Anexo:Órdenes, condecoraciones y medallas de España

Antecedentes

Las primeras condecoraciones

Desde la más remota antigüedad se sintió la necesidad de honrar y premiar a las personas destacadas por su valor o por sus servicios. Ya en Egipto los faraones entregaban collares de oro de los que pendían figuras de leones o de moscas a los más bravos guerreros y también regalaban hachas de guerra con signos o inscripciones alusivas. Roma tuvo gran número de condecoraciones consistentes en adornos sobrepuestos al casco, la coraza a los arreos del caballo, brazaletes de oro o de plata, cadenas, alfileres y coronas.

Las Órdenes Militares

Dando un salto de gigante en el tiempo nos encontramos, aquí en España, con una serie de antiguas Órdenes Militares cuya misión era luchar contra el invasor musulmán. También se ingresaba en ellas como premio a hechos de armas y, finalmente, en su decadencia, como prerrogativas a distinciones meramente honoríficas. Las relacionaremos simplemente, pues, aunque tienen distintivos propios, no consideraremos que entren de lleno en el tema que estamos tratando, por encontrarse extinguidas hoy día, salvo la excepción de aquellas que la Santa Sede le sigue atribuyendo personalidad jurídica como son la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén y la Soberana Orden de Malta. Habiéndose incluido por sus características históricas propias exigen un detallado estudio monográfico:

Corona de Aragón

Corona de Castilla

Reino Latino de Jerusalén

Los Reyes Católicos incorporaron a la corona los Maestrazgos de las Órdenes Militares, hecho que el Papa Adriano VI aprobó posteriormente en 1523. Los reyes de la Casa de Austria concedieron títulos de nobleza y hábitos de las Órdenes a personajes destacados. Sólo han perdurado posteriormente las de Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa; en los últimos tiempos se reconocieron la Ínclita Orden de San Juan de Jerusalén, o de Malta, la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y, finalmente, la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced (en virtud del Real Decreto de 6 de febrero de 1928).