Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985)

La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Fue un período durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Dicho período estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos, medios de prensa, la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores al régimen.

Antecedentes

Hacia 1954 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas protagonizada por grupos de extrema izquierda, entre los cuales se destacó el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Las condiciones de represión política y social durante la presidencia de Pacheco Areco (1967-1972) se agudizaron, y sus medidas de gobierno fueron enfrentadas por organizaciones como la Convención Nacional de Trabajadores. Por esta época aparecieron grupos de extrema derecha como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), cuyos objetivos eran los militantes sociales y políticos generalmente de izquierda, contra quienes realizaron atentados que en algunos casos terminaron en muertes. Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo un creciente protagonismo político; sus movimientos internos fueron muy intensos, hasta se formó en su seno la logia de los Tenientes de Artigas. Finalmente, con el apoyo del entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberry, las Fuerzas Armadas decidieron dar un golpe de estado.

En 1972 las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía) detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza por los delitos de sedición y otros, permaneciendo recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura cívico-militar, es decir, hasta 1985. Fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron torturas físicas y psicológicas (comprobadas posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Massera.

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