Centro clandestino de detención (Argentina)

Homenaje a los desaparecidos, escultura ubicada donde estuvo el CCD Club Atlético, Paseo Colón 1200, Buenos Aires.
La ESMA, uno de los centros clandestinos de detención más conocidos.

Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron instalaciones secretas empleadas por las fuerzas armadas y de seguridad para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas implementado por la dictadura militar que ocupó el poder en la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.

Las Fuerzas Armadas clasificaban los CCD en dos tipos:[1]

  • Lugar Definitivo (LD): tenían una organización más estable y estaban preparados para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de detenidos.
  • Lugar Transitorio (LT): tenían una infraestructura precaria y estaban destinados a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos-desaparecidos.

El plan del gobierno de facto, que ejerció el poder en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, formaba parte de las operaciones de contrainsurgencia clandestinas comenzadas pocos años antes, en el marco del Operativo Independencia, para eliminar la disidencia política. Operativos similares se llevaron a cabo en otros países de la región, con el apoyo expreso del gobierno de los Estados Unidos, interesado en promover a toda costa el control del comunismo y otras corrientes ideológicas opuestas a su bando en la guerra fría.

Panorama general

Los primeros CCD fueron instalados en 1975, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En ese año ya estaban en funcionamiento La Escuelita en Faimallá ( Tucumán) y El Campito (en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires). También en 1975 funcionó un CCD en la planta de la empresa Acindar en Villa Constitución, presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, como parte de la estructura represiva organizada para contener la huelga declarada por el sindicato UOM en mayo de ese año.

En 1976 llegaron a existir 610 CCD, pero muchos de ellos fueron temporales y circunstanciales. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de estado, la cifra se estabiliza en 364 CCD. En 1977 la cantidad se reduce a 60. En 1978 hay 45 CC, y para 1979 los centros llegan a 7. En 1980 quedaban dos: la ESMA y el Campito ( Campo de Mayo). En 1982 y 1983 la ESMA era el único campo de concentración que seguía siendo utilizado.[2]

En Buenos Aires hubo 60 centros, en la provincia de Córdoba 59 y en Santa Fe 22. Cinco grandes centros fueron el eje de todo el sistema: la ESMA y Club Atlético en la Ciudad de Buenos Aires; El Campito (Campo de Mayo) y El Vesubio en el Gran Buenos Aires ( Provincia de Buenos Aires); y Perla en Córdoba.

A pesar de sus diferencias, los CCD fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos los CCD contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para los torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar.

Los Grupos de Tareas (GT, también conocidos como "patotas") estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos-desaparecidos eran llevados al CCD correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Inmediatamente eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este período inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre uno y dos meses. Con posterioridad a ese período inicial de tortura-interrogatorio, se disponía:

  • el asesinato del detenido-desaparecido o detenida-desaparecida. En todos los CCD se utilizó el mismo eufemismo para referirse al asesinato del detenido-desaparecido: "el traslado". Los métodos utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamientos en masa, fosas comunes, tumbas NN, incineración de cadáveres, etc.
  • el blanqueo: se legalizaba al detenido-desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de 1980, de esta situación, podía derivar la deportación y el exilio, por el uso de la opción constitucional (Art. 23), o el enjuiciamiento por tribunales militares y la condena a prisión.
  • la libertad.
  • la continuidad como detenido-desaparecido, por razones variadas (utilización como esclavos, colaboradores, rehenes, etc.).

Durante su permanencia en el CCD se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos-desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, aislamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo, homofobia, etc.

También existió una política y un procedimiento común para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y en algunos casos partícipes del asesinato del padre y/o madre biológico.

El 1 de diciembre de 1977 el diario Clarín publicó una nota titulada "La ardua recuperación" en la que relata extensamente la visita de un grupo de periodistas, invitados por el Ejército, a un centro de detención que no identifica, donde entrevistaron a varias personas detenidas, que tampoco individualiza y que describe como "extremistas que se entregaron voluntariamente".[3] El artículo está acompañado de una fotografía en la que puede verse una joven mujer de espaldas sentada ante una mesa, con un epígrafe en el que dice:

Una de las detenidas, en una de las salas de lectura del establecimiento, donde cumplen la pena.[3]

Clarín nunca explicó los pormenores de la nota, ni se puso a disposición de la justicia a los fines de verificar si las personas entrevistadas eran desaparecidas, cuál era el centro de detención visitado por sus periodistas y si los militares que intervinieron pudieron haber estado cometiendo delitos de lesa humanidad. El investigador Marcelo Borrelli de la Universidad de Buenos Aires analizó la publicación y sostiene que "parecía haber sido escrita por las usinas de los servicios de la inteligencia militar". Detalla los mecanismos discursivos del periódico para elogiar el sistema de reclusión de los "extremistas" que se entregaran voluntariamente y la distinción entre "las dos juventudes", por un lado la juventud "extraviada" que tenía preocupaciones políticas y traumas afectivos de origen familiar, y por el otro la juventud apolítica, dedicada por entero a destacarse en su profesión.[4]

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