Carta Autonómica de Cuba (1897)

Escudo primado de Cuba, concedido por el Cardenal Cisneros en 1516.

La Carta Autonómica de Cuba (1897) fue, junto con la Carta Autonómica de Puerto Rico (1897), el primer Estatuto de Autonomía concedido en España a uno de sus territorios ultramarinos, concretamente a la Capitanía General de la Siempre Fiel Isla de Cuba. Autorizaba la formación de un gobierno de carácter autonómico.

Fue otorgada, siendo por cuarta vez Presidente del Consejo de Ministros el liberal Práxedes Mateo Sagasta (1897-99), mediante Real Decreto suscrito el 25 de noviembre de 1897 por la Reina Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena en nombre de su hijo, Alfonso XIII de España. Fue hecho público en la Gaceta de Madrid el 28 de noviembre de aquel año, y en la Gaceta de La Habana el 19 de diciembre. Su principal instigador y redactor fue el político liberal Segismundo Moret.

Su promulgación vino acompañada de establecimiento del sufragio masculino para propietarios estancieros y comerciantes mayores a 30 años que no fueran de descendencia afro en todas las provincias de Ultramar (excepción de las Filipinas).

Contenido de la Carta Autonómica

La Carta constaba de 70 artículos divididos en 9 títulos, más 4 artículos adicionales y 2 transitorios.

Se establecía un Parlamento Insular, dividido en una Cámara de Representantes (65 miembros electos cada 5 años; 1 por cada 25.000 habitantes) y un Consejo de Administración (18 electos por mitades cada 5 años y 17 de designación vitalicia) con competencia para regular su presupuestos de ingresos y gastos y todos los asuntos locales de la Isla, así como potestad en materia de Gracia y Justicia, Gobernación, Hacienda y Fomento.

Mientras, las Cortes y el ejecutivo españoles se reservaban los relativos a Estado, Marina y Guerra. Su representante sería un Gobernador General, elegido por el Rey a propuesta de las Cortes, que ejercerá en nombre de la Metrópoli la Autoridad Suprema. La facultad de legislar correspondería a las Cámaras insulares con el Gobernador General. El gobierno isleño o Despacho estaría presidido por un Secretario designado por el Gobernador, y conformado por cinco secretarías, responsables ante el Parlamento, las de Gracia y Justicia; de Hacienda; de Instrucción Pública; de Obras Públicas y Comunicaciones; y de Agricultura, Industria y Comercio.

Además, se mantendrían las diputaciones provinciales de Cuba (Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba) y los municipios, y la isla seguiría eligiendo 30 diputados y 16 senadores en las Cortes Españolas.

Las cartas de Cuba y Puerto Rico eran los documentos de autogobierno más avanzado de todas las colonias europeas del Caribe, superando las demandas del Partido Autonomista, pudiendo equipararse por completo a la autonomía establecida por el Reino Unido en Canadá en 1867.[1]

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