Concentración parcelaria

La concentración parcelaria o, mejor aún, integración parcelaria, es una actividad situada en el ámbito de la ingeniería civil agronómica, consistente en agrupar las parcelas de un propietario en el menor número posible de ellas. A la parcela o parcelas resultante se le denomina finca (de reemplazo). Según el DRAE consiste en la "agrupación de diversas fincas rústicas de reducida extensión, para unificar y facilitar el cultivo".

Esta actividad se ha llevado a cabo en la mayor parte de los países europeos, en los que básicamente por motivos históricos, las parcelas se han dividido por herencias provocando un fraccionamiento excesivo de las fincas rústicas.

España

Por iniciativa del Ministro de Agricultura Rafael Cavestany de Anduaga se tramita en las Cortes Españolas y la primera disposición sobre concentración parcelaria se promulga el 20 de diciembre de 1952, un primer ensayo en manos de una comisión a la que se encomienda que en el plazo de los cinco años siguientes redacte un proyecto definitivo:

"...Pero la formidable acogida del ensayo, manifestada en la afluencia de demandas de los agricultores solicitando la concentración, rebasó los cálculos más optimistas y obligó a promulgar otra nueva Ley, la de 20 de julio de 1955, que no fue la definitiva anunciada, ya que se trataba tan sólo de complementar la anterior, si bien con la novedad de facultar al Gobierno para promulgar un texto refundido sobre concentración, texto que se aprueba por Decreto de 10 de agosto de 1955, en que se recogen , aparate de las dos Leyes del 52 y 55, otras normas que fueron promulgadas sin el rango de Ley y que aparecieron para hacer posibles los primeros ensayos de concentración, tal como la orden conjunta de los Ministerios de Justicia y Agricultura de 22 de noviembre de 1954..."

La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (LRYDA), base sobre la que se ha llevado a cabo este procedimiento agronómico en España, en su artículo 173 define sus fines: La concentración parcelaria tiene por fin primordial la constitución de explotaciones de estructura y dimensiones adecuadas, a cuyo efecto y realizando las compensaciones necesarias entre clases de tierras que resulten necesarias se procurará, y resumiendo brevemente los aspectos que se procurarán:

  1. Adjudicar a cada propietario en coto redondo el menor número de fincas de reemplazo.
  2. Adjudicar contiguas las fincas integradas en una explotación.
  3. Suprimir explotaciones que sean antieconómicas.
  4. Situar las nuevas fincas en el lugar que mejor pueda atenderlas quien las explote.
  5. Dar acceso a las nuevas fincas a las vías de comunicación, modificando y creando caminos.

En resumen mediante esta actividad agronómica, se “intenta” en lo posible, dar al agricultor el mínimo número de fincas a cambio de las parcelas aportadas, todo ello en el ámbito de una red de caminos en condiciones y situadas donde haya pedido, eso sí dentro de lo posible.

Al observarse los perjuicios del minifundio, con el aumento de la mecanización de la agricultura, la creación de nuevos regadíos o la mejora de los antiguos se concluye fácilmente que la actividad de la concentración parcelaria es muy beneficiosa, no obstante dadas las dificultades en su realización, así como la lentitud del proceso la han hecho terriblemente impopular, como colofón, los problemas ambientales la han hecho más impopular si cabe, tan impopular que es rara su realización en la mayor parte de las Comunidades Autónomas de España.

En 1959 Smith decía que “la parcelación es uno de los males tradicionales de la agricultura española, caracterizando su paisaje, principalmente en el centro y noroeste peninsular”.

En una memoria de 1907 se expone que en León algunos agricultores tenían una explotación en un número de parcelas de 80 a 120, sumando 6 a 7 ha y dispersas en 50 km de radio. Las situaciones más extremas se daban en Galicia, donde un pequeño propietario podía tener 500 parcelas, algunas menores de 1 área (100 m2).

En 1973 se crea el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, en el que se refunde el Servicio de Concentración y el Instituto de colonización y a su vez, se promulga la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, desarrollándose en su Título VI este procedimiento. Con dicha Ley se realizan gran número de concentración parcelaria, en particular Castilla y León, Galicia y posteriormente Aragón y Castilla-La Mancha. Con la llegada de nuevas competencias a las diferentes Comunidades Autónomas muchas de ellas han promulgado Leyes de concentración parcelaria, pero en términos generales son muy similares a la mencionada LRYDA, ya que es difícil realizar el procedimiento de otro modo.

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