Derecho comunitario del Mercosur

El Derecho comunitario del Mercosur es la estructura jurídica mediante la cual funciona el Mercosur. En sentido amplio, combina los clásicos tratados, protocolos y declaraciones del Derecho internacional, con normas propias obligatorias dictadas por los órganos decisorios del bloque ( derecho comunitario propiamente tal), recomendaciones no obligatorias dictadas por los órganos auxiliares, e incluso acuerdos de concertación social regional.

En sentido estricto, incluye solo aquellas normas de aplicación directa u obligatoria para los países miembros, dictadas por los órganos del Mercosur.

Fuentes del Derecho comunitario del Mercosur

Decisiones, resoluciones y directivas

El Mercosur posee tres órganos decisorios:

Estos tres tipos de normas comunitarias dictadas por los órganos decisorios del Mercosur, son de aplicación obligatoria para los Estados Parte ( Protocolo de Ouro Preto, artículo 42).

Ello ha generado un problema específico, que aunque con diferencias respecto del sistema de internalización de normas que tiene cada uno, sobre el modo de "internalizar" las normas del Mercosur a los ordenamientos jurídicos de cada uno de las naciones que lo integran y el nivel de jerarquía que ocupan en la pirámide jurídica.[1] Para ello, en todos los casos se precisa de un acto jurídico de los países miembros. Por esta razón, especialistas discuten si estas normas del Mercosur constituyen realmente un derecho propio del Mercosur, lo que se conoce como derecho comunitario, o se trata de normas de derecho internacional que precisan ser ratificadas. Un gran sector ha optado por crear la categoría de derecho comunitario derivado.

Las normas obligatorias del Mercosur se toman por consenso de todos los Estados Parte (es decir, siempre y cuando no medie la oposición de alguno de ellos; artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto).

Por otra parte, el Consejo del Mercado Común puede emitir Recomendaciones,[2] las cuales carecen de carácter vinculante.

Tratados y protocolos

Las normas de importancia extraordinaria para el Mercosur, se realizan como tratados internacionales y por lo tanto necesitan ser aprobados por los parlamentos nacionales. Toman la forma de protocolos complementarios del Tratado de Asunción, que constituye la norma institucional básica del Mercosur.

Por tratarse de una norma complementaria de un tratado, los protocolos suelen tener una tramitación más rápida para su ratificación parlamentaria en cada país. Excepcionalmente, en algún caso, como el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social de 1997, se recurrió a la forma del tratado, y la tramitación para su ratificación demoró 8 años.

Declaraciones presidenciales

En algunos casos, los países miembros han recurrido a las declaraciones presidenciales, como en el caso de la Declaración sobre Compromiso Democrático de 1996, o la Declaración Sociolaboral de 1998. Las declaraciones son actos firmados por todos los presidentes que no necesitan ningún tipo de aprobación parlamentaria ni acto de internalización. Se discute entre los juristas la validez de estas normas, con gran variedad de puntos de vista.

Recomendaciones y demás actos de los organismos auxiliares

Los demás organismos del Mercosur producen recomendaciones a alguno de los tres órganos decisorios, y solo se transforman en normas obligatorias, si son aprobados y adoptan la forma de algunas de las alternativas tratadas en el punto anterior.

Un caso especial lo constituyen las recomendaciones de la Comisión Sociolaboral. Desde el punto de vista meramente formal no tiene diferencia alguna con las recomendaciones realidas por otros organismos del Mercosur. Pero debido a su peculiar composición tripartita (gobiernos, empleadores y sindicatos), las recomendaciones que realiza constituyen actos de consenso entre los tres sectores, lo que hace de las mismas verdaderos actos de diálogo y concertación social regional. El peso de ese consenso y el hecho de que los gobiernos están representados hace que su aprobación se encuentre virtualmente asegurada.

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