Acta de Independencia del Imperio Mexicano

El Acta de Independencia del Imperio Mexicano es el documento mediante el cual el Imperio Mexicano declaró su independencia del Imperio español. El documento fundador del Estado Mexicano fue redactado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 24 de septiembre de 1821 por Juan José Espinosa de los Monteros, secretario de la Suprema Junta Provisional Gubernativa.

Se redactaron dos ejemplares originales del acta. Un ejemplar permaneció en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados hasta que fue destruida en el incendio de la Cámara en 1909. La otra copia, fue robada y vendida en 1830. Esta copia fue recuperada por Maximiliano de Habsburgo y tras el fusilamiento de éste, fue sacada del país por Austín Fischer, confesor del emperador.

Tiempo después, el anticuario español Gabriel Sánchez vendió el acta al historiador Joaquín García Icazbalceta, quien la conservó y posteriormente heredó a su hijo Luis García Pimentel, quien la vendió a Florencio Gavito. Gavito estipuló en su testamento que al morir se entregara el Acta al presidente Adolfo López Mateos. El 14 de noviembre del mismo año (1961) se entregó el resultado de dos dictámenes mediante los cuales se comprobó que el Acta es una de las dos originales suscritas en 1821 y el 21 de noviembre, Florencio Gavito Jáuregui, hijo del fallecido Gavito, entregó de mano propia el Acta al Presidente de la República.

El documento de 52.9 por 71.8 centímetros, se conserva actualmente en el Archivo General de la Nación.

Antecedentes

El 27 de septiembre de 1821, once años y once días después del Grito de Dolores, el Ejército Trigarante encabezado por Agustín de Iturbide entró a la Ciudad de México, concluyendo con eso la guerra de Independencia de México.[4]

El 13 de octubre del mismo año, el primer Jefe Político de la Ciudad de México, Ramón Gutiérrez del Mazo, mandó publicar por primera vez el bando con el Acta de Independencia para que toda la población se enterara del gran suceso, en especial los Tribunales, Jefes, Gobernadores y demás autoridades civiles y militares, para que a su vez los hicieran publicar y circular por toda la nación.[5]

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