Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos

Primera página de la Constitución original de los Estados Unidos de América, que incluye parte del Artículo I.
Segunda página de la Constitución original de los Estados Unidos de América, que incluye el final del Artículo I.

El Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, cuya fecha de aprobación data de 1788, declara el establecimiento del poder legislativo del Gobierno Federal de los Estados Unidos, representado por el Congreso, que incluye una Cámara de los Representantes y un Senado. El mismo artículo establece el método de elección y los requisitos de los miembros de cada cámara. Además, expone el procedimiento legislativo y enumera las atribuciones concedidas al poder legislativo. Por último, establece límites a los poderes federales y a cada estado miembro.

Los tres primeros artículos de la Constitución tratan, respectivamente, cada uno de los tres poderes del Gobierno federal. El legislativo viene establecido en el primer artículo, el ejecutivo en el segundo y el judicial en el tercero.

El Artículo I es el más extenso de los siete artículos que conforman el texto constitucional original. A diferencia del resto del articulado, las enmiendas al Artículo I están restringidas de forma explícita por la Constitución. Por ejemplo, ninguna enmienda anterior a 1808 podía afectar a la primera o a la cuarta cláusula de la sección novena. La primera cláusula impedía que el Congreso prohibiera el comercio de esclavos hasta 1808; la cuarta impedía cualquier tipo de impuesto directo que no fuera repartido entre los diferentes Estados, de acuerdo a su población. Además, la Constitución excluye la posibilidad que el Congreso prive a un Estado de contar con una representación equitativa en el Senado, sin el consentimiento de dicho Estado.

Primera Sección: El Congreso

Primera Sección: Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución se investirán en un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y de una Cámara de Representantes.[1]

Esta cláusula, conocida como la "cláusula de investidura", garantiza toda la autoridad del legislativo al Congreso. Muchos otros países funcionan mediante referenda popular, pero esta sección autoriza tan solo al Congreso y no al pueblo para elaborar los diferentes estatutos. En los Artículos 2 y 3 se encuentran también cláusulas de investidura, pero con respecto al poder ejecutivo y judicial. La Constitución establece de este modo el principio de separación de poderes, por el que ninguno de ellos puede ejercer competencias pertenecientes a otro (por ejemplo, el ejecutivo no está autorizado a dictar leyes).

El principio de que el Congreso no puede delegar la autoridad del legislativo en los otros poderes del Gobierno (específicamente, el Ejecutivo) se conoce como la doctrina de la no delegación. La Corte Suprema (conocida también como Tribunal Supremo) ha establecido que el Congreso no tiene libertad para delegar poderes reguladores a los diferentes organismos gubernamentales, puesto que tiene por condición un "principio inteligible".[2]