Desobediencia civil

Activista cívico contra la guerra es arrestado por desobediencia civil en las escaleras de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington DC, en febrero de 2005.

Desobediencia o desobediencia civil se define como el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. La norma que debería obedecerse es, por lo general, una norma jurídica, o en todo caso cualquier norma que el grupo en el poder considera investida de autoridad en el sentido de que su transgresión acarreara inevitablemente un castigo.[1] La desobediencia puede ser activa, pasiva o inter. El término "civil" hace referencia a los deberes generales que todo ciudadano debe reconocer, legitimando así el orden legal vigente. En otras palabras, "civil" indica que el objetivo principal de la desobediencia es traer cambios en el orden social o político que afectarían la libertad de los ciudadanos.

La desobediencia civil puede definirse como "cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos".

Para que un acto se clasifique como de desobediencia civil, se necesita que la acción se haga públicamente, que sea ilegal o que así lo clasifique el poder, y que al mismo tiempo quien cometa el supuesto delito esté consciente de sus acciones y motivos.

Definición

La desobediencia civil es una forma de disidencia política consistente “en una quiebra consciente de la legalidad vigente con la finalidad no tanto de buscar una dispensa personal a un deber general de todos los ciudadanos, sino de suplantar la norma transgredida por otra que es postulada como más acorde con los intereses generales. Intereses que, no obstante, han de ser identificados a través de un procedimiento democrático de formación de la voluntad”.[2]

Los actos de desobediencia civil buscan no la afirmación de un principio en la esfera privada, sino una llamada de atención a la opinión pública sobre el hecho de que una ley o política sancionadas por las autoridades están conculcando un principio de índole moral. En adición, "la desobediencia civil se debe dar a conocer a los representantes de orden público de una manera que se sientan identificados sobre la cuestión por la que van a luchar y sus fines deben ser públicos y limitados. Su objetivo manifiesto no puede ser el beneficio particular o económico; debe guardar cierta relación con una concepción de la justicia o del bien común."[1]

Otra forma de definir la desobediencia al Derecho (aunque en el fondo con un sentido similar), sería la siguiente: "Entiendo por desobediencia civil en sentido amplio aquellas formas de insumisión al Derecho motivadas por consideraciones políticas o morales que, no obstante ilícitas, guardan una mínima lealtad constitucional, es decir, aceptan el sistema de legitimidad democrático como el más correcto para la adopción de las decisiones colectivas".[3]

En primer lugar, el término "civil" hace referencia a los fines perseguidos por los activistas: son fines políticos, de cambio social. La desobediencia civil es una acción deliberada e intencional. El progreso moral o político se perciben como la consecuencia, como el efecto buscado por los desobedientes. Y para ello es lógico que los activistas utilicen las tácticas y estrategias que mejor se ajusten a sus fines. Pero esta pretensión de cambio se enmarca en el reconocimiento de los deberes generales del ciudadano en una sociedad libre. Y en particular en la lealtad hacia las reglas del juego del orden constitucional: la desobediencia civil no es revolucionaria, ni pretende imponer su criterio a la mayoría, sino que respeta las reglas democráticas de cambio político.[4]

En segundo lugar los desobedientes actúan por motivos morales. Consideran que las normas que rechazan son normas arbitrarias u odiosas, que repugnan a la conciencia del ciudadano. La desobediencia civil es una expresión de responsabilidad personal por la injusticia, refleja el compromiso de no colaborar ni someterse a prácticas y normas injustas.[4]

En tercer lugar, la desobediencia civil es siempre pública y abierta. Los activistas buscan influir no sólo en sus gobernantes, sino también (y sobre todo) en la opinión pública. Por ello la desobediencia civil suele ser, asimismo, colectiva, y no individual. La publicidad es un medio de persuasión, y no de coacción. Es en este sentido que ha podido decirse (Rawls, Habermas) que la desobediencia civil es una forma de discurso público, con una función pedagógica.[5]

En cuarto lugar, los desobedientes están dispuestos a asumir las consecuencias legales de sus actos, y a aceptar el castigo previsto para ellos. Quien acepta pacífica y disciplinadamente la sanción que conlleva su comportamiento ilegal está afirmando con ello su respeto por el conjunto del ordenamiento constitucional y por las reglas del juego democrático. La aceptación voluntaria del castigo sirve, además, para diferenciar la desobediencia moralmente motivada de la infracción interesada u oportunista.[6]

En quinto lugar, la desobediencia civil es pacífica y no violenta. Esta condición debe entenderse como una voluntad de minimizar los daños y de restringir el uso de la fuerza en todo lo posible. El uso descontrolado y masivo de la fuerza física es incompatible con la desobediencia civil.[5]

"Los actos de desobediencia civil son parte de un estado de derecho democrático que se desarrollan en sociedades maduras", que logran crear conflictos dejando saber que las leyes e instituciones que están establecidas legalmente pueden fallar en algún momento. Esto abre espacio a la creación de interpretaciones distintas a las existentes, que intentan exponer para que sean consideradas justas.[1]

Tal vez una de las razones por las cuales el tema de la desobediencia despierta la sensibilidad y suspicacia de vastos sectores (especialmente de aquéllos vinculados a los diferentes ámbitos del poder), sea el hecho de que se encuentra ampliamente extendida esa conceptualización que define a la relación política como una relación de “mando y obediencia” en donde la pregunta por el fundamento de la legitimidad del poder queda desplazada por el énfasis en la consideraciones como un hecho desprovisto de valoraciones.[8]

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