Cajas de ahorros de España

Las cajas de ahorros españolas son entidades de crédito plenas, con libertad para realizar operaciones financieras al igual que el resto de las entidades financieras que integran el sistema financiero español. Tienen finalidad social pero actúan con criterios de mercado.

En 2010, se inició un proceso de concentración y reestructuración del sector. Desde marzo de 2015, solamente quedan dos cajas de ahorros ( Caixa Ontinyent y Colonya, Caixa Pollença),[1] las únicas que no se vieron afectadas por la reestructuración del sector tras la crisis financiera de 2008.

Están reguladas por la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (Ley 26/2013, de 27 de diciembre).[3] Igualmente, el resto de normativa aplicable a entidades de crédito les es aplicable, tales como las normas relativas a recursos propios e infracciones y sanciones, entre otras.

Históricamente, se encontraban agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Tras la Ley 26/2013, la CECA se convirtió en una asociación bancaria, la cual está formada por las cajas de ahorros, las fundaciones bancarias y las entidades de crédito que puedan integrarse.

En 2009, atendían al 96,3% de la población con sucursales en su propia localidad, y al restante 3,7% de manera itinerante. Parte de sus clientes se encuentran agrupados en distintas asociaciones de consumidores, como la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios ( Ausbanc Consumo), o la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Productos Financieros y de Seguros ( ADICAE).

Funcionamiento

Antes de la Ley 26/2013

Originalmente, las cajas de ahorros se constituyeron bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada con finalidad social, a diferencia de los bancos, que eran sociedades anónimas cuyo ánimo principal era el lucro. Las cajas de ahorros tenían un carácter fundacional y se regían por la ley de sociedades limitadas y en sus consejos de administración se sentaban, por tanto, representantes gubernamentales y locales, en una proporción que fijaba cada gobierno autonómico.

La finalidad social implicaba que no podían repartir dividendos entre los socios, por lo que un importante porcentaje de los beneficios eran invertidos por las cajas de ahorros en la forma de obra social que decidía su Consejo de Administración. Así, los beneficios obtenidos revertían parcialmente a la sociedad a través de la financiación de proyectos de integración de los colectivos más desfavorecidos, becas, actividades culturales, restauración y conservación del patrimonio histórico y artístico nacional, conservación del medio ambiente, etc. En 2008, las cajas destinaron 2.058 millones de euros a evitar la exclusión financiera y fomentar el desarrollo económico y el progreso social. Sin embargo, en 2013, tras la reestructuración del mapa financiero español, la inversión fue de apenas 650 millones, volviendo así a los niveles de mediados de los años 90.[4]

La Asamblea General era el órgano constituido por las representaciones de los intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de la caja de ahorros que asumía el supremo gobierno y decisión de la entidad. La representación de los intereses colectivos en la Asamblea General ocurría (en principio) a través de los consejeros, entre 60 y 160: 40% por las Corporaciones Municipales en cuyo término tuviera abierta oficina la entidad; 44% por los impositores de la caja; 11% por las personas o entidades fundadoras de la caja y 5% por los representantes de los empleados trabajadores en la caja. Las cajas tenían prohibido acudir a los mercados de capitales para aumentar sus recursos propios y su fuerte implantación local era debida en parte a la participación de las Corporaciones Locales en sus órganos de administración, el mismo motivo por el que las cajas se mezclaban con intereses políticos estando a menudo involucradas en asuntos de corrupción.[8]

Tras la Ley 26/2013, el sector de las cajas de ahorros en España cambió muy considerablemente.

Ley 26/2013

Tras la entrada en vigor de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (Ley 26/2013, de 27 de diciembre), existen las cajas de ahorros propiamente dichas y las fundaciones bancarias. Además, puede haber fundaciones ordinarias con participaciones en entidades de crédito. Por tanto, se pasó de un sistema con cajas de ahorros que ejercían la actividad financiera directamente, cajas que la ejercían indirectamente, fundaciones de carácter especial y fundaciones ordinarias a otro en el que hay cajas de ahorros que ejercen la actividad financiera directamente, fundaciones bancarias y fundaciones ordinarias.

Solamente las cajas de ahorros propiamente dichas pudieron seguir desarrollando en su propio nombre el negocio bancario. Las fundaciones bancarias y las ordinarias, privadas ya de la condición de entidad de crédito, no ejercen actividades financieras, con excepción de lo previsto en relación con los montes de piedad.

Cajas de ahorros

Son entidades de crédito de carácter fundacional y finalidad social, cuya actividad financiera se orientará principalmente a la captación de fondos reembolsables y a la prestación de servicios bancarios y de inversión para clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas. Su ámbito de actuación no excederá el territorio de una Comunidad Autónoma. No obstante, podrá sobrepasarse este límite siempre que se actúe sobre un máximo total de diez provincias limítrofes entre sí.

Sus órganos de gobierno serán la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control. El ejercicio del cargo de miembro será incompatible con el de todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato. Será igualmente incompatible con el de alto cargo de la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, así como de las entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquellas. Tal incompatibilidad se extenderá durante los dos años siguientes a la fecha del cese de los altos cargos.

La Asamblea General, como órgano supremo de la caja de ahorros, deberá reflejar adecuadamente en su composición los intereses de las entidades fundadoras, de los impositores y de los destinatarios de la obra social. El número de miembros será fijado por los estatutos de cada caja de ahorros de acuerdo con un principio de proporcionalidad en función de su dimensión económica entre un mínimo de 30 y un máximo de 150. Habrán de respetarse las siguientes limitaciones: a) El número de consejeros generales designados por los impositores no podrá ser inferior al 50% ni superior al 60%. b) El designado por las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público, en su caso, no podrá superar en su conjunto el 25%. c) El designado por los trabajadores, en su caso, no excederá del 20%. d) El designado por las entidades representativas de intereses colectivos no excederá, en su caso, del 20%. Presidirá la Asamblea General el presidente del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración tiene encomendada la administración y gestión financiera, así como la de la obra social de la caja de ahorros. Deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan. El número de vocales no podrá, de acuerdo con un principio de proporcionalidad en función de la dimensión económica de la caja de ahorros, ser inferior a cinco ni superior a quince. La mayoría de los miembros deberán ser vocales independientes. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea General. El Consejo de Administración nombrará, de entre sus miembros, al presidente del Consejo, que, a su vez, lo será de la caja de ahorros y de la Asamblea General. Este cargo requiere dedicación exclusiva y será incompatible con cualquier actividad retribuida, salvo la administración del propio patrimonio y aquellas actividades que ejerza en representación de la caja.

La Comisión de Control tiene por objeto supervisar el procedimiento electoral y la obra social de las cajas, además de aquellas otras funciones que pudieran atribuírsele en relación con el propio Consejo de Administración. El número de vocales no podrá ser inferior a tres ni superior a siete.

Fundaciones bancarias

Aquellas fundaciones que mantengan una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que les permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración. Tendrán finalidad social y orientarán su actividad principal a la atención y desarrollo de la obra social y a la adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito.

Los órganos de gobierno de las fundaciones bancarias serán el Patronato, las comisiones delegadas de éste que prevean los estatutos, el director general y los demás órganos delegados o apoderados del patronato que, en su caso, prevean sus estatutos.

El Patronato será el máximo órgano de gobierno y representación de las fundaciones bancarias. Le corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación. Será también el responsable del control, supervisión e informe al Banco de España. El número de miembros será el que fijen los estatutos de la fundación, de acuerdo con un principio de proporcionalidad en función del volumen de sus activos. En ningún caso podrá ser superior a quince. El número de patronos representantes de administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público no podrá superar el 25%. Los patronos tendrán las mismas incompatibilidades anteriormente mencionadas para los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. Además, la condición de patrono será incompatible con el desempeño de cargos equivalentes en la entidad bancaria de la cual la fundación bancaria sea accionista, o en otras entidades controladas por el grupo bancario (En caso de que afecte a personas que a la entrada en vigor de esta Ley sean miembros del Consejo de Administración de una caja de ahorros y simultáneamente miembros del Consejo de Administración de la entidad bancaria a través de la cual aquélla ejerza su actividad como entidad de crédito, se permitirá la compatibilidad temporal con las siguientes limitaciones: a) En ningún caso podrán ejercerse funciones ejecutivas en el banco y en la fundación. b) El número de miembros compatibles en la entidad de crédito no podrá exceder del 25% de los miembros de su Consejo de Administración. c) La compatibilidad de cada miembro se mantendrá hasta que agote su mandato en curso en la entidad bancaria, y en todo caso no más tarde del 30 de junio de 2016). Ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función. El Patronato designará de entre sus miembros a un presidente, a quien corresponderá la más alta representación de la fundación bancaria. El director general, cargo incompatible con el de miembro del Patronato, será nombrado por el Patronato y asistirá a las reuniones con voz y sin voto. Estará sometido a las incompatibilidades previstas para los patronos. El Patronato nombrará también a un secretario, que podrá ser o no patrono, en cuyo caso tendrá voz pero no voto.

Las fundaciones bancarias que posean una participación igual o superior al 30% del capital en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma elaborarán, de forma individual o conjunta, un protocolo de gestión de la participación financiera. El Banco de España revisará, al menos anualmente, el contenido del protocolo. Se entenderá como una única participación la de todas las fundaciones, ordinarias o bancarias, que actúen de forma concertada en una misma entidad de crédito, en cuyo caso deberán cumplir con las obligaciones de manera conjunta. Además, tendrán que presentar anualmente al Banco de España un plan financiero en el que determinen la manera en que harán frente a las posibles necesidades de capital en que pudiera incurrir la entidad en la que participan y los criterios básicos de su estrategia de inversión en entidades financieras.

En el caso de que posean una participación igual o superior al 50% en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma, el plan financiero deberá ir acompañado adicionalmente de: a) Un plan de diversificación de inversiones y de gestión de riesgos. b) La dotación de un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada que no puedan ser cubiertas con otros recursos y que pudieran poner en peligro sus obligaciones de solvencia (no se requerirá este fondo si se incorpora un programa de desinversión que incluya las medidas a implementar por la fundación para reducir su participación en la entidad de crédito por debajo del 50% en un plazo máximo de cinco años). c) Cualquier otra medida que se considere necesaria para garantizar la gestión sana y prudente de la entidad de crédito participada y la capacidad de ésta de cumplir de forma duradera con las normas de ordenación y disciplina que le sean aplicables. Estas fundaciones bancarias, si acuden a procesos de ampliación del capital social de la entidad de crédito participada, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a aquella parte del capital adquirido que les permita mantener una posición igual o superior al 50% o de control. Esto último se podrá exceptuar en caso de que la entidad bancaria participada se halle en alguno de los procesos de actuación temprana, reestructuración o resolución previstos en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

En el supuesto de fundaciones bancarias cuyo ámbito de actuación principal exceda el de una Comunidad Autónoma, el protectorado será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad. En caso contrario, el protectorado será ejercido por la correspondiente Comunidad Autónoma. Las fundaciones bancarias harán público, con carácter anual, un informe de gobierno corporativo, que será objeto de comunicación al protectorado correspondiente.

Procesos de transformación

Las cajas de ahorros, cuyo activo total consolidado superara 10.000 millones de euros o que su cuota en el mercado de depósitos de su ámbito territorial de actuación fuera superior al 35% del total de depósitos, deberían traspasar todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última y procederían a su transformación en una fundación bancaria, en caso de que alcanzara, de forma directa o indirecta, al menos, un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permitiera nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración; o fundación ordinaria en caso contrario, con pérdida, en cualquiera de los casos, de la autorización para actuar como entidad de crédito. En caso de que la entidad perteneciera a un grupo, los supuestos previstos se referirían al balance y cuentas consolidados y la obligación de transformación afectaría a todas las cajas de ahorros del grupo, que podrían transformarse en tantas fundaciones como cajas existieran.

La Asamblea General de la caja procedería a adoptar los acuerdos de transformación en fundación bancaria u ordinaria, con aprobación de sus estatutos, designación de su Patronato y determinación de los bienes o derechos procedentes del patrimonio de la caja de ahorros que se afectarían a la dotación fundacional. Los acuerdos de transformación deberían producirse dentro del plazo de seis meses desde el momento en que se verificara el cumplimiento de alguno de los supuestos previstos, sin que la caja de ahorros hubiera retornado a la situación previa, mediante la aplicación de un plan de retorno, autorizado al efecto por el Banco de España. Transcurrido el plazo de seis meses sin que se hubiera ejecutado la citada transformación, se produciría la disolución directa de todos los órganos de la caja de ahorros y la baja en el registro especial de entidades de crédito del Banco de España, quedando transformada en fundación bancaria u ordinaria.

Las fundaciones ordinarias que adquieran una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración deberán transformarse en fundaciones bancarias.

Sin embargo, las fundaciones que a la entrada en vigor de esta Ley mantuvieran una participación en una entidad de crédito que alcanzara los niveles previstos anteriormente, solo se transformarían en fundaciones bancarias en el caso de que incrementaran su participación en la entidad de crédito y en el plazo de seis meses desde este incremento. Las fundaciones de carácter especial que se hubieran constituido de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, se transformarían en fundaciones bancarias en el plazo de seis meses desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, siempre que cumplieran los requisitos previstos. En caso de que su participación en una entidad de crédito no alcanzara los niveles previstos anteriormente, se transformarían en fundaciones ordinarias. En caso de que la entidad perteneciera a un grupo, la obligación de transformación afectaría a todas las cajas de ahorros del grupo, que podrían transformarse en tantas fundaciones como cajas existieran.

Las cajas de ahorros que a la entrada en vigor de esta Ley no cumplieran los requisitos para continuar operando como tales, dispondrían de seis meses para cumplir tales requisitos o, en caso contrario, para transformarse en fundación. A tal efecto, traspasarían todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última y se transformarían en una fundación bancaria o, en su caso, ordinaria, perdiendo su condición de entidad de crédito. Transcurrido el plazo sin que se hubiera ejecutado la transformación, se produciría la disolución directa de todos los órganos de la caja de ahorros y la baja en el registro especial de entidades de crédito del Banco de España, quedando transformada en fundación bancaria u ordinaria. En caso de que la entidad perteneciera a un grupo, la obligación de transformación afectaría a todas las cajas de ahorros del grupo, que podrían transformarse en tantas fundaciones como cajas existieran.

En cuanto a las cajas de ahorros que ejercieran su actividad como entidad de crédito a través de una entidad bancaria habrían de transformarse, en el plazo de un año, en una fundación bancaria u ordinaria según correspondiera. Transcurrido el plazo sin que se hubiera completado la transformación en fundación, quedarían automáticamente transformadas con disolución de todos sus órganos y baja en el registro especial de entidades de crédito del Banco de España. En caso de que la entidad perteneciera a un grupo, la obligación de transformación afectaría a todas las cajas de ahorros del grupo, que podrían transformarse en tantas fundaciones como cajas existieran.[2]

En la práctica, esta ley solo permitirá que sobrevivan como cajas de ahorros Caixa Ontinyent y Colonya, Caixa Pollença. No obstante, la creación de nuevas cajas de ahorros sigue presente en el Decreto 1838/1975, cuyas disposiciones referentes a dicho proceso están aún vigentes.[3]

Other Languages