Defensoría del Pueblo (Venezuela)

La Defensoría del Pueblo (del sueco Ombudsman) es una de las instancias del Poder Ciudadano de Venezuela en conjunto con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, el mismo tiene su asiento en la ciudad de Caracas. La Defensoria tiene su origen en la constitución de 1999 en la cual se reconoce por primera vez al Poder Ciudadano.

La Defensoría del Pueblo según la Constitución tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los Derechos humanos (DDHH) en el país. Es dirigida por el Defensor del pueblo quien se encarga de velar por el buen funcionamiento de la instancia. El defensor es elegido por una comisión especial de diputados de la Asamblea Nacional por un período de 7 años. La defensoría del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela hace parte de diversas instituciones internacionales, como el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), la Red de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano, y el Consejo Andino de Defensores del Pueblo (CADP)

Orígenes

El origen de la figura del Defensor del Pueblo se remonta al siglo XVI, bajo la figura del Ombudsman ("el que actúa en nombre de otro") en Suecia. Dicha institución es creada para fungir como un límite a los abusos de las autoridades del estado, así como para promover el respeto y conocimiento de los DDHH. En tal sentido, se erige como un comisionado encargado de supervisar la actuación de los funcionarios de los poderes públicos.

En Venezuela, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, surge el Poder Ciudadano, integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General, y la Defensoría del Pueblo, la cual tiene a su cargo “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías” establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y los tratados internacionales, en defensa de la vigencia del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, establecido al principio de la carta magna.[1]

Other Languages