Advertencia Miranda

En el marco de las ordenanzas de los servicios de policía de los Estados Unidos, la advertencia Miranda (en inglés Miranda warning o Miranda ruling), también llamada derechos Miranda (Miranda rights), es una advertencia que debe darse a un imputado que se encuentra en custodia de la policía. Antes de que le hagan preguntas relativas a la comisión del acto ilícito la policía puede requerir información biográfica como el nombre, fecha de nacimiento y la dirección del domicilio del sospechoso. Las confesiones no constituirán una prueba admisible en un juicio a menos que el imputado haya tenido conocimiento y haya ratificado su entendimiento de su Advertencia Miranda.[1]

La advertencia Miranda fue ordenada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en una decisión de 1966 respecto del caso Miranda contra Arizona como medio de protección para un imputado de evadir la auto incriminación, prohibida por la Quinta Enmienda (derecho al silencio). Desde su creación por la Corte Warren, la Corte Suprema ha indicado que la advertencia Miranda ha impuesto una prevención de seguridad en vez de la protección que exige el privilegio de la Quinta Enmienda.

Miranda Contra Arizona

En 1963, Ernesto Arturo Miranda fue detenido por secuestro y violación, lo cual confesó sin ninguna advertencia de su derecho constitucional a guardar silencio, o su derecho de tener un abogado presente. En el juicio, el fiscal ofreció sólo su confesión como prueba y Miranda fue condenado.

La Corte Suprema resolvió (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 1966) que Miranda había sido intimidado durante su interrogatorio y que no había entendido su derecho a no incriminarse ni su derecho a ser asistido por un abogado. Sobre esas bases, la Corte revocó el fallo anterior. Miranda fue luego condenado en otro juicio, con testigos que declararon en su contra y otras pruebas presentadas. Cumplió 11 años de condena.

Irónicamente, cuando años después Miranda fue asesinado en una pelea de cuchillos, a su homicida se le leyeron los derechos Miranda, los cuales invocó para no tener que declarar.

En 2000, el uso de los derechos Miranda volvió a surgir ante la Corte Suprema ( Dickerson contra Estados Unidos, 530 U.S. 428 2000). El tribunal reafirmó el rol del precedente anterior.

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