División territorial de España en 1833

Mapa de la división provincial y regional de España.

Inmediatamente después de la muerte de Fernando VII[3] Las primeras siguen estando vigentes en la actualidad con la única excepción de Canarias, que originalmente constituía una sola provincia.

Mediante una simple circular en noviembre de 1833, su secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, creó un Estado centralizado,[5]

El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el proyecto de 1822, pero sin las provincias de Calatayud, Vierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital.[6]

Con todo a Don Javier de Burgos corresponde más el mérito de haber emprendido, dirigido y elaborado una nueva división provincial de España el valor y la voluntad política de haber puesto en vigencia una división anterior como la de 1822 con los retoques y modificaciones que creyó oportunas.

Martínez Díez, Gonzalo, Génesis histórica de la provincia de Burgos y sus divisiones administrativas, Aldecoa, Burgos, 1983. ISBN 84-7009-214-6

División provincial y regional

La división territorial de Javier de Burgos de 1833 incluía 49 provincias. El detalle de 43 de dichas provincias se hacía aludiendo a su pertenencia a 11 regiones históricas que aparecían nombradas por orden alfabético, en tanto que las 6 provincias restantes de: Canarias, Palma de Mallorca, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya fueron listadas de manera independiente a región alguna y sólo en las décadas posteriores a la entrada en vigor del Decreto pasarían a ser consideradas a nivel práctico también como regiones (de carácter uniprovincial en el caso de Canarias, Baleares y Navarra; de carácter pluriprovincial en el caso de Vascongadas agrupando a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), elevando el número total de regiones a 15.

De esta manera, el decreto de Javier de Burgos adscribía, de forma intencionada, un nivel superior al provincial, al hacer referencia expresa de varias provincias a un ente definido, con independencia de si a tal ente supraprovincial se le atribuían, en tal momento o en momentos posteriores, o no funciones administrativas.

Tal situación jurídica, como Regiones de España, se mantuvo con la Constitución Española de 1931, dando paso ya a su constitucionalización y, por ende, prosiguen, como tales regiones constitucionales a lo largo del proceso histórico subsiguiente.[7]

El territorio español en la Península e Islas adyacentes queda desde ahora dividido en cuarenta y nueve provincias que tomarán el nombre de sus capitales respectivas excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones.

:Fuente: Real Decreto de 30 de noviembre de 1833[5]
Los cuatro reinos de Andalucía.

Además del propuesto de 1822, el modelo de Javier de Burgos eran los departamentos franceses[9]

Se recuperan los nombres tradicionales de las provincias Vascongadas y Navarra, pero se hacen menos concesiones a la historia, ya que persisten muy pocos enclaves, los más importantes son: el Rincón de Ademuz ( provincia de Valencia) y el Enclave de Treviño (provincia de Burgos).[10] Además, obviando las reivindicaciones provinciales de Calatayud y Alcañiz.

"Esta división provincial y regional de España se consolida e inserta en los Pueblos de España, en la base de sus ciudadanos y cristaliza plenamente, hasta llegar a las realidades sociales, en nuestros días, de las referencias en la Constitución de 1931 y Constitución de 1978", en expresión de Francisco Iglesias Carreño,[12] Todos los ayuntamientos, y su alfoz, deben estar íntegramente dentro de una provincia. Poco después están perfectamente delimitadas todas las provincias, con los enclaves correspondientes.

En 1834 se dividen las provincias en partidos judiciales, y para ello se tienen en cuenta los límites provinciales. En los partidos judiciales se pondrán los juzgados de primera instancia e instrucción, que más tarde serían la base para los distritos electorales y la contribución.[12]

Estas provincias y regiones son asumidas tanto por la Primera República Española de 1873, como por la Segunda República Española de 1931 y por la Monarquía Constitucional de 1978. Y aunque el Proyecto de Constitución Federal de 1873 no las respaldaba, las otras dos Constituciones (1931 y 1978) sí que lo hacían y además llegó a estar en vigor todo su articulado (art 2.).

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