Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones

Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fueron empresas (conformadas por capitales privados, estatales o mixtos), dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores que optaran por ser incluidos en el régimen de [2] de reforma previsional del año 1993, en Argentina, promulgada durante el gobierno de Carlos Menem.

La AFJP percibía una comisión, deducida del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba la inversión del capital acumulado. Su funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.

Durante el año 2007, la administración del gobierno nacional ejecutó varias medidas orientadas en aumentar la cantidad de afiliados en el régimen de reparto (contabilizados en 1,4 millones para finales de 2006, un 19% del total),[2]​ A comienzos de 2008 se reforzaron este tipo de medidas con la vigencia del decreto 313/2007 [3], el cual introducía la asignación automática al sistema de reparto a todo nuevo trabajador que no optase expresamente por el de capitalización.

En noviembre de 2008, la presidente Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar tanto el sistema de capitalización como las AFJP, unificando los regímenes existentes[ cita requerida]. Debido a la naturaleza de cada uno el Estado era quien pagaba la mayor parte de las jubilaciones y pensiones vigentes a la fecha (las AFJP sólo financiaban el 40% del total y el restante era financiado por el Estado).

Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto fue encaminado para sanción en el [4], que dio fin a las AFJP, traspasando al Estado los activos que administraban.

Antecedentes

Disposiciones constitucionales

El sistema de seguridad social de Argentina encuentra su regulación básica en el tercer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde se establece que: «El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.»[3]

Sistema previsional argentino

En 1973 se fijó el haber ordinario en el 70% del cargo ocupado al cese de actividad, se incorporó un millón de nuevos jubilados y se eliminaron las Contribuciones Patronales. La dictadura militar que tomó el gobierno en 1976 llevó adelante una desartición ade los sindicatos como interlocutor social del sistema deprevisión y salud (Rulli, 2008). En este marco, en 1980 logró impulsar una reforma profundamente regresiva sobre el sistema previsional, que buscó sostener su financiamiento en base a los recursos de las capas medias y bajas. Esta transferencia de recursos se concretó a través de la eliminación, en 1980, de las contribuciones patronales y su reemplazo por recursos públicos recaudados a través de la ampliación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), socializando los costos del sistema previsional (Arza, 2009). Al consolidar las desigualdades intra e intergeneracionales, esta reforma fue un intento de disolver el principio de justicia distributiva sobre el que todavía se sostenía, desde el peronismo.[5]

El presidente Raúl Alfonsín decretó el «Estado de Emergencia del Sistema Previsional».
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