Demografía de Andorra

Andorra cuenta con 83.137 habitantes y una densidad de población de 179 hab/km2, según el censo de 2007. Debido a una política restrictiva de concesión de la nacionalidad, la población de nacionalidad andorrana sólo constituye el 36,6% de los habitantes del país; el resto de la población, aun siendo mayoritaria, no dispone de derechos políticos.

Nacionalidades y evolución demográfica

Según el censo de 2007, el 36,6% de la población del país (30.441 habitantes) es de nacionalidad andorrana, el 33,0% (27.476 hab.) es de nacionalidad española, el 16,3% (13.519 hab.) es de nacionalidad portuguesa, el 6,3% (5.200 hab.) es de nacionalidad francesa, y el 7,8% restante (6.501 hab.) es de otras nacionalidades.[1]

Evolución demográfica de Andorra[1]
Año Pob. total Pob. de nacionalidad andorrana % pob. nacionalidad andorrana Pob. de nacionalidad española % pob. nacionalidad española
1981 37.808 6.906 18,3% 22.025 58,3%
1986 46.967 7.952 16,9% 25.880 55,1%
1991 59.047 10.395 17,6% 28.028 47,5%
1996 64.479 13.019 20,2% 28.656 44,4%
2001 66.334 24.654 37,2% 26.251 39,6%
2006 81.222 29.535 36,4% 27.638 34,0%
2007 83.137 30.441 36,6% 27.476 33,0%

Los nacionales andorranos son minoría en su país, ya que sólo forman el 36,6% de la población. Esto es debido a varios factores.

Por un lado, Andorra, situada en una zona aislada, ha tenido siempre una densidad de población baja. Por su condición de paraíso fiscal, a partir de los años 60 se formó una potente industria comercial que, unido al desarrollo de estaciones de esquí, hizo que se necesitase un crecimiento demográfico, que fue dado por la inmigración, principalmente procedente de España y, en menor medida y más tarde, de Portugal. Debido a la bonanza económica del país, esta corriente inmigratoria sigue siendo importante. Por otro lado, Andorra ha sido durante el siglo XX muy restrictiva a la hora de otorgar la nacionalidad a los inmigrantes y a sus descendientes, por lo que el porcentaje de nacionales ha sido muy bajo desde los años 1960.

Según la extremadamente restrictiva ley de adquisición de la nacionalidad vigente entre 1939 y 1995, sólo podían disponer de nacionalidad andorrana aquellas personas nacidas en Andorra cuyo padre era de nacionalidad andorrana y residente en el país. Esta norma, a parte de ser considerada discriminatoria para las mujeres (pues a los hijos de andorranas y extranjeros se les negaba la nacionalidad, mientras que a los hijos de andorranos y extranjeras se les permitía adquirirla), hizo que a partir de los años 1950 el número de no nacionales superase a los de nacionalidad andorrana.

Durante los años 1980 y principios de los años 1990, la población de nacionalidad andorrana alcanzó sus proporciones más bajas, no superando el 20% de la población. Una norma de los años 1970 creó una categoría de habitantes apátridas, eufemísticamente clasificados como nats a Andorra (hijos de un progenitor paterno no andorrano pero nacidos en Andorra), cuyo número hacia 1990 era cercano al de nacionales andorranos. Así, en 1993, el 82,3% de la población del país no disponía de la nacionalidad andorrana, por lo que no disponía de ningún derecho político y se encontraban discriminados administrativamente.

En 1995 entró en vigor una nueva ley de adquisición de la nacionalidad, también muy restrictiva aunque no hasta los extremos de la norma de 1939. Con esta nueva ley, pueden adquirir la nacionalidad los nacidos en Andorra si uno de sus dos padres dispone de la nacionalidad, ha nacido en el país y tiene en el país su residencia permanente o si uno de su progenitores puede justificar su residencia principal y permanente en el país en los dieciocho años anteriores al nacimiento (reducido a diez años en una modificación de ley realizada en 2004[3] A raíz de esto, la proporción de ciudadanos con nacionalidad aumentó a finales de los años 1990, especialmente entre 1998 y 1999. Durante el siglo XXI este porcentaje se ha estabilizado en torno al 36%.

A los habitantes de Andorra que no disponen de la nacionalidad andorrana se les niega el derecho al voto y el derecho a presentarse a elecciones. También tienen restringida su participación en sindicatos, cuyos órganos ejecutivos deben de estar dominados por andorranos, aun siendo minoría en el mundo laboral. Además, los ciudadanos que no disponen de la nacionalidad andorrana no pueden ser presidentes ni poseer más del 33% del capital de una compañía. Estas limitaciones en los derechos básicos siguen afectando a más del 60% de la población del país, lo que ha sido criticado por su carácter discriminatorio y su anacronismo.[4]

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