Archivo General de la Guerra Civil Española

Archivo General de la Guerra Civil Española
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Información general
Tipo Archivo documental
Fundación Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo
Ámbito Flag of Spain.svg  España
Sede Colegio de San Ambrosio
C/ Gibraltar, 2 (37008, Salamanca)
Coordenadas 40°57′35″N 5°40′02″O / 40.95969444, 40°57′35″N 5°40′02″O / -5.66725
Organización
Dependiente de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Entidad superior Centro Documental de la Memoria Histórica
Sitio web
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El Archivo General de la Guerra Civil Española es un archivo documental español situado en la ciudad de Salamanca. De titularidad estatal, se creó en 1999 y en la actualidad se encuentra integrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Está situado en el edificio que ocupó el Colegio de San Ambrosio, un antiguo hospicio realizado en 1715 por Joaquín de Churriguera.

Se creó a partir de la sección de la Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, que fue creado durante la guerra por el franquismo para almacenar toda la documentación incautada durante la contienda y que no fue transportada o destruida por los vencidos en su huida al finalizar la guerra. La documentación que contenía fue utilizada con fines represivos para juzgar a los enemigos del lado republicano. En la actualidad, es una fuente documental de gran valor para los historiadores e incluso ha servido para que los militares republicanos puedan solicitar una pensión de jubilación o una indemnización por el tiempo que permanecieron en prisión. El archivo incluye una zona dedicada a la masonería con el material requisado a las logias españolas.

Historia

El origen del Archivo de la Guerra Civil Española, así como su ubicación en Salamanca, se encuentra en las disposiciones que el bando franquista tomó durante la Guerra Civil para la incautación de documentos y fondos documentales de particulares, instituciones y administraciones opuestos a la sublevación que dio origen a la guerra.

Inscripción en la fachada del Archivo General de la Guerra Civil Española.

El 13 de septiembre de 1936, se emitió un decreto por el que se establecía la incautación de «cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos políticos o agrupaciones, así como a cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional, pasando todo ello a la propiedad del Estado». Posteriormente, en 1937, se crearon la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), por orden de 20 de abril, con el carlista Marcelino de Ulibarri como delegado, y complementando a la primera, la Delegación Nacional de Asuntos Especiales, por otra del 29 de mayo. El objetivo del primer organismo era contrapropagandístico, en tanto que el segundo se centraba en recuperar «cuanta documentación relacionada con las sectas y sus actividades en España, estuviese en poder de particulares, autoridades y organismos oficiales, guardándola cuidadosamente en lugar alejado de todo peligro, y en el que pudiera ordenarse y clasificarse para constituir un Archivo que nos permitiera conocer, desenmascarar y sancionar a los enemigos de la Patria».

La caída de Bilbao significó el comienzo organizado de la incautación de documentos. En junio de 1937 se nombró un jefe de requisa, encargado de dirigir la incautación de documentación en los territorios que habían estado en manos del Gobierno Vasco. El 14 de julio se formalizó el proceso con la creación del Servicio de Recuperación de Documentos, el cual se encargaría de la requisa de documentación en los territorios que iban siendo ocupados por las tropas franquistas. El Servicio adquirió rango administrativo cuando un Decreto de 26 de abril de 1938 creó la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos. En enero de 1938, el Servicio de Recuperación de documentos agregó nuevas funciones: la preparación de las pruebas de convicción necesarias para la actuación de la Justicia militar.

En el primer gobierno del General Franco, con Serrano Súñer como Ministro del Interior, se creó, mediante decreto de 26 de abril de 1938, la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), un órgano administrativo cuya finalidad era la recopilación de documentación relacionada con personas e instituciones vinculadas contrarias a la sublevación, con el fin de «suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos». La DERD englobaba a la OIPA. Por otra parte, la Delegación de Servicios Especiales quedó englobada en la Secretaría Particular del General Franco, siendo ambas Delegaciones dirigidas por Marcelino de Ulibarri. La sede de todos estos organismos se situaba en Salamanca, ciudad donde se ubicaba el cuartel general de Franco.

Ambas delegaciones, con fines similares y dirigidas por la misma persona, tendieron a confundirse y fueron finalmente englobadas en 1944 en la Delegación Nacional de Servicios Documentales, dependiente de la Presidencia del Gobierno. La función fue, en todo caso, y a través de sus diferentes denominaciones, la misma: la confección de fichas de antecedentes políticos que eran utilizadas en los consejos de guerra, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, los Tribunales de Depuración de Funcionarios y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo contra todos aquellos que formaban parte de partidos o sindicatos ilegalizados tras la guerra (parte de los materiales incautados, al carecer de valor para dicha finalidad, fueron destruidos, y aquellos que la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos identificó como propiedad de personas partidarias del Régimen fueron devueltos a éstas). Posteriormente, la Ley de 9 de febrero de 1939, de Responsabilidades Políticas, dispuso en su artículo 3 que «los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser propiedad del Estado. Quedan confirmadas las incautaciones llevadas a cabo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto número ciento ocho antes citado y en sus disposiciones complementarias y concordantes».

En 1977, en el momento del inicio de la etapa democrática, todos los materiales dependían de los Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno, organismo que, de un modo u otro, había ido asumiendo las competencias informativas sobre antecedentes político-sociales o masónicos y, asimismo, había recogido en su seno, por decreto de 21 de enero de 1971, el archivo de una de las instituciones represivas al servicio de la cual habían venido trabajando estos servicios y sus organismos precedentes de forma más significativa: el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, desaparecido en 1963. En el citado momento de la integración, la Sección de Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno, además de contar con los documentos producidos o acumulados por ella misma y sus organismos precedentes, a saber, Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), Delegación de Servicios Especiales, Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos y delegaciones territoriales de esta última, era consignataria del fondo documental producido por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Tras la muerte de Franco, los Servicios Documentales de la dictadura se suprimieron por el Real Decreto 276/1977, de 28 de octubre,[3] con el que se procedió a la creación del Archivo General de la Guerra Civil Española, con el carácter de archivo de titularidad estatal, tomando como núcleo documental el existente en la citada Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional.

En 2005 el gobierno tomó la decisión de restituir a la Generalitat de Cataluña los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española. En la disposición adicional segunda de la Ley 21/2005,[4] se estableció que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la citada ley, se crearía y pondría en funcionamiento, con el carácter de titularidad y gestión estatal, un Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca.

En cumplimiento de dicha disposición, la Ley de la Memoria Histórica, el Archivo se integrará en el Centro Documental de la Memoria Histórica, creado en junio de 2007.[5]

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