Defensoría Penal Pública de Chile

Edificio de la Defensoría en Centro de Justicia

La Defensoría Penal Pública es un servicio público chileno dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia, cuyo fin primordial es la defensa de los imputados y acusados en el sistema procesal penal chileno.

Creada con la Ley 19.718, en el año 2001, su principal rol está dado por la defensa de la dignidad, derechos e intereses de sus representados en el sistema de justicia en que participan otros actores con rol adversarial, como los fiscales del Ministerio Público, y los Jueces de los Juzgados de garantía y Tribunales Orales en lo penal, quién tienen el poder de dictar sentencia.

Esta institución fue creada a través de la Ley 19.718, en el año 2001, bajo el marco de la Reforma Procesal Penal para proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que carezcan de abogado, asegurando de esta manera el derecho a defensa por un letrado y el debido proceso en el juicio penal. Es decir, a través de la Defensoría Penal Pública se garantiza el derecho de las personas a contar con un abogado defensor.

Misión de la Defensoría

Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, mediante un sistema mixto público privado de defensores penales públicos; velando por la igualdad ante la Ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de nuestros representados.

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