Economía de España durante la autarquía franquista

Franco junto al dirigente nazi Heinrich Himmler, durante su visita a Madrid, en 1940. La Alemania nazi junto a la Italia fascista fueron dos de las fuentes de inspiración de la política económica autárquica española, durante los años cuarenta.

La economía de España durante el periodo de autarquía describe el periodo de crisis económica casi permanente que sufrió España desde el final de la Guerra Civil hasta los años cincuenta, caracterizado por una larga y profunda depresión económica, que conllevó un grave deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos, el crecimiento de la miseria, el mercado negro y que supuso el retroceso más grave en los niveles de bienestar de la población en los últimos 150 años de historia.[1]​ Las directrices de la política económica siguieron unas pautas de carácter autárquico, en un ambiente de aislamiento internacional.

La economía de España durante la era franquista se puede dividir en un primer periodo de autarquía y aislamiento que comprende los años que transcurren desde 1939, en que termina la Guerra Civil, hasta 1959 cuando se aprueba el plan nacional de Estabilización y que daría inicio al segundo periodo que se extendió desde entonces hasta la muerte de Franco en 1975. Este segundo periodo estuvo marcado por una mayor apertura comercial al exterior y un fortalecimiento del desarrollo.

Algunos autores cierran esta primera etapa a mediados de 1950 y abren un nuevo periodo bisagra desde entonces hasta el 1959, durante el cual la producción inicia una recuperación y el aislamiento de la economía ya no es tan extremo, aunque continúen los desequilibrios económicos y el fuerte intervencionismo.

La primera etapa autárquica, durante los años cuarenta, se caracteriza por una gran depresión de la producción, la escasez de todo tipo de bienes y la interrupción del proceso de modernización y crecimiento iniciado en algunos ámbitos durante la Segunda República. En el ámbito internacional destaca el proteccionismo comercial y financiero adoptado por los países europeos durante la guerra mundial y en los primeros años de la posguerra, así como el aislamiento impuesto a España por razones políticas. Estos factores, junto a los daños producidos en la guerra civil, fueron los principales factores determinantes de los efectos negativos producidos en la economía española. Sin embargo, los débiles resultados de este periodo no se explican adecuadamente sin tener en cuenta como elemento fundamental la política económica del gobierno, inspirada en unas aspiraciones autárquicas y un talante intervencionista extremo.[2]​ En el periodo autárquico se llevaron hasta el extremo algunas tendencias proteccionistas e intervencionistas que se habían ido manifestando en la economía española desde el final del siglo XIX y durante el que las autoridades del gobierno franquista siguieron los planteamientos propuestos en los países totalitarios de Europa (Alemania e Italia) durante los años treinta. Las actuaciones estatales se expresaron en un desplazamiento de la iniciativa privada por las regulaciones públicas, un proceso de inversiones públicas concentradas en la industria financiadas por vías inflacionistas, una rígida reglamentación de las relaciones laborales, la proliferación de controles de precios y una fuerte sobrevaloración del tipo de cambio de la peseta, apoyada en una conjunto de normas de controles cambiarios.

Antecedentes

Para encuadrar este periodo de la historia económica de España, se debe recordar que desde finales del siglo XIX se empezó a detectar un reforzamiento progresivo de un modelo de crecimiento e industrialización denominado nacionalista, basado en el proteccionismo de la producción nacional frente al comercio exterior.

Los gobiernos de Cánovas del Castillo, durante esos años, supusieron el inicio de un periodo de carácter proteccionista y aislacionista de indiferencia hacia el comercio internacional, que con saltos y altibajos conduciría hasta el final de la guerra civil y que se pone de manifiesto en algunos de los discursos de Canovas: «La economía política tiene que aceptar el concepto de patria y someterse a él. La patria es una asociación de productores y de consumidores con objeto de producir para ella, de consumir dentro de ella».

El denominado «arancel Cánovas», establecido en 1891, supuso la protección del sector cerealista y textil, gravando las importaciones de estos productos con aranceles de entre el 40 y 46 %. Esta tendencia no fue específicamente española, ya que el proteccionismo empezaba también a triunfar en una gran parte de Europa. Lo peculiar del caso de España fue la intensidad con que se perseguía el ideal de autosuficiencia nacional y la relativa facilidad con que el intervencionismo encajaba en las tradiciones del Estado español.

La política de fomento de la industria nacional tuvo una clara manifestación en la Ley de 1907 de contratos por cuenta del Estado, por la que sólo se debían admitir artículos de producción nacional en los suministros públicos. El «arancel Cambó» de 1922 fue otro ejemplo de la política proteccionista. También durante la dictadura de Primo de Rivera se propició un nacionalismo económico con planteamientos corporativistas. Por el contrario, el paso de la Monarquía a la República en 1931 supuso la derogación de la legislación industrial anterior y la anulación de la tramitación de expedientes de auxilio incoados al amparo de la normativa corporativista.[3]

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