Aborto inducido

Aborto inducido
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CIE-1004
CIE-9779.6
DiseasesDB4153
MedlinePlus002912
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El aborto inducido (aborto: del latín abortus o aborsus, a su vez de aborior, ‘contrario a orior’, ‘contrario a nacer’) o interrupción voluntaria del embarazo (IVE)[2]​ con o sin asistencia médica y en cualquier circunstancia social o legal. Se distingue del aborto espontáneo, ya que éste se presenta de manera natural o es provocado por algún accidente.

La interrupción voluntaria del embarazo ha sido una práctica habitual desde hace milenios.[4]​ En el debate sobre el aborto existen controversias de muy distinto carácter: científicas, sanitarias, socioeconómicas, éticas y religiosas que, en parte, se recogen en los distintos ordenamientos jurídicos sobre el aborto en cada país, donde la práctica del aborto inducido puede considerarse un derecho o bien un delito.

Estadísticas de abortos inducidos

En un estudio publicado en 2007, se estima que en el mundo se realizan entre 42 y 46 millones de abortos anuales (entre el 20 y el 22 % de los 210 millones de embarazos que se producen en el mundo al año).[6]

Respecto a los abortos inseguros, habría habido en el año 2008 unos 21,6 millones a nivel mundial, según un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2011.[10]

Se estima que el aborto inseguro constituye la tercera entre las causas directas (13 %), después de las hemorragias (25 %) y las infecciones (15 %) de las 536 000 muertes maternas que se producen cada año en el mundo,[12]

En América Latina y en el Caribe, de los 18 millones de embarazos que se producen cada año, 52 % no son planeados y el 21 % de ellos terminan en un aborto. Según algunos estudios, en América Latina se practicarían anualmente unos 3,7 millones de abortos inseguros. El riesgo de muerte a causa del aborto inseguro en los países en desarrollo es de 370 por cada 100 000 casos. El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es 68 000, lo que equivale al 13 % de la mortalidad materna. En América Latina, el aborto inseguro es responsable del 17 % de las muertes maternas.[16]

En un perfil demográfico hecho en Cuba se menciona que se contabilizaba un promedio de 4.7 hijos por cada madre en los años sesenta, y un promedio de 1.5 hijos en 1992. Esto es debido, entre otros factores, a los anticonceptivos y los abortos inducidos. Se dice que el aborto inducido redujo el 60 % de las muertes maternas, entre años de 1970 al 1990.[17]

Sin embargo existe controversia sobre las estadísticas acerca la cantidad de abortos inducidos y, sobretodo, sobre la mortalidad materna en relación a la interrupción voluntaria de embarazos, particularmente en aquellos países donde es ilegal, en primer lugar por la dificultad que supone mantener el registro y seguimiento de actividades realizadas en la clandestinidad. y en segundo por las acusaciones de manipulación de estadísticas, siendo los casos mas prominentes los del ex-ministro de salud y ex-embajador en Chile de la República Argentina, Ginés Mario González García y los de Anmistía Internacional, ambos claramente a favor de la despenalización de las prácticas abortivas, quienes han sido acusados de realizar estadísticas con números notablemente elevados, siendo que Ginés García admitió haber aumentado las cifras oficiales al ejercer como ministro de salud y que la organización no gubernamental fue sospechada en Irlanda por lobby y tráfico de influencias en relación a la financiación de la misma y de movimientos pro-abortistas por parte de la Open Society Foundation y del multimillonario húngaro-estadounidense George Soros, siendo acusada y penada por recibir donaciones para la campaña My Body My Rights de cara al referéndum que se celebrará en mayo de 2018 sobre la posible derogación de la octava enmienda de la constitución irlandesa, siendo que la ley irlandesa prohíbe las donaciones de ciudadanos extranjeros a grupos que realizan campañas en elecciones o referendos.[20]

Existen distintas maneras de estimar la cantidad de abortos clandestinos, una es a partir de la cantidad de mujeres que son internadas en los hospitales públicos a raíz de complicaciones médicas derivadas de un aborto, que después se multiplica para estimar la cantidad de abortos totales. También el número de abortos clandestinos con el llamado “método residual”. En este caso se compara la diferencia entre la cantidad de bebés que nacería al tener en cuenta el uso de anticonceptivos en la sociedad, las costumbres sociales -como la edad de inicio de las relaciones sexuales de las mujeres- y el tiempo de infertilidad antes y después del embarazo, y los bebés que efectivamente nacen.

Siendo que en el debate sobre las prácticas de aborto inducido existen dos posturas muy claras ambas tratan de ampararse en las estadísticas; generalmente, presentando estadísticas muy distintas,centrándose en la incidencia de la legalidad o clandestinidad del aborto inducido sobre la mortalidad materna y sobre la práctica absoluta de abortos inducidos. Por ejemplo, en la República Argentina las cifras anuales de de abortos clandestinos varia considerablemente según la fuente. La ONG Anmistía Internacional realizó en dicho país en el año 2005 un informe a cargo de las demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario, investigadora en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y en el Centro de Estudios de Población (CENEP) a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, entonces a cargo del posteriormente embajador Ginés González García, que llegó a una estimación de entre 450.000 y 550.000 abortos anuales practicados en el país, sin embargo, el informe señala que “los dos métodos descriptos para la estimación del aborto inducido no arriban a datos exactos pero ofrecen órdenes de magnitud para informar el debate sobre la práctica del aborto”.[22]

Ambas posturas suelen vincular las distintas cifras con la mortalidad materna para concluir que la legalización o la penalización de prácticas abortivas tendería a reducir la tasa de mortalidad. En general, los grupos pro-aborto suelen argumentar que la penalización de las prácticas abortivas supone la clandestinización de estas y un aumento en la mortalidad materna, en tanto los grupos autodenominados "pro-vida" suelen decir que la legalización del aborto lo único que provoca es el aumento de prácticas abortivas. En la Argentina, país donde el aborto está permitido solo en ocasiones específicas, Marianne Mollmann, representante de Human Rights Watch, invitada a la audiencia del 30 de noviembre de 2010 de las Comisiones de Legislación Penal, Familia y Salud de la Cámara de Diputados, centró su exposición en el informe elaborado por HRW sobre el aborto en Argentina, que presupone que el denominado aborto ilegal tiene una decisiva incidencia en las muertes maternas, afirmando que "en el 2008 más del 20% de las muestras registradas por emergencias obstetricias fueron por causa de abortos (…), la ilegalidad del aborto es la principal causa de muerte de las mujeres en el país".[23]

En la Argentina, en vísperas del debate en el Congreso sobre la posible despenalización del aborto en 2018, el ministro de salud Adolfo Rubinstein sostuvo que "el aborto clandestino es un grave problema de salud pública" sin embargo, las cifras oficiales del gobierno argentino arrojaron un máximo de 245 muertes maternas anuales basados en la definición dada por la Organización Mundial de la Salud del total de las defunciones femeninas, de las cuales 43 muertes maternas fueron provocadas por abortos sin diferenciar entre provocados y espontáneos, representando el 17.55% de las muertes maternas y el 0,025 % del total de defunciones femeninas en el país sudamericano. Cabe destacar que cada año, el Ministerio de Salud da a conocer las estadísticas vitales del país, es decir, los nacimientos y defunciones que se producen en todo el territorio, la tasa de mortalidad infantil, la de mortalidad materna, las causas de fallecimientos, entre otros, desglosando los datos por género, franjas de edad, provincias, etcétera. [25]

Sin embargo, de acuerdo con los informes sobre mortalidad materna realizados por la Organización Mundial de la Salud, Unicef, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, los países mas inflexibles con las prácticas abortivas son aquellos que presentan los índices de mortalidad materna mas bajos al ser comparados con otros países, particularmente con sus vecinos que siguen políticas opuestas. Irlanda, país que prohíbe el aborto en la totalidad de sus formas, ha tenido el menor índice de mortalidad materna durante muchísimos años, ocupando Polonia el primer puesto en la actualidad de los 172 países sobre los que se dan estimaciones, donde el aborto está solo permitido en casos particulares. El informe conjunto "Tendencias en mortalidad materna 1990- 2008" , muestra la disminución del índice de defunciones materna de 6 muertes en 1990, a 3 en 2008 (por 100.000 nacidos vivos). La revista científica británica "The Lancet" publicó en agosto de 2010 que "la evidencia científica muestra que la legalización del aborto no está asociada a la reducción de la mortalidad materna. En las bases de los datos provistos por Hogan y colegas, países como El Salvador, Chile, Polonia y Nicaragua, los cuales prohibieron el aborto luego de haberlo permitido previamente, no han visto incrementada su mortalidad materna. En realidad, la misma se ha reducido. Sudáfrica ha visto incrementarse la mortalidad materna después de la legalización del aborto (…). Puede concluirse con certeza que la causa real de la reducción de la mortalidad materna es la implementación de mejores condiciones en el cuidado de la salud". Siguiendo la misma premisa el médico y epidemiólogo chileno Elard Koch, director del Instituto de Epidemiología Molecular (MELISA) afirma que "Los cambios legislativos no tienen ningún efecto en la tasa de mortalidad materna desde el punto de vista de la evidencia científica" y sobre el caso de Chile ha dicho que "los factores que habían influido (en reducir la mortalidad materna) eran: cuánto había aumentado la educación de las mujeres, el acceso a la atención obstétrica de emergencia, el acceso al control prenatal temprano, el acceso a la atención profesional del parto por equipo obstétrico calificado, el acceso al agua potable y al alcantarillado porque disminuye las infecciones y el riesgo de infecciones puerperales y otras variables, como la disminución de la desnutrición; básicamente, éstas son las políticas públicas que mostraron un efecto claro en la reducción de la mortalidad materna".[27]

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