más votados de la candidatura siguiente en votos, con lo que podría haber ligeros cambios y quedar fuera alguno de los candidatos de las mayorías).

También se eliminaba el controvertido artículo 29 de la ley electoral vigente, mediante el cual, cuando había una única candidatura, sus integrantes se proclamaban sin votación.

En 1933 se aprobó una ley, la Ley de Reforma Electoral de 27 de julio de 1933, que tenía como principal contenido la potenciación del carácter mayoritario de la legislación existente. que refuerza el carácter mayoritario de la legislación anterior. Para que los candidatos vencedores en primera vuelta pudiesen ser proclamados electos sin necesidad de ir a una segunda, se requería que el primer candidato de la lista triunfante obtuviese, al menos, el 40% de los votos. En el caso de que ninguno de los candidatos de la lista hubiese llegado a dicho porcentaje, se debía realizar una segunda vuelta el segundo domingo después de la primera. En esta segunda vuelta sólo podían presentarse aquellos candidatos que en primera vuelta hubiesen obtenido más del 8% de los votos escrutados.[4]

El propósito de la ley electoral era potenciar parlamentariamente a los partidos más fuertes, siguiendo el modelo mayoritario británico,[1] creando mayorías estables que sustentasen al gobierno y, al mismo tiempo, permitir la representación de las minorías (no obstante, era posible forzar el propósito de la ley y aspirar a copar todos los escaños de una circunscripción, como hicieron las derechas navarras en 1933 y 1936, que formaban una candidatura con el mismo número de miembros que escaños a elegir en la circunscripción; a la hora de presentarlos, sin embargo, los distribuían por los diversos distritos electorales de modo que sólo se presentase en cada uno el número de candidatos legal; el predominio electoral era tan grande que al hacer la suma de votos en todos los distritos, todos los candidatos resultaban elegidos). Ese propósito mostró pronto su fracaso, al propiciar, en vez de unos pocos partidos compactos, grandes coaliciones que luego no actuaban unidas en las Cortes, permitiendo incluso la representación de grupos minoritarios que, incluso con una representación puramente proporcional, nunca hubiesen accedido al Parlamento (como por ejemplo comunistas o falangistas). Finalmente, el efecto más pernicioso de la ley electoral fue el de propiciar grandes bandazos en la composición de las Cortes entre una legislatura y la siguiente, que no se correspondían con el peso efectivo de cada partido o coalición entre la población y sí con el grado de amplitud de las diferentes coaliciones formadas.

Durante la Segunda República tuvieron lugar cuatro procesos electorales directos en todo el Estado: tres elecciones generales y una elección de compromisarios para la elección de Presidente de la República (existieron también otras convocatorias de rango inferior, como las elecciones para elegir los vocales regionales del Tribunal de Garantías Constitucionales, en 1933,[7] y las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1932). Fueron las siguientes: las elecciones a diputados para las Cortes Constituyentes (1 de julio de 1931, con segunda vuelta el 12 del mismo mes); las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 (con segunda vuelta el 3 de diciembre); las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 (con segunda vuelta el 4 de marzo); y la elección de compromisarios para la elección del presidente de la República del 26 de abril de 1936.

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