Asistencialismo

Según Mario Fuentes Destarac "El asistencialismo público es la acción o conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones estatales con la finalidad de prestar socorro, favor o ayuda a individuos o grupos de individuos en condiciones de desprotección o de vulnerabilidad, de manera temporal o permanente. Se basa en el principio de la benevolencia, es decir en la compasión y la lástima, y se traduce en la limosna o el auxilio que se presta a los necesitados, a manera de una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno."[1]​ El asistencialismo es una forma de aplicación de la asistencia, obligación que contraen los gobiernos con sus ciudadanos a través de una constitución, por la cual se señala el carácter de dignidad de todo ser humano sin distinciones de ningún tipo.

El asistencialismo social puede ser visto como toda ayuda brindada a alguna persona considerada en situación desventajosa, desprotegida o adversa. Puede ser asistencia social por parte del gobierno, órdenes religiosas u organizaciones de carácter social y sin fines de lucro. Se representa en la acción de extender un bien o atención a los llamados “necesitados”.[2]

El asistencialismo filantrópico, apunta a la racionalización de la ayuda, distinguiendo a los necesitados de los que se pueden aprovechar de la situación. La asistencia busca ser concedida solamente a los pobres que buscaban medios considerados honestos para cambiar esa condición social. Así, busca que al mismo tiempo que se proporcione asistencia material; se incentive a los individuos socorridas al trabajo tenaz. Con esto, se empeñan en inculcar en las personas atendidas el interés por un trabajo constante, regular e ininterrumpido, y una moral hacia la sociedad.[3]

Derechos de dignidad del hombre y el ciudadano

Estos pueden encontrarse en los siguientes ejemplos:

  • Vivienda a personas sin hogar (derecho a vivienda)
  • Duchas comunitarias
  • Lavandería
  • Albergue
  • Comedores sociales
  • Atención sanitaria
  • Pileta libre
  • Artículos de farmacia (perfumes, jabón, champú)

Los gobiernos pueden ofrecer estos servicios en especies, poniendo a disposición del necesitado lo arriba indicado, o bien en dinero a través de medidas como la renta básica universal que aplican países como Finlandia o Cuba. Debido al modelo de política económica imperante, este servicio podría ser subcontratado por los ayuntamientos a empresas públicas.

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