Congreso Constituyente Democrático (Perú)

Congreso Constituyente Democrático
Tipo Asamblea constituyente
Presidente Jaime Yoshiyama
Miembros 80 congresistas
Sede Palacio Legislativo del Perú, Lima, Flag of Peru.svg Perú
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El Congreso Constituyente Democrático (CCD) fue una Asamblea Constituyente instalada en el Perú luego de que el presidente Alberto Fujimori disolviera el Senado y la Cámara de Diputados en 1992, tras un autogolpe de estado. Su principal función fue dar una nueva Constitución, reemplazando a la de 1979.

Contexto

Alberto Fujimori Fujimori.

El 5 de abril de 1992 el presidente Alberto Fujimori inició una nueva etapa de su gobierno y de la historia republicana peruana, anunciando el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyo fin sería la reforma institucional del país, orientada a lograr una auténtica democracia; ello implicaría necesariamente la reforma constitucional. El gobierno asumió la totalidad del poder, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales.

El “autogolpe” de Fujimori contó la aprobación mayoritaria de la población peruana, según encuestas publicadas con extraordinaria rapidez. Ello se comprende por el descrédito en que habían caído los partidos políticos y sus representantes en el parlamento, vistos como un lastre para el desarrollo y la pacificación del país, acosado entonces por el terrorismo de extrema izquierda. Al margen de la propia conducta de la clase política, hay que destacar que esa campaña de desprestigio hacia la “partidocracia” fue fomentada y estimulada desde muy temprano por el mismo gobierno.

En el plano interno el régimen fujimorista contó pues, con “legitimidad social”. Las dificultades vinieron del exterior. En el contexto mundial, el fin de la guerra fría había traído una ola de democratización en Europa y en Sudáfrica, que se expandió al resto de África y a Asia; en América su efecto jurídico más importante fue la resolución 1080 de la OEA aprobada en 1991 en una reunión realizada en Santiago de Chile. Dicha resolución estableció que si se rompía la institucionalidad democrática en un país miembro de la OEA debía celebrarse obligatoriamente una “Reunión de Consulta” de cancilleres para adoptar las medidas contempladas en la carta.

Los embajadores representantes reunidos en Washington D.C., sede de la OEA, “deploraron” el autogolpe peruano e instaron al presidente Fujimori a que buscara una fórmula para el retorno de la democracia. En la reunión de cancilleres, el ministro peruano Augusto Blacker Miller justificó el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú la subversión terrorista. Este argumento no convenció a los representantes de los países más importantes de América. Se aprobó una resolución en la cual se exigía al gobierno peruano dialogar con la oposición democrática y encontrar una senda para tornar a la democracia; caso contrario, en la siguiente reunión de cancilleres se procedería a adoptar sanciones contra el Perú.

En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió a la XXII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas; en la cumbre se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como a convocar a un Congreso Constituyente Democrático para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración, a través de representantes elegidos, de un nuevo contrato social-

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