Autodefensas Unidas de Colombia

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
Flag of AUC.svg
Operacional

1996-2006

Lider principal Carlos Castaño Gil , Vicente Castaño Gil y Fidel Castaño Gil
ObjetivosCombatir y Acabar Grupos Guerrilleros de izquierda FARC, ELN y EPL (Disidencia).
Regiones activasAntioquia, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Nariño, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Chocó entre otros.
IdeologíaContrainsurgencia
Extrema derecha
AliadosCartel del Norte del Valle
EnemigosFARC-EP
ELN
EPL
ACC
Actos criminalesRebelión, terrorismo, narcotráfico, secuestro, homicidio, extorsión, masacres, robo de tierras, desaparición y desplazamiento forzado, uso de armas no convencionales, reclutamiento de menores, infiltración del Estado.
Principales atentadosMasacre de Mapiripán
Masacre de El Aro
Masacre de San José de Apartadó
Masacre de El Salado
Masacre de Chengue
Masacre de Macayepo
Masacre de El Tomate
Masacre de La Rochela
Masacre de La Mejor Esquina
Masacre de Bahía Portete
Masacre de Segovia
EstatusDesmovilizado.
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Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[2]​ y su principal objetivo era, en principio, combatir a organizaciones de izquierda legales, como el partido político Unión Patriótica (UP) e ilegales como las FARC-EP, el ELN o el EPL en varias regiones de Colombia, aquellas que estaban controladas por varias facciones del grupo guerrillero. En 2006, cuando se desmovilizaron, contaban con cerca de 40.000 hombres en todo el territorio colombiano.

Las AUC eran patrocinadas por grupos ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones donde operaban, debido a las amenazas y extorsiones de las guerrillas.[7]

Las actividades de la organización se caracterizaron por su barbarie y anticomunismo, siendo responsables de numerosos asesinatos y masacres de civiles y sindicalistas.[11]

Otros hechos violentos, como el desplazamiento forzado a miembros de numerosas comunidades, generaron denuncias a organismos nacionales e internacionales;[13]

El narcotráfico también representó un objetivo, debido a que proporcionaba una fuente de ingresos y autosostenimiento para «financiar una guerra antisubversiva».[15]

Las AUC fueron clasificadas como una organización terrorista por el Gobierno de Colombia, la Unión Europea[19]

Tras un polémico proceso de desmovilización liderado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, varios de sus principales miembros terminaron siendo extraditados como narcotraficantes a los Estados Unidos, y posteriormente juzgados.[22]

Historia

Antecedentes

En 1979 Jesús Castaño, padre de Carlos, Fidel y Vicente Castaño Gil, fue secuestrado en Amalfi (Antioquia) por el 4 frente de la guerrilla de las FARC. Después en 1981 es secuestrada Martha Nieves Ochoa hija de Fabio Ochoa Restrepo (hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez) por la guerrilla del M-19 en la ciudad de Medellín y después el Cartel de Medellín crea un grupo llamado MAS (Muerte A Secuestradores).

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

Estructura de las ACCU
  • Autodefensas de Córdoba (Córdoba) comandadas por Carlos Castaño
  • Bloque Bananero (Urabá Antioqueño) comandado por Ever Veloza
  • Bloque Héroes del Choco (Urabá Chocoano) comandado por Jorge 40
  • Bloque Cacique Nutibara (Norte Antioqueño, Nordeste Antioqueño, Occidente Antioqueño y Valle de Aburra) comandado por Don Berna
  • Bloque Metro (Norte Antioqueño, Nordeste Antioqueño, Oriente Antioqueño, Occidente Antioqueño, Suroccidente Antioqueño y Valle de Aburra) Comandado por Doblecero
  • 1 Bloque: el Bloque Élmer Cárdenas, conformado por 3 frentes.
  • 15 Bloques-Frente (contaban con números conformados por 1.000 a 3.000 miembros cada uno).
  • 10 Frentes de 50 a 500 hombres cada uno.
  • 2 compañías cooperativas cada una con 3 Frentes.

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), conocidas inicialmente como Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, empezaron como el grupo de autodefensas de la familia Castaño Gil, siendo esta organización una disidencia del primer grupo paramilitar de Colombia: Muerte a Secuestradores (MAS). Estaba comandado por Carlos y Fidel Castaño Gil. Durante la década de 1980 pasó por un período de transición en el cual tuvo varios nombres, como Frente Paramilitar Independiente de Liberación (FPIL). Al igual que otros nacientes grupos regionales de autodefensas, pertenecieron a la Alianza Americana Anticomunista (TripleA).

En 1981 tomó el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, esta vez bajo los objetivos de perseguir a las guerrillas de las FARC, EPL y al Movimiento 19 de abril (M-19). En sus inicios operó en los departamentos de Antioquia, Chocó, y Córdoba, y estableció su cuartel en el Urabá antioqueño. Se desmovilizó por primera vez, en 1991, tras una negociación con el gobierno de César Gaviria.

En 1992, el grupo de los Castaño resurge con el nombre de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), en alianza con el Cartel de Cali enemigos de Pablo Escobar, para llevar a cabo una guerra contra el capo, el cual los estaba persiguiendo. Durante este período de transición, la organización colaboró con la justicia Colombiana para neutralizar a Escobar, y debido al éxito del Bloque de Búsqueda, que contribuyó a la realización de este objetivo, retomó el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y pertenecieron a las Convivir (cooperativas de vigilancia) al igual que otros 8 grupos regionales contrainsurgentes como las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), entre otros. El proyecto fue promovido por el presidente Gaviria, con el respaldo de 27 gobernadores, entre los cuales está el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, y consistió en brindarle una facción legal a los grupos de contrainsurgencia para hacerle frente al creciente accionar guerrillero.

En 1993 Fidel Castaño fue asesinado y el mando de la organización fue asumido por su hermano Carlos.

Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio

A lo largo de su historia se le responsabiliza a esta organización de cometer varios delitos entre ellos,el narcotráfico, el secuestro, la expropiación de tierras y la extorsión a funcionarios públicos, empresas, políticos y ciudadanos.

Conformación de las AUC

En 1996, el gobierno de Ernesto Samper, clausura el proyecto de las Convivir, y le pide a los grupos paramilitares entregar las armas, y ante la negativa de algunos, estos se vuelven clandestinos y el 18 de abril de 1997 se agrupan en una facción paramilitar aparentemente centralizada.

Al conformarse las AUC, las 43 estructuras paramilitares existentes (Autodefensas, Bloques y Frentes) conservaron sus nombres y organización, más sin embargo el cuartel de la organización estaba establecido en el Urabá antioqueño, donde operaban las ACCU, lo cual despertó sus diferencias con las otras estructuras de la organización por lo que se deduce que fue una posible descentralización la principal causa del conflicto interno que había entre los jefes paramilitares; sumándose a esto el hecho de que las ACCU manifestaban a la opinión pública ser la dirección central de las AUC, y según testimonios de Jefes de otras estructuras paramilitares, las ACCU estaban interviniendo en los asuntos internos de sus organizaciones.

Disolución

Vicente Castaño.

Castaño fue asesinado por hombres de la misma organización por orden de su hermano Vicente Castaño, según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.[26]

Vicente Castaño dijo en 2005 en una entrevista que él había asumido el mando de las AUC, pero tras su misteriosa desaparición, después de suponerse sobre su posible responsabilidad en la muerte de su hermano Carlos, el mando es asumido por Jorge 40, quien era el jefe del Bloque Norte de las AUC.

Proceso de desmovilización

A mediados de 2003, el grupo firmó un acuerdo de desmovilización con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.[28]​ El proceso se inició cuando las AUC, entonces bajo la dirección ideológica de Carlos Castaño, aceptó un cese de hostilidades como requisito para una negociación con el gobierno. A pesar de las desaparición y posterior asesinato de Castaño, el proceso ha continuado con varios jefes paramilitares y de autodefensas, encabezados por Salvatore Mancuso.

Las negociaciones se realizaron principalmente en la vereda Santa Fe de Ralito en el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba, conocidas también como las conversaciones de Ralito. Sin embargo, ante el vacío jurídico, el gobierno impulsó una ley en el Congreso, conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta ley fue aprobada en 2005, y ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos. La Corte Constitucional de Colombia modificó, durante la revisión de la misma, varios apartes de la ley. Human Rights Watch y otras organizaciones reconocieron que dichas modificaciones mejoraron la ley, incrementando las exigencias hechas a los paramilitares desmovilizados y ampliando los derechos de las víctimas, ya que inicialmente la ley presentada por el gobierno y aprobada en el congreso, no contemplaba la confesión plena de los delitos de los paramilitares, la Corte implantó la exigencia de que quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que otorgaba la ley.

Las AUC se desmovilizó tras los diálogos de paz con el gobierno, un proceso bajo la verificación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sus jefes fueron recluidos principalmente en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y han rendido indagatoria ante los fiscales designados para el proceso. Como resultado, cerca de &&&&&&&&&&030000.&&&&&030 000 combatientes abandonaron las filas de las AUC y sus comandantes cesaron las operaciones. Posteriormente se conocieron documentos y grabaciones telefónicas que hacían creer que algunos de sus miembros seguían delinquiendo desde la cárcel.[30]

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), se desmovilizó el 10 de marzo de 2006, bajo el mando de Rodrigo Tovar Jorge 40, siendo la última estructura de las AUC en desmovilizarse.

Críticas al proceso de desmovilización

El proceso de desmovilización tuvo varias fallas, que permitieron que algunos de los grupos paramilitares no se hayan desmovilizado realmente y en cambio estén intentando consolidar su control social y económico en sus zonas de influencia, o que en su defecto varios de sus integrantes regresen individualmente hacia una vida criminal. Además, varios informes de prensa han revelado que algunos miembros seguieron delinquiendo desde la cárcel.[29]

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en informe emitido e noctubre de 2007, al Estado "le ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares" y que las versiones libres que deben entregar los paramilitares a los jueces del proceso "se han convertido en apología al delito y al paramilitarismo". Agrega que las víctimas que han asistido a las audiencias no han recibido las condiciones adecuadas de seguridad ya que "16 de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad", asegura además que el número de desplazados sigue en aumento "a pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, los cuales siguen operando en las diferentes regiones del país". Agrega que debido a esta investigación hace un llamado a autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus tratados comerciales con Colombia al respeto de este país frente a la violación de Derechos Humanos y hace un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una investigación cuanto antes para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el primero de noviembre de 2002.[31]

El proceso ha sido criticado por personajes como el expresidente Andrés Pastrana quien afirmó, entre otras cosas, que dicho proceso había servido para legalizar a capos del narcotráfico que se hicieron pasar por jefes paramilitares. El gobierno calificó las críticas de Pastrana como "un sartal de sandeces".[33]

Extradición de máximos líderes

Salvatore Mancuso, fue extraditado el 13 de mayo de 2008.

Se presentaron múltiples denuncias en los medios de comunicación en las que se aseguró que varios de los desmovilizados siguian delinquiendo desde la cárcel, situación por la que deberían perder los beneficios judiciales. No obstante dependiendo a la situación en la que se encuentren los desmovilizados se deben tomar medidas que aseguren su orden y cumplimiento de los acuerdos tratados.

El 13 de mayo de 2008, en un operativo sorpresa, fueron extraditados a los Estados Unidos 14 ex paramilitares, dentro de ellos estaban varios de los máximos jefes paramilitares que se habían sometido a la Ley de Justicia y Paz. El gobierno dijo que habían incumplido con los requerimientos del proceso. Varias asociaciones de víctimas dijeron estar en contra de dicha medida puesto que en los Estados Unidos únicamente serán juzgados por el delito de narcotráfico y las víctimas no podrán acceder a la verdad y reparación. Dentro de los extraditados se encontraban Salvatore Mancuso, alias Don Berna, alias Jorge 40, alias Cuco Vanoy y alias Gordolindo.[34]

El gobierno anunció que extraditaría a Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco" a los Estados Unidos por encontrar pruebas de que seguía en negocios de narcotráfico desde su sitio de reclusión.

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