Comité Pro Paz

El Comité Pro Paz fue un organismo de derechos humanos creado por las iglesias cristianas junto con la comunidad judía para proteger la vida e integridad física de las personas perseguidas por el régimen militar en Chile.

Las primeras tareas

Cardenal Raúl Silva Henríquez, máximo representante de la Iglesia Católica chilena.

Ante la imperiosa necesidad de proteger la vida de miles de chilenos frente a la gravedad de la represión desatada por las nuevas autoridades luego del golpe de Estado, las Iglesias chilenas organizaron rápidamente un servicio ecuménico de amparo a las personas en dificultades. Este esfuerzo contó con la participación de algunas Iglesias Cristianas, como la bautista, metodista, ortodoxa y también la comunidad judía. Así nacieron el Comité de cooperación para la paz en Chile (llamado Comité Pro Paz o también COPACHI) y también el menos conocido Comité Nacional de ayuda a los refugiados extranjeros (CONAR). El Comité de Cooperación para la Paz en Chile, fue el primer paso en la defensa de los derechos humanos durante el régimen militar, se creó a través del decreto arzobispal nº 158-73, firmado por el cardenal Raúl Silva Henríquez el 4 de octubre de 1973. Se nombraron como co presidentes del Comité al Obispo católico Fernando Ariztía Ruiz y al Obispo luterano Helmut Frenz. El primer secretario ejecutivo del Comité fue el jesuita Fernando Salas. El COPACHI funcionaba en una casona en calle Santa Mónica en Santiago. Del trabajo con los afectados y sus familiares surgieron los programas laboral, asistencial, salud, zonas, campesinos, universitario y el departamento jurídico. Con premura se constituyó un equipo de asistentes sociales y abogados que llegaron a trabajar al Comité, hubo además un grupo de trabajo compuesto por religiosas, sacerdotes y laicos con la misión de asilar gente perseguida en las embajadas.

El Comité buscaba afrontar las situaciones de injusticia como desamparo que produjo la persecución del régimen. Entre sus objetivos figuraba la tarea de promocionar ayuda material y espiritual a las personas y familias afectadas por la represión, proveer asistencia legal y judicial y documentar las irregularidades cometidas, teniendo siempre como norte la defensa de los derechos de todas las personas. El Comité fue la única institución, el único lugar donde podían acudir sin miedo las personas cuyos familiares habían sido detenidos o perseguidos, así como las personas que habían sido exoneradas por razones políticas, entre otras víctimas del régimen. La masividad de la represión hacía que muchos de los presos lo estuvieran en centros no convencionales como el Estadio Nacional de Chile, o incluso campamentos abandonados en medio del desierto como fue la Oficina Salitrera Chacabuco. De manera recurrente comenzaron a aparecer casos de gente que había sido detenida (las más de las veces por la noche en su casa, frente a sus familias) pero cuya detención no era oficialmente reconocida, ni se encontraba su cuerpo baleado en medio de la calle (como ocurrió con muchos de los ejecutados de los primeros años de la dictadura). Los funcionarios del Comité comenzaron a trabajar con los familiares de estos casos cuyo paradero se desconocía, en forma colectiva para fomentar su organización. Fue el primer paso para la fundación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

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