Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Logo de la CMT.jpg
Seu de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) al carrer Bolívia de Barcelona.jpg
Sede de la CMT, Barcelona.
Fundación 1996
Sede central Carrer de Bolívia, 56, 08018 Barcelona, Flag of Spain.svg  España
Coordenadas 41°24′09″N 2°11′28″E / 41.402586, 41°24′09″N 2°11′28″E / 2.190983
Presidente Bernardo Lorenzo[1]
Sitio web http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) era la Autoridad Nacional de Regulación (ANR) del sector de las telecomunicaciones en España. Fue creada en 1996, durante el proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, como Organismo Público regulador independiente de los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas. Su sede se encuentra actualmente en Barcelona.

Tiene varios objetivos principales:

  • Establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores del mercado de las telecomunicaciones.
  • Fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora.
  • Resolución de los conflictos entre operadores.
  • Ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los operadores.

En 2013, la CMT se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Historia

Las funciones inicialmente atribuidas a la entidad se originaron gracias al Real Decreto-Ley 6/1996 de 7 de junio, que fue convalidado mediante la Ley 12/1997 de 24 de abril. Esta ley fue derogada al entrar en vigor la vigente Ley 32/2003 de 3 de noviembre, en cuyo artículo 48 se establece el régimen jurídico, patrimonial y presupuestario de la Comisión. Así, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un Organismo Público dotado de personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada así como de patrimonio propio, independiente del patrimonio del Estado (artículos 48.1 y 48.13 de la Ley 32/2003, respectivamente).

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