Autorregulación periodística

La autorregulación periodística nace del compromiso voluntario de los agentes que participan en el proceso de comunicación y se dirige a complementar la libertad de los medios de comunicación con un uso responsable de la misma. No se trata de poner la comunicación al servicio de ninguna causa, sino más bien lo contrario: de prevenir que la comunicación y sus contenidos sean utiles bienes internos. Las diferentes formas de autorregulación periodística tienen su origen en la deontología profesional periodística.

Autorregulación vs. censura

La libertad de acción de los periodistas y de los medios ha sido una conquista ardua y difícil que todavía representa un ideal en muchos lugares. Ahora, los medios, que se presentan como un poder de influencia, son los que disponen de la capacidad de seleccionar la información y los asuntos de interés que centran la atención de toda la sociedad. Muchos autores estudian el uso poco responsable al que pueden llegar los medios con el fin de obtener beneficios personales. Una vez que la legislación pone límites al derecho de la información, los medios deben preguntarse de qué manera ponen en acción su uso responsable. Por tanto, este procedimiento de autorregulación no tiene en absoluto que ver con la censura ni con la autocensura.

La autorregulación no sólo es completamente diferente a la censura sino que, incluso, cabe afirmar, que dentro de un marco de libertades ya garantizado, es la mejor defensa frente a ella: es a quien dispone de un criterio propio, públicamente reconocido, a quien resulta más difícil imponerle otro distinto e instrumentalizarlo.

Tampoco tiene nada que ver con la autocensura. La autocensura ocurre cuando quienes trabajan en los medios condicionan su labor cualificada como informadores o comunicadores por miedo a las repercusiones negativas que sobre ellos pueda tener su trabajo: temor a perder fuentes informativas, amistades o privilegios, a perder posibilidades de ascenso o incluso el propio trabajo. La autorregulación supone, más bien, un ejercicio de responsabilidad y por tanto de libertad, de compromiso con los fines y valores propios de la comunicación.

La autorregulación tampoco consiste en la imposición de unos contenidos morales frente a otros. Es esencial que la autorregulación sea siempre fruto del consenso más amplio posible, de la iniciativa conjunta del mayor número posible de agentes sociales. Las pautas éticas de la comunicación deben descansar, por tanto, en los presupuestos compartidos de una ética pública, en los valores y principios morales constitucionales de una sociedad democrática, así como en las particularidades específicas de la actividad comunicativa.

No se trata de normas coactivas, como las del derecho, sino de recomendaciones éticas, frente a las que siempre cabe la posibilidad de no seguirlas en determinadas circunstancias. Sin embargo, no debe pensarse que si cabe interpretarlas o saltárselas en ocasiones, entonces esas pautas éticas no sirven para nada. El profesional o el medio que se las salte debe dar una buena justificación que pueda ser aceptada por los demás.

La finalidad y la efectividad de la autorregulación deben medirse con arreglo a los retos y las complejidades de la sociedad actual, no con arreglo a supuestos irrealizables.

La autorregulación debe reducir la brecha que se ha abierto entre el poder y la libertad de los medios. Se trata de plantear una exigencia cotidiana de mayor cuidado por parte de quienes los poseen, hacen, protagonizan o consumen, es decir, por parte de todos.

Los mecanismos y las figuras que suelen utilizarse para aplicar la autorregulación son:

Según Loeffler, “los organismos de autocontrol de la prensa son instituciones creadas por y para la prensa, en el seno de los cuales, periodistas y editores, adoptando libremente sus decisiones, y siendo responsables únicamente ante su propia conciencia, cooperan a fin de preservar la existencia de relaciones equilibradas y leales entre la prensa de un lado y el Estado y la sociedad del otro”.

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