Defensor del Pueblo (España)

Palacio de los marqueses de Bermejillo del Rey, en Madrid. Actual sede del defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo es un órgano de relevancia constitucional español que deriva de la figura sueca Ombudsman (comisionado o representante) y encargada de velar por el respeto de los derechos que el Título I (aunque en la práctica se extiende a todos los derechos constitucionales) de la Constitución de 1978 otorga al ciudadano, pudiendo inclusive para ello supervisar la actividad de la Administración.

La Constitución de 1978 dice en su artículo 54: «Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales». Regulado por la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, da su definición el art. 1: «es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la presente Ley».

Por tanto puede supervisar la actividad de la Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, incluyendo la propia actividad de los ministros. Además de poder supervisar la actuación de las empresas públicas y de los agentes o colaboradores de las Administraciones, cuando realizan fines o servicios públicos.

Desde el cese de Enrique Múgica en 2010, el cargo de Defensor del Pueblo lo venía desempeñando de forma interina María Luisa Cava de Llano y Carrió.

El viernes 29 de junio de 2012 se anunció el acuerdo del Partido Popular y del PSOE por el que proponían a Soledad Becerril, antigua diputada del PP, como Defensora del Pueblo, y a Francisco Fernández Marugán, antiguo diputado del PSOE, como Adjunto Primero a la Defensora del Pueblo; Concepció Ferrer i Casals fue propuesta por CiU como Adjunta Segunda. El 24 de julio, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo se reunió en el Congreso de los Diputados para examinar y votar la propuesta de previa conformidad formulada por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para el nombramiento de Francisco Fernández Marugán y Concepció Ferrer i Casals. El 26 de julio tuvieron lugar las tomas de posesión de los tres cargos.[4]

Breves antecedentes históricos

La figura del defensor del pueblo nace en Suecia en el siglo XIX en el regazo de su Constitución, bajo el nombre de Ombudsman, que viene a significar «representante».

En sus inicios «era un representante del pueblo encargado de investigar las violaciones a los derechos individuales, los abusos de poder, los errores, las negligencias o las decisiones injustas de las autoridades, con el fin de mejorar la acción de gobierno y de lograr una Administración más abierta y transparente para los administrados». Esta Institución sueca será única durante el siglo XIX.[5]

Son múltiples las referencias históricas que datan de figuras similares antes de su creación como tal en Suecia. Sin ir más lejos, en la España musulmana se tuvo al Sahib-al-Mazalimen, 'señor de las injusticias' según su traducción al castellano, o al Justicia de Aragón a finales del siglo XII (como mediador y moderador en las pugnas y diferencias entre el Rey y la nobleza de la época).

Other Languages