Brigada Político-Social

Brigada Político-Social
Brigada de Investigación Social
COA Spain 1945 1977.svg
AcrónimoBSI
Tipopolicía secreta
Camporepresión política e investigación policial
Fundación8 de marzo de 1941
Disolución4 de diciembre de 1978
JurisdicciónEspaña
SedeMadrid
Dependiente deCuerpo General de Policía
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La Brigada Político-Social (BPS),[2]​ fue la policía secreta que existió en España durante la dictadura de Francisco Franco, encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposición al franquismo. Orgánicamente constituía una sección del Cuerpo General de Policía (CGP). Tras la muerte de Francisco Franco, durante los años de la transición la brigada fue reestructurada y sustituida por la Brigada Central de Información (BCI).

Entre la oposición antifranquista fue conocida comúnmente como «La Social», «La Secreta» o «La Brigada».

Historia

Orígenes y creación

Los orígenes de la Brigada político-social pueden rastrearse ya a comienzos del siglo XX, con la creación de la «Brigada de Informaciones» y la «Brigada de Anarquismo y Socialismo» como unidades específicas para combatir el terrorismo anarquista y el creciente movimiento obrero.[4]

Sin embargo, su antecedente inmediato fue el Decreto de 24 de junio de 1938 de los sublevados en la Guerra Civil que creaba, en el ámbito civil y dentro de las competencias de los gobernadores en las distintas provincias, un Negociado político específico para "el control de las materias en la acción política" y la "prevención y represión" de cualesquiera actividades que "obstruyan o desvíen" las "directrices generales del gobierno". Muchos de sus primeros integrantes procedían del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), el servicio secreto franquista durante la Guerra civil dirigido por el general José Ungría Jiménez.[6]​ Winzer era un oficial de las SS y la Gestapo que estuvo destinado en España instruyendo a los nuevos agentes de la Brigada Político-Social hasta 1944.

La Brigada fue creada formalmente en 1941 con la «Ley sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía» y la «Ley de Vigilancia y Seguridad».[8]

Un informe británico de 1949 describía así a la Brigada Político-Social:[9]

Sus archivos están basados en el modelo nazi, asegurando una vigilancia sistemática sobre todos los enemigos sospechosos del Estado. Todos los casos políticos caen dentro de la Brigada Político-Social, que actúa por orden del jefe superior de Policía. El Interrogatorio de un prisionero puede incluir el uso de crueles artefactos, tendentes a forzar las declaraciones posteriormente llamadas "confesiones". Como reciben un extra, los mal pagados policías tienden a usar métodos cada vez más violentos y a prolongar cuanto sea posible el aislamiento de los prisioneros para obtener una confesión.

Blas Pérez González, ministro de Gobernación entre 1942 y 1957, fue en esos años el autor y principal organizador de la eficacia que alcanzó la Brigada durante su historia.[10]

Acción represora

El comisario Roberto Conesa fue nombrado jefe de la Brigada durante los últimos años del franquismo y la época de la Transición. Se hizo conocido entre los sectores clandestinos de izquierdas por sus brutales métodos de interrogatorio y tortura. Otro policía muy destacado fue Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Guipúzcoa y que era conocido por sus brutales torturas durante los interrogatorios.[12]

Otro de los policías que destacó por sus métodos violentos durante los interrogatorios en la sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) fue Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño".[13]

Antoni Batista y la asociación de jueces, fiscales y abogados, Justicia Democrática, son las que más han profundizado la tarea represora de la Brigada Político-Social. Justicia Democrática destacó en sus informes, todavía en plena dictadura, que se practicaban "las torturas policiales en régimen de expresa impunidad" cuando se suspendieron los derechos durante los múltiples estados de excepción que desde la década de 1960 hasta la muerte del dictador se declararon en especial en tres zonas: País Vasco, Cataluña y Madrid. En los informes se señaló que, en aquellas situaciones y lugares donde no se estaba en régimen de excepción, las brigadas presentaban sus informes y peticiones para la firma de los jueces sin formalismo alguno, con premura y bajo un clima de amenaza. La posibilidad de que un juez se negara eran remotas, y la de que pudiera investigar libremente cualquier denuncia de los detenidos y/o torturados también, máxime cuando ellos mismos estaban sometidos a la acción de las Brigadas.

Ningún juez se atrevería a excusar la tortura en una resolución, pero algunos cierran sistemáticamente los ojos a todo signo de tortura y suscriben el argumento de la necesidad de la misma como método de investigación para no dejar inerme al Estado.

Pero incluso en 1975, cuando ya se empezaba a vislumbrar el final del franquismo, en las dependencias de la BPS todavía continuaban realizándose con frecuencia las torturas, malos tratos y vejaciones a los detenidos, tal y como "palizas con la porra y toallas mojadas, quemaduras de cigarrillos o cortes con cuchillas de afeitar".[14]

Desaparición

Sus competencias fueron restringidas en sucesivos decretos aprobados en 1976, 1977 y 1981, este último tras el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero.

En 1978 fue reestructurada y sustituida por la Brigada Central de Información (BCI),[18]

En cuanto al tema de los archivos de la Brigada Política-Social, la cuestión es compleja. Según algunos autores, actualmente en los archivos del Ministerio del Interior se conservarían unas 100.000 fichas políticas redactadas en época franquista.[19]