Carapintadas

Aldo Rico y los Carapintadas

Los carapintadas fueron un conjunto de militares de ideología de ultraderecha "nacionalista" que con la excusa de estar disconformes con la cúpula mayor de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un intento de golpe de estado en 1987 (según comprobó la justicia en los juicios de "copamiento de aeroparque" en 1988 y contra Seineldín en 1990) y luego otros 3 intentos: 2 (dos) más contra el gobierno de Raúl Alfonsin y el último en 1990 contra Carlos Menem en Argentina. El mote alude al uso de crema de enmascaramiento facial mimética por parte de los insurrectos, que tomaron bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno en busca de la finalización de los procesos judiciales iniciados durante la vigencia y ejecución de las leyes de Punto final primero y Obediencia Debida después revindicando la acción de la represión ilegal durante la última dictadura.

Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión, la mayoría no recibió castigo, y los cabecillas y participantes de los alzamientos contra Alfonsín fueron indultados por el presidente Carlos Menem en 1989.

Primer alzamiento

El primero de los levantamientos tuvo lugar en la Pascua de 1987, con la excusa de las acciones administrativas llevadas a cabo por la cúpula de las fuerzas armadas, sobre los beneficiarios del Punto Final; personal con jerarquía de suboficiales y oficiales con grado menor a coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), durante el Terrorismo de Estado por haber prescribido las causas que no se hubieren tramitado antes de finales de 1986 y ppios. de 1987.

El mayor Ernesto Barreiro, un elemento de la inteligencia militar que había tenido participación activa en la represión al movimiento obrero y popular en Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a cargos de tortura y asesinato que se le imputaban.

Barreiro fue arrestado, a petición del juez competente, por la autoridad militar, y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel (130, entre oficiales y soldados) se amotinó, exigiendo el cese de los juicios.

Otras dependencias militares se sumaron a la acción, ante la férrea oposición de la población civil, en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico[1] (entonces al mando del Regimiento de Infantería de San Javier (Misiones)), quien se acantonó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la destitución del jefe del Ejército, (planteando que los jefes que impartieron las órdenes "hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen") y la exigencia de una solución política para los juicios a los represores del proceso y "los del otro bando también" según se dijo en el reportaje hecho para el periodista Corbacho en Radio Mitre el 16 de abril de 1987. Aldo RIco concuñando de uno de los fundadores de Monotoneros decía: "si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos".

Si bien el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsables de tropa, la actitud del resto de las fuerzas armadas fue unánime: Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para sofocar militarmente a los carapintadas.[1]

La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país - UCR, PJ, UCD, PDC, PI, PC y PS- suscribieron el «Acta de Compromiso Democrático», oponiéndose a la actitud de los militares reconociendo los grados de responsabilidad en la represión que habían sido anunciada por el PEN antes del intento de golpe. Este último punto llevó a algunas fuerzas de izquierda -el MAS, el PCR, el PO, y las Madres de Plaza de Mayo- a distanciarse del grupo de los firmantes. Manifestaciones populares se hicieron presentes en Campo de Mayo y la Plaza de Mayo, exigiendo la rendición de los sublevados. Imposibilitado de reprimir y ante situaciones poco claras Alfonsín marchó a Campo de Mayo para exigir la rendición, en lo que se le cuestionaría como una debilidad política. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados.

Barreiro huyó; fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia militar y civil, iniciándole al último una causa en los tribunales de San Isidro por rebelión.

Parecería que a causa de este primer alzamiento carapintada,[2] y se basaba en la promesa electoral de campaña de 1983 de los tres niveles de responsabilidad. Los juicios prosiguieron durante el período del Dr. Alfonsín. Los cuadros superiores del terrorismo de Estado y algunos subalternos siguieron presos y procesados.

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