Contrato Dreyfus

Portada del volumen legal sobre el Contrato Dreyfus.

El Contrato Dreyfus fue un acuerdo comercial firmado en París el 5 de julio de 1869 entre los representantes del Estado peruano y la Casa Dreyfus & Hnos., empresa cuyo titular era Auguste Dreyfus. Posteriormente se hicieron algunas mejoras y ampliaciones. Por medio de este contrato, la Casa Dreyfus & Hnos. se comprometía a adquirir del Estado peruano dos millones de toneladas de guano de islas, valorados en 73 millones de soles, que debía abonar a razón de 700.000 soles mensuales; al mismo tiempo se comprometía a dar al Estado un adelanto de dos millones de soles, comprometiéndose, además, a cubrir el servicio de la deuda externa peruana, que ascendía a cinco millones de soles anuales. Fue aprobado por el Gobierno el 17 de agosto de 1869, en medio de una gran polémica que dividió a la opinión pública. Por entonces gobernaba en el Perú el coronel José Balta y era ministro de Hacienda Nicolás de Piérola Villena, que fue el artífice del contrato. Los consignatarios o empresarios nacionales del guano acusaron al Gobierno de “despojo” e intentaron suplantar por la vía judicial a la Casa Dreyfus. La Corte Suprema dio la razón a los consignatarios, pero el Congreso de la República zanjó finalmente la controversia, aprobando y poniendo en ejecución el contrato el 11 de noviembre de 1870. Sin embargo, Dreyfus no llegó a cumplir a cabalidad todas las cláusulas del contrato y fue acusado de hacer manipulaciones en desmedro del Estado peruano. El contrato, tras tener sucesivas modificaciones, fue rescindido finalmente en 1876.

Contexto histórico

Político

El coronel José Balta, presidente del Perú de 1868 a 1872.

Tras la guerra contra España, que culminó con el Combate del Callao del 2 de mayo de 1866, el Estado peruano quedó sumido en una aguda crisis económica, a consecuencia del gran desembolso de recursos pecuniarios que había hecho para adquirir elementos bélicos. El dictador Mariano Ignacio Prado, en comicios fraudulentos, ya que se realizaron sólo en Lima y Callao, se hizo elegir presidente constitucional del Perú e instaló un Congreso Constituyente para discutir una nueva Constitución Política, que debía reemplazar a la del año 1860. En defensa de esta última carta magna, el viejo mariscal Ramón Castilla se alzó en el sur, pero murió en Tiviliche en pleno desierto el 30 de mayo de 1867, no obstante lo cual, dejó encendida la chispa revolucionaria. En efecto, en octubre de 1867 se produjo una revolución en Arequipa, «invocando el cumplimiento de la Constitución de 1860». La recientemente aprobada Constitución liberal de 1867 fue quemada en un acto público. También estalló una revolución en Chiclayo, encabezada por el coronel José Balta, que enlazó con los rebeldes arequipeños.

Prado, al mando de su ejército, marchó a Arequipa para sitiarla, pero fue rechazado por las tropas rebeldes. Regresó a Lima y renunció el 7 de enero de 1868.

El general Pedro Díez-Canseco que había dirigido la revolución de Arequipa, entró con su ejército a Lima, tomó el poder político y convocó al Congreso. Se llamaron a elecciones populares y salió elegido como nuevo presidente de la República, el coronel José Balta, el 2 de agosto de 1868.

Hacendario

Depósitos de guano en las Islas Chincha.

Cuando Balta asumió el poder, encontró una caótica situación hacendaria. Desde la década de 1850, el producto que aportaba los mayores ingresos a la hacienda pública era el guano de islas, entonces de gran demanda en Europa y Norteamérica por sus propiedades fertilizantes. La venta del guano se basaba en el sistema de la consignación del guano, que consistía en que el Estado contrataba con ciertos individuos llamados Consignatarios, para que vendieran al extranjero cierta cantidad de guano. Los consignatarios cobraban por ello una comisión y luego entregaban al Estado el producto de su venta. Haciendo así de intermediarios, los consignatarios hicieron suculentas ganancias. Pero con frecuencia retrasaban la entrega de los pagos al Estado y se quedaban con dinero que ya no era de ellos, sino público. Se les acusaba además de una serie de abusos tales como los que fueron denunciados, a fines de 1866, por Guillermo Bogardus: recargo en los fletes, cobro indebido de comisiones, falta de oportunidad para alzar el precio del abono, etc.

No obstante, tan fuerte era la crisis económica que el gobierno, al no tener recursos para pagar sus compromisos internos y externos, se veía obligado a solicitar préstamos a los consignatarios. Estos otorgaban los préstamos sujetos a intereses usurarios del dos y hasta del tres por ciento mensual. Aún más, como condición para prestar dinero, usaron la artimaña de pedir prórrogas de sus contratos, obteniendo mayor cantidad de años en calidad de consignatarios. De ese modo la caja fiscal se convirtió en prisionera de los consignatarios. Tal era la espinosa situación que el gobierno de Balta se propuso solucionar. El Congreso de la República, por su parte, le advirtió que no daría más prórrogas a los consignatarios, por lo que se hacía inevitable una solución drástica y radical.

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