Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña

El Consell de Garanties Estatutàries es la más alta institución jurídico-consultiva de la Generalitat de Catalunya. En virtud del artículo 76 del Estatuto de autonomía de Cataluña,[1]​ le corresponde velar por que las leyes del Parlament y las normas con fuerza de ley del Gobierno se adecuen al Estatuto y a la Constitución. Asimismo, como garantía del autogobierno catalán, ha de dictaminar con carácter previo a la interposición ante el Tribunal Constitucional de recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y conflictos en defensa de la autonomía local. El Consell ejerce su función mediante la emisión de dictámenes jurídicos preceptivos y no vinculantes, a solicitud del Parlament, el Gobierno, el Síndic de Greuges o las instituciones locales. Y, finalmente, también desarrolla un papel de especial tutela de los derechos estatutarios, en los términos del artículo 38.1 del Estatuto.

Con la finalidad de asegurar su independencia en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas estatutaria y legalmente, el Consell tiene autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.

El Consell de Garanties Estatutàries se constituyó el 24 de noviembre de 2009 y sucede, con funciones más amplias, al extinto Consell Consultiu (1980-2009).[2]

Funciones

De acuerdo con lo establecido por el artículo 76 del Estatuto y el artículo 16 de la Ley 2/2009,[3]​ el Consell de Garanties Estatutàries dictamina sobre:

  1. La adecuación a la Constitución de los proyectos y proposiciones de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña antes de su aprobación por el Parlament.
  2. La adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos y las proposiciones de ley sometidos a la aprobación del Parlament, incluidos los de lectura única.
  3. La adecuación al Estatuto y a la Constitución de los decretos-ley sometidos a la convalidación del Parlament.
  4. La adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos de decreto legislativo aprobados por el Gobierno en los supuestos en que la ley de delegación establezca que el Parlament debe efectuar el control adicional de la legislación delegada y antes de que sean publicados en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  5. La adecuación a la autonomía local, garantizada por el Estatuto, de los proyectos y las proposiciones de ley, así como de los proyectos de decreto legislativo aprobados por el Gobierno.

Asimismo, dictamina previamente a la presentación del correspondiente procedimiento ante el Tribunal Constitucional, con relación a:

  1. La interposición por el Parlament o por el Gobierno de un recurso de inconstitucionalidad.
  2. El planteamiento por el Gobierno de un conflicto de competencia.
  3. La interposición de un conflicto en defensa de la autonomía local, constitucionalmente garantizada, en los supuestos que indica la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.