Crisis de 1640

Retrato de Felipe IV de España por Velázquez (1644)

La Crisis de 1640 fue la crisis política más grave que vivió la Monarquía Hispánica de los Austrias ya que a punto estuvo de acabar con ella —de hecho se produjo la secesión del reino de Portugal—. Tuvo lugar durante el reinado de Felipe IV de España y entre sus causas principales se encuentra el proyecto de Unión de Armas propuesto por su poderoso valido el Conde-Duque de Olivares.[1] Todo ello dentro del contexto de la Guerra de los Treinta Años y de la reanudación de la Guerra de los Ochenta Años contra los rebeldes de las Provincias Unidas de Holanda y Zelanda.

La crisis de 1640 se enmarca en la que se conoce como crisis del siglo XVII, que afectó particularmente al sur y centro de Europa.[3]

Antecedentes

En 1580 la Monarquía Hispánica, nacida con los Reyes Católicos en 1479, había incorporado al reino de Portugal, con lo que toda España —en el sentido geográfico que tenía este término entonces— quedó bajo la soberanía de un único monarca, Felipe II. Como advirtió Francisco de Quevedo en España defendida, obra publicada en 1609, «propiamente España se compone de tres coronas: de Castilla, Aragón y Portugal».[6]

La "decadencia" de Castilla, las necesidades de la guerra y las dificultades de la Hacienda real

Retrato de Felipe IV de España pintado por Rubens en 1628

A principios del siglo XVII, la situación de Castilla —de donde hasta entonces habían salido los hombres y los impuestos que necesitaron Carlos I y Felipe II para su política hegemónica en Europa— ya no era la misma que la del siglo anterior. Como ha señalado Joseph Pérez, Castilla "se hallaba exhausta, arruinada, agobiada después de un siglo de guerras casi continuas. Su población había mermado en proporción alarmante; su economía se venía abajo; las flotas de Indias que llevaban la plata a España llegaban muchas veces tarde, cuando llegaban, y las remesas tampoco eran las de antes. En comparación con Castilla, las coronas de Aragón y Portugal habían conservado su autonomía interna, protegida por sus fueros y leyes, que limitaban el poder del rey".[7]

La difícil situación de Castilla y la caída de las remesas de metales preciosos de las Indias tuvo una repercusión inmediata en los ingresos de la Hacienda real,[8]

Durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) la Monarquía de Felipe IV tuvo que realizar campañas militares en toda Europa para mantener unido un conjunto territorial disperso y poco cohesionado, de valor estratégico muy dispar (Península Ibérica, sur de Flandes, media Italia, enclaves entre Francia y Alemania), sin descuidar el Imperio ultramarino, a la vez que se seguía una política de prestigio o de reputación, en defensa de la religión católica y de la rama austriaca de los Habsburgo, lo que explica que no se renovara la Tregua de los doce años con Holanda y que se interviniera en la guerra europea en contra de las potencias protestantes y la Francia de Richelieu. Todo ello había que hacerlo en medio del aislamiento internacional que no se conseguía romper a pesar de los intentos de conseguir una alianza con Inglaterra. Tampoco el Papa exhibía ninguna simpatía a la Monarquía Católica. Aun así se habían conseguido éxitos notables, como mantener accesible la ruta de los Tercios o camino español entre Italia y Flandes (luchas por el enclave estratégico de la Valtellina, 1620-1639).

Pero el esfuerzo bélico que requería la guerra era imposible de mantener para una hacienda sin recursos:

  • los ingresos americanos (extracción de metales preciosos estancada o en declive desde finales del siglo XVI, y dependientes del sistema de la flota de Indias, sometido al azar de las tempestades y la presión de piratas y corsarios de las potencias navales emergentes Inglaterra y Holanda;
  • los impuestos de la Corona de Castilla (también disminuyendo por la coyuntura de crisis y despoblación y dependientes de unas Cortes que aunque nunca se negaron a conceder fondos, complicaban su concesión y forma de cobro),y que se quejaban de que los demás territorios de la Monarquía no contribuían significativamente;
  • la venta de jurisdicciones ( señoríos), que disminuía el realengo y provocaba la refeudalización y la disminución efectiva del poder real;
  • la política monetaria ( devaluación de la moneda de vellón);
  • la deuda pública ( juros), creciente y muy problemática, que condujeron a las sucesivas Quiebras de Felipe IV.

El proyecto de Olivares: el memorial secreto de 1624 y la Unión de Armas

El Conde Duque de Olivares, por Velázquez, 1632. Aparece un valido de gesto decidido en la cúspide de su poder y del de la Monarquía Hispánica, con el bastón de mando militar, en un cuadro que es pendant con uno de composición simétrica del propio rey, ambos en el Museo del Prado.

El proyecto de Olivares, resumido en su aforismo Multa regna, sed una lex, «Muchos reinos, pero una ley»,[10]

Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España: quiero decir, Señor, que no se contente Vuestra Majestad con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estas reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si Vuestra Majestad lo alcanza será el Príncipe más poderoso del mundo.

Como este proyecto requería tiempo y las necesidades de la Hacienda eran acuciantes, el Conde-Duque presentó oficialmente en 1626 un proyecto menos ambicioso pero igualmente innovador, la Unión de Armas, según el cual todos los "Reinos, Estados y Señoríos" de la Monarquía Hispánica contribuirían en hombres y en dinero a su defensa, en proporción a su población y a su riqueza. Así la Corona de Castilla y su Imperio de las Indias aportarían 44.000 soldados; el Principado de Cataluña, el Reino de Portugal y el Reino de Nápoles, 16.000 cada uno; los Países Bajos del sur, 12.000; el Reino de Aragón, 10.000; el Ducado de Milán, 8.000; y el Reino de Valencia y el Reino de Sicilia, 6.000 cada uno, hasta totalizar un ejército de 140.000 hombres. El Conde-Duque pretendía hacer frente así a las obligaciones militares que la Monarquía de la Casa de Austria había contraído. Sin embargo, el conde-duque era consciente de la dificultad del proyecto ya que tendría que conseguir la aceptación del mismo par las instituciones propias de cada Estado —singularmente de sus Cortes—, y éstas eran muy celosas de sus fueros y privilegios.

Con la Unión de Armas Olivares retomaba las ideas de los arbitristas castellanos que desde principios del siglo XVII, cuando se hizo evidente la "decadencia" de Castilla, habían propuesto que las cargas de la Monarquía fueran compartidas por el resto de los reinos no castellanos, aunque nada dijeron de compartir también los beneficios.[12]

La oposición de los reinos y estados no castellanos a la Unión de Armas

Mientras en la corte de Madrid la Unión de Armas fue recibida con granes elogios —«único medio para la sustentación y restauración de la monarquía»—, en los estados no castellanos ocurrió exactamente lo contrario, conscientes de que si se aprobaba tendrían que contribuir regularmente con tropas y dinero, y de que supondría una violación de sus fueros, ya que en todos ellos, como ha señalado Elliott, "reglas muy estrictas disponían el reclutamiento y la utilización de las tropas".[13]

Según Joseph Pérez, la oposición de los estados no castellanos a la Unión de Armas se debió, en primer lugar, a que el cambio que se proponía "era demasiado fuerte como para ser aceptado sin resistencia" por unos "reinos y señoríos que habían disfrutado desde siglo y medio de una autonomía casi total"; y, en segundo lugar, porque "el propósito de crear un nación unida y solidaria venía demasiado tarde: se proponía a las provincias no castellanas participar en una política que estaba hundiendo a Castilla cuando no se le había dado parte ni en los provechos ni en el prestigio que aquella política reportó a los castellanos, si los hubo".[14]

Para la aprobación de la Unión de Armas el rey Felipe IV convocó para principios de 1626 Cortes del Reino de Aragón, que se celebrarían en Barbastro; Cortes del Reino de Valencia, a celebrar en Monzón, y Cortes catalanas, que se reunirían en Barcelona. En las del Reino de Valencia Olivares tuvo que cambiar sus planes y aceptar un subsidio, que las Cortes concedieron de mala gana, de un millón de ducados que serviría para mantener a 1.000 soldados —lejos, pues, de los 6.000 previstos— que se pagaría en quince plazos anuales —72.000 ducados cada año—. De las Cortes del reino de Aragón obtuvo dos mil voluntarios durante quince años, o los 144.000 ducados anuales con los que se pagaría esa cantidad de hombres —muy lejos también de la cifra de 10.000 soldados prevista por Olivares para el reino de Aragón—.[16]

En 1632 Olivares volvió a intentar que las cortes catalanas aprobaran la Unión de Armas o un "servicio" en dinero equivalente y se reunieron de nuevo. Pero éstas aún duraron menos que las de 1626 ya que cuestiones de protocolo —como la reivindicación de los representantes de Barcelona del privilegio de ir cubiertos con sombrero en presencia del rey— y los interminables greuges agotaron la paciencia del rey y de nuevo se marchó sin clausurarlas. Como ha señalado Xavier Torres, el fracaso de estas nuevas cortes sancionó "de hecho, el divorcio entre el monarca —o su valido— y las instituciones del Principado".[17]

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