Compromiso de Caspe

Acta notarial original de la elección unánime de Fernando de Antequera como rey de Aragón por los nueve compromisarios de Caspe. 25 de junio de 1412. En ella puede leerse la proclamación: publicamus quod Parlamenta predicta et subditi ac vassalli Corone Aragonum fidelitatis debitum prestare debent et tenentur illustrissimo ac excellentissimo et potentissimo principi et domino: domino Ferdinando, infanti Castelle, et ipsum dominum Ferdinandum in eorum verum regem et dominum habere tenentur et debent, cuya traducción es: 'publicamos que los parlamentos nombrados y los súbditos y vasallos de la Corona de Aragón deben y están obligados a prestar fidelidad al ilustrísimo, excelentísimo y potentísimo príncipe y señor don Fernando, infante de Castilla, y que al mismo don Fernando deben y están obligados a tener y reconocer como su verdadero rey y señor'.[1]

El Compromiso de Caspe fue un pacto establecido en 1412 por representantes de los reinos de Aragón, Valencia y del principado de Cataluña[2] para elegir un nuevo rey ante la muerte en 1410 de Martín I de Aragón sin descendencia y sin nombrar un sucesor aceptado. Supuso la entronización de Fernando de Antequera, un miembro perteneciente a la dinastía Trastámara, en la Corona de Aragón.

Antecedentes

El 25 de julio de 1409 falleció Martín el Joven, el único hijo del rey de Aragón, Martín I, por lo que este contrajo un nuevo matrimonio con Margarita de Prades con la esperanza de concebir un hijo que asegurara la línea sucesoria.

El fracaso que supuso la no concepción de un nuevo heredero llevó a Martín I a pensar en reconocer a Fadrique de Luna, un hijo ilegítimo de Martín el Joven, como su sucesor, pero la falta de apoyos le hizo desistir de esta posibilidad.

En esta coyuntura nombró a Jaime II de Urgel Lugarteniente de Aragón y Gobernador General de la Corona. Este nombramiento fue rechazado por la Diputación de la Generalidad aragonesa y por el arzobispo de Zaragoza García Fernández de Heredia, al considerarlo como un reconocimiento a su virtual condición de heredero a la corona. Jaime de Urgel introdujo tropas armadas en Zaragoza y se desataron en el interior de la ciudad graves disturbios. Ante el rechazo generado, Martín I revocó el nombramiento el 17 de mayo de 1410. Pocos días después de las Alteraciones de Zaragoza, el 31 de mayo, fallecía el rey sin descendencia legítima y sin nombrar sucesor al trono.

En sus últimos días el rey fue visitado en su lecho de muerte por varios miembros de los brazos del principado de Cataluña y, con la presencia de los notarios reales y otros oficiales (camarero, escudero y copero), así como del obispo y el gobernador de Mallorca y el gobernador del principado catalán, por boca del consejero de Barcelona Ferrer de Gualbes preguntaron al rey por dos veces en los días 30 y 31 si quería que su sucesor fuera aquel que debía serlo por justicia, es decir, si el problema de su sucesión se debía dilucidar mediante el examen de los derechos al trono de los distintos candidatos, a lo que Martín I respondió, ya agonizante, que sí. A partir de ese momento la maquinaria de los poderes políticos de la Corona puso en marcha mecanismos que desembocaron en la Concordia de Alcañiz y el Compromiso de Caspe.[3]

Desde entonces las instituciones de la Corona comienzan a desarrollar un proceso que será dirigido por los distintos parlamentos de las respectivas Diputaciones del General o Generalidades que representaban a la sociedad, tal y como se concebía a comienzos del siglo XV, para conseguir restablecer la monarquía y mantener la unidad de la Corona de forma no traumática, evitando la posible guerra civil y fragmentación que podría originar la lucha entre las distintas facciones nobiliarias que apoyaban a sus correspondientes pretendientes.[4]

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